La muerte de "El Mencho" en México no frenará el narcotráfico, sino que podría aumentar la violencia por disputas internas. Ante el fracaso de la guerra contra las drogas, la legalización surge como alternativa: reduciría las rentas del crimen organizado y debilitaría su financiamiento.
Brújula Digital|24|02|26|
Raúl Peñaranda U.
La muerte de Nemesio Rubén Oseguera, "El Mencho", ocurrida el pasado domingo en México, lamentablemente no reducirá un ápice el tráfico de drogas. El especialista David Saucedo, entrevistado por el diario El Universal de México, dijo que debido a que “El Mencho” no dejó sucesor, se teme que su asesinato aumente la violencia entre las facciones del cártel Jalisco Nueva Generación; explicó que es posible que este se divida en varios grupos de crimen organizado.
Cada vez que ha muerto o ha sido extraditado un jefe narco en México no se ha reducido la exportación de drogas, las cantidades se han mantenido estables; lo que aumenta es la violencia.
De hecho, México exporta hoy cantidades equiparables de droga de las que exportaba en 2007, cuando el expresidente de ese país inició una guerra militar contra los cárteles. Y si la exportación no bajó, lo que sí aumentó, con una tendencia que se mantiene hasta ahora, es la muerte de unas 30.000 personas por año. Gracias a Calderón un estadio Hernando Siles de La Paz lleno de muertos se produce anualmente. Y él, tan campante.
No solo en México. La investigadora ecuatoriana Sofía Cordero le dijo a este periodista que cada vez que atrapan o matan a un “objetivo de alto valor” en ese país, se genera más violencia. Contó el caso de Adolfo Macías, “Fito”, exlíder de Los Choneros, rama del cártel de Sinaloa en Ecuador. Después de ser extraditado se produjo una guerra interna por el control de la organización, con 500 asesinados en las cárceles de Ecuador. Y por supuesto que la exportación de drogas ni la extorsión se han reducido.
La opción de la legalización
La discusión de cómo enfrentar este tema es de larga data. Empezó en los años 70 cuando quedó claro que la guerra contra las drogas lograba todo menos reducir el tráfico.
Poco después, en 1993, Gabriel García Márquez promovió un manifiesto a favor de la legalización de las drogas como mecanismo de ayudar a resolver el problema y que fue suscrito por dos docenas de intelectuales y artistas de alto prestigio, como Carlos Monsivais, Fernando Savater, Rosa Montero, Terenci Moix y Joan Manuel Serrat.
En 2011, personas de la talla y la seriedad de los expresidente Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, firmaron otro pronunciamiento a favor de legalización. Lo que no pudieron hacer cuando eran jefes de Estado trataron de hacerlo una vez concluidos sus mandatos. Explicaron que se habían sentido maniatados por los compromiso y presiones internacionales cuando estaban en el poder. Pero que no podían seguir manteniendo silencio.
Al pronunciamiento de los tres expresidentes se sumaron personalidades de la talla del escritor Mario Vargas Llosa, la dirigenta socialista suiza Ruth Dreyfuss, el diplomático español Javier Solana, el escritor Carlos Fuentes, el ex Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan y el ex Secretario de Estado de Estados Unidos, George Schultz. Estaba todo el abanico político e ideológico representado. Es que sobre las ideologías está la realidad. El pronunciamiento pedía que los líderes de los países actuaran “con realismo y valentía”. Se podría haber aumentado a la lista de firmantes Gonzalo Sánchez de Lozada, que antes de ser presidente apoyaba la legalización. Tal vez otro hubiera sido su sino si mantenía más cautela en el tema en vez de entregarse a las fauces prohibicionistas de Carlos Sánchez Berzaín.
Premisa
El argumento central a favor de la legalización es que la prohibición ha fracasado como estrategia para reducir el consumo y la violencia y ha producido daños colaterales mayores al que el mercado regulado podría generar.
La premisa es que la prohibición convierte a las drogas en bienes de alto riesgo jurídico, lo que eleva artificialmente los precios y produce rentas monopólicas muy altas para organizaciones criminales.
La lógica es clara: a mayor riesgo penal, mayor margen adicional por riesgo y, con ello, mayor margen de ganancia. Legalizar y regular reduce ese margen adicional, baja los precios y baja el incentivo financiero del narcotráfico.
Históricamente se usa la analogía con la prohibición del alcohol en Estados Unidos (1920-1933), donde el crimen organizado se fortaleció mientras el alcohol fue ilegal. Pero el consumo de alcohol no se redujo, aunque sí bajó su calidad, incluso poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Otro argumento central es el llamado “efecto globo”: la represión en un territorio desplaza la producción y tráfico a otro sin reducir la oferta global. Hubo éxitos en Colombia en los años 90, pero ello motivó a que el problema se trasladara a México. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado cómo la producción se reubica cuando aumenta la presión en determinados países.
Paralelamente, las organizaciones criminales suelen ser diversificadas: combinan drogas, trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión. Europol ha descrito estas redes como policriminales en su informe SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment).
La tesis es que si el narcotráfico representa una porción sustancial de sus ingresos, reducir esa fuente puede disminuir su capacidad de corrupción, su compra de armamento y su expansión hacia otros delitos. No implica obviamente que desaparezcan, pero sí que se debilite su músculo financiero.
Asunto económico, no penal
Por todo ello, la producción debe considerarse como un asunto económico, no policial, y el consumo debe abordarse como fenómeno sanitario, no penal. El caso de Portugal, que descriminalizó el consumo en 2001, es frecuentemente citado: la medida estuvo acompañada de tratamiento, prevención y reducción de daños, con descensos en indicadores de mortalidad y VIH.
La data disponible parece demostrar que la hipótesis de Portugal se sustenta: en los países en los que se ha legalizado el consumo de marihuana, se ha reducido la violencia y, también algo importante, menos jóvenes llegan a las cárceles. La legalización, además, dicen esos estudios, no ha aumentado el consumo.
Otras investigaciones sobre la legalización d la marihuana en estados de Estados Unidos muestran que dicha reforma no se ha traducido en incrementos de crímenes asociados; de hecho, en algunos casos se ha verificado reducciones en ciertos delitos contra la propiedad y agresiones sexuales. Este tipo de evidencia sugiere que, en contextos específicos y bajo un diseño regulatorio cuidadoso, la legalización de determinados mercados puede tener efectos positivos sobre la seguridad pública.
Recordar el pasado de Bolivia
El argumento central no es moral o, a la inversa, cínico. Es estructural: mientras exista demanda, la prohibición creará un mercado negro extremadamente rentable que financia violencia y corrupción. Regularlo podría reducir esos incentivos y permitir al Estado recuperar el control.
En el caso de México, su presidenta, Claudia Sheinbaum, ordenó la detención y muerte de “El Mencho” bajo presión de EEUU. México ha sufrido amargos días de violencia, pero no se atenuará el tema principal, el negocio de la droga. Más bien es posible que empeore.
Bolivia ha vivido una situación similar: en los años 1990 y 2000, la presión de EEUU hizo que los gobiernos procuraran avanzar hacia la “coca cero”; ese objetivo no se cumplió ni tampoco se redujo la exportación de droga, pero los operativos generaron violencia y muerte y, de paso, alentaron el liderazgo de Evo Morales y el MAS, que estuvieron 20 años en el poder. Esperemos que los políticos hayan aprendido esa lección ahora que EEUU vuelve a tener influencia en los alrededores de la plaza Murillo.
Raúl Peñaranda es periodista, director de Brújula Digital.
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