Asambleístas de distintas fuerzas políticas cuestionaron la contratación de un servicio de monitoreo digital y anunciaron fiscalización. No obstante, el Ejecutivo dice que se anuló la licitación.
Brújula Digital|24|02|26|
El gobierno lanzó una licitación pública para contratar un servicio de monitoreo de redes sociales por 696.000 bolivianos. Aunque este proyecto fue retirado, según la vocera presidencia Karla Faval, legisladores advirtieron posibles riesgos para la libertad de expresión en caso de aplicarse.
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rudy Pantaleón sostuvo que este tipo de herramientas deben analizarse con cautela y transparencia. “Entiendo que la intención pasa por saber si la gestión está cumpliendo y si el pueblo está de acuerdo. Las redes sociales juegan un rol muy importante y creo que va por ahí, no para coartar el derecho de los ciudadanos de poder expresar su conformidad o molestia”. Pantaleón adelantó que el tema será revisado en el legislativo. “Seguro vamos a hacer un análisis y la asamblea verificará si los costos están de acuerdo a la realidad económica del país”.
Desde Unidad, la senadora Soledad Chapetón advirtió que cualquier intento de control a redes sociales debe ser rechazado. “Si es para controlar las redes sociales es algo que se debe rechazar de manera contundente”. No obstante, señaló que “se debe aclarar para qué se hace esta convocatoria”. Por su parte, el diputado de Libre Armin Lluta manifestó su preocupación por un eventual uso político del monitoreo. “Debe valer y respetarse la libertad de expresión. Si va a ser para acallar o perseguir a quienes opinamos diferente, creo que ese es un retroceso”. Lluta recordó antecedentes de persecución en anteriores gestiones y pidió garantías democráticas. “Estamos en un Estado democrático que debe respetar los derechos de los ciudadanos”.
En la misma línea, la diputada de Alianza Popular Claudia Herbas alertó sobre el alcance del seguimiento digital. “Estamos ante el peligro de la libertad de expresión porque no puede ser que se empiecen a monitorear las redes sociales de más de medio millón de bolivianos”. Además, anunció acciones de fiscalización. “Vamos a activar una petición de informe para saber qué empresa, qué tecnología y cómo será la metodología de este seguimiento porque estamos hablando de datos y su resguardo es importante”.
Marcha atrás
La vocera presidencial Karla Faval señaló que existe confusión en torno a los decretos y decisiones administrativas. “Estamos acostumbrados a la especulación. Como gobierno simplemente estamos dando lineamientos para que empiecen a funcionar todos los desarrollos que nos dejaron desordenados”, dijo y ratificó que "el Ministerio de la Presidencia retiró la licitación; ya no está”.
En un comunicado oficial, esa cartera de Estado aseguró que el objetivo no era controlar redes sociales. “No se trata de controlar redes sociales, sino de evaluar si la comunicación pública cumple su función: informar con claridad, transparencia y oportunidad a la ciudadanía”.
El documento añade que el proceso quedó sin efecto debido a una reestructuración administrativa establecida en el Decreto Supremo 5550, que transfirió la Dirección de Comunicación Estratégica a la Presidencia del Estado. “En virtud de la nueva estructura organizativa del Ejecutivo, el proceso de contratación mencionado ya no se encuentra vigente”. No obstante, hasta la mañana del martes, el proceso permanecía visible en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), con el CUCE 26-0025-00-1632531-1-1.
En su justificación, el gobierno defendió el uso de herramientas tecnológicas para medir el impacto de la comunicación institucional. “Renunciar a estos instrumentos implicaría debilitar la capacidad del Estado para responder con eficacia. Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión moderna, basada en evidencia, orientada a resultados y centrada en las necesidades de la población”.
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