Todavía está a tiempo de reflexionar, contener a sus operadores y reenfocar su gestión en la reconstrucción democrática. Bolivia requiere estadistas, no administradores de coyuntura electoral.
Brújula Digital|25|02|26|
Cecilia Solis
Con encuestas en mínimos y una estructura partidaria sin arraigo nacional, el Presidente arriesga su legitimidad en una contienda innecesaria, debilitando la transición democrática y confirmando que prefirió lanzarse en una aventura electoral antes que la unidad del país.
La decisión de Rodrigo Paz de lanzar a su agrupación Patria a la contienda por alcaldías y gobernaciones en el actual contexto político constituye un error estratégico que puede tener consecuencias profundas, no solo para su liderazgo, sino para la estabilidad democrática del país.
Bolivia atraviesa todavía las secuelas de un largo período de concentración de poder y debilitamiento institucional, proveniente de dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo. Superar ese ciclo no implica únicamente ganar una elección nacional; exige reconstruir la institucionalidad, restablecer la confianza pública y garantizar reglas de juego democráticas sólidas.
En ese escenario, el Presidente debía colocarse por encima de la competencia subnacional y convocar a un gran acuerdo nacional de transición democrática. Su rol histórico era el de articulador de las fuerzas democráticas, no el de jefe de campaña regional. Lanzarse a disputar espacios locales transmite una señal equivocada: prioriza la expansión partidaria antes que la consolidación del proceso de reconstrucción institucional.
A ello se suma un dato político relevante: las encuestas nacionales muestran un respaldo muy bajo hacia su liderazgo y hacia su naciente estructura partidaria. En política, cuando el margen de legitimidad es estrecho, la prudencia estratégica es clave. Someter a prueba una estructura incipiente en un escenario adverso puede terminar exponiendo su debilidad organizativa y erosionando aún más la autoridad presidencial.
Los resultados subnacionales que se avecinan pueden ser interpretados, justa o injustamente, como un plebiscito sobre su gestión. Y aunque convertir elecciones locales en referendos anticipados sobre el Presidente no es saludable para la estabilidad del país, esa lectura política será inevitable. Un resultado adverso no solo afectaría a su partido, sino que impactaría directamente en la percepción de legitimidad del primer mandatario, debilitando su capacidad de conducción en un momento crítico.
Además, esta decisión alimenta narrativas que ponen en duda el origen y la consistencia del respaldo que lo llevó al poder. Se fortalece la idea de que esos votos respondían más al liderazgo de Edmand Lara que al suyo propio o, peor aún, que podrían haber sido el producto de entendimientos poco transparentes con el viejo régimen masista. En política, cuando no se despejan las dudas, estas crecen.
Desde la perspectiva de Sumate, la posición ha sido clara: ejercer una oposición constructiva en el Parlamento, respaldando las iniciativas que favorezcan la gobernabilidad, sin renunciar al rol fiscalizador ni a la propuesta legislativa orientada a reconstruir la institucionalidad. Bajo el liderazgo de Manfred Reyes Villa se ha entendido que 20 años de deterioro institucional no se revierten de la noche a la mañana, pero sí requieren responsabilidad, coherencia y visión de Estado.
Por eso, el debilitamiento del Presidente no puede ser motivo de regocijo para quienes creen genuinamente en la democracia. Sin embargo, más allá de las consecuencias estructurales, la responsabilidad política recae en quien tomó la decisión. Haber convertido las subnacionales en un escenario de medición anticipada de fuerzas es, en definitiva, un error político de Paz Pereira.
El país necesita un Presidente que ejerza liderazgo integrador, que convoque a un acuerdo nacional para cerrar definitivamente el ciclo del masismo y que se coloque por encima de la contienda facciosa. Todavía está a tiempo de reflexionar, contener a sus operadores y reenfocar su gestión en la reconstrucción democrática. Bolivia requiere estadistas, no administradores de coyuntura electoral.
Cecilia Solis Salinas es diputada de APB-Sumate.
