Una amplia mayoría de los participantes en el sondeo de Brújula Digital respalda la decisión del gobierno de reducir las atribuciones y el presupuesto de la Vicepresidencia del Estado.
Brújula Digital|23|02|26|
Una amplia mayoría de los participantes en el sondeo de opinión realizado por Brújula Digital a través de sus redes sociales respalda la decisión del gobierno de reducir las atribuciones y el presupuesto de la Vicepresidencia del Estado.
Ante la pregunta: “¿Está de acuerdo con la decisión del gobierno de quitar responsabilidades a la vicepresidencia?”, en Facebook el 85 % respondió que sí, frente a un 15 % que expresó su desacuerdo. En X, el 86 % apoyó la medida y el 14 % se manifestó en contra.
La consulta se realizó luego de que el gobierno aprobara el Decreto Supremo 5552, que establece una reingeniería integral de la vicepresidencia. La norma elimina su estructura administrativa autónoma y dispone que su funcionamiento pase a depender del Ministerio de la Presidencia. Entre otros puntos, se dispone que la vicepresidencia ya no contará con independencia administrativa ni presupuestaria, y que su personal dependerá jerárquicamente del Ministerio de la Presidencia. Además, se eliminan sus representaciones regionales y sectoriales.
En adelante, la vicepresidencia mantendrá autonomía únicamente en su rol de presidencia de la Asamblea Legislativa, a través de la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo. Su ámbito de acción quedará restringido al Legislativo, dejando de tener peso propio en el área ejecutiva-administrativa.
El presupuesto aprobado para esta gestión será transferido a los ministerios de la Presidencia, Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y Agua, y Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Asimismo, activos, pasivos, contratos y procesos judiciales pasarán a esas carteras de Estado, mientras que los procesos en curso serán asumidos por el Ministerio de la Presidencia.
Aunque el decreto no elimina la Vicepresidencia –lo que requeriría una reforma constitucional–, sí la reduce a un rol estrictamente legislativo, desmantelando su estructura administrativa y redistribuyendo sus competencias.
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