Jaime Soliz afirma que el Decreto Supremo 5552 no vulnera la CPE, porque solo elimina duplicidades administrativas y mantiene intactas las atribuciones legislativas del vicepresidente.
Brújula Digital|23|02|26|
El Decreto Supremo 5552, que reestructura la vicepresidencia y elimina su estructura administrativa autónoma, es plenamente constitucional y no afecta las atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, aseguró Jaime Soliz, exdirector de esa instancia.
Soliz, que ejerció el cargo por un corto periodo, afirmó que la norma se enmarca en lo dispuesto por la CPE y responde a la necesidad de corregir una “dualidad de funciones” que, a su juicio, generaba distorsiones dentro del Órgano Ejecutivo. “Este no es un decreto inconstitucional. La Constitución establece que el vicepresidente está para apoyar la gestión del presidente en todo tipo de materia pública, y eso se refiere a su injerencia dentro del Ejecutivo”, sostuvo.
Fin a una “estructura paralela”
Mediante esta norma, el gobierno eliminó la autonomía administrativa de la vicepresidencia y dispuso que su funcionamiento dependa del Ministerio de la Presidencia. La norma redistribuye presupuesto, personal, activos y procesos en curso hacia distintas carteras de Estado.
Soliz explicó que la estructura que funcionaba hasta ahora –y que estaba encabezada por el vicepresidente Edmand Lara– se sostenía en un andamiaje creado en 2009 mediante el Decreto Supremo 4857, durante la gestión de Álvaro García Linera. “Ese decreto creó siete direcciones generales nacionales, una especie de ministerio paralelo: gabinete en materia exterior, legislativa, comunicación con organizaciones sociales. Eran siete grandes direcciones con alrededor de 130 personas y un presupuesto de hasta 20.000 dólares por día”, detalló.
Según el exdirector, esa estructura incluía una Secretaría General “poderosa”, dirección administrativa propia y unidades que, en la práctica, replicaban funciones de distintos ministerios. “Todo ese andamiaje estaba destinado a fortalecer el trabajo del gobierno nacional y del presidente. No se refería a las labores del vicepresidente como cabeza del legislativo, sino a su papel dentro del Ejecutivo”, puntualizó.
Sin recorte constitucional
El nuevo decreto no elimina la Vicepresidencia –lo que requeriría una reforma constitucional–, sino que limita su estructura ejecutiva y mantiene sus funciones legislativas, particularmente a través de la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo.
“Al vicepresidente no le tocaron en lo más mínimo sus atribuciones constitucionales. Sigue siendo presidente del legislativo. Eso no ha cambiado”, remarcó Soliz, y añadió que la vicepresidencia, como estructura orgánica queda reducida a una jefatura de gabinete, un director jurídico, un asesor, un jefe de unidad legislativa y un responsable de archivo, mientras que el resto de las unidades pasan a depender de los ministerios correspondientes.
Citó como ejemplo el caso de GeoBolivia, unidad de información geográfica que –según dijo– operaba bajo la vicepresidencia pese a que sus funciones correspondían al Ministerio de Planificación. “Había una dualidad de funciones. Lo que se hizo es reducir el aparato funcional del vicepresidente para que, dentro del Ejecutivo, coordine mejor. Si quiere funcionar, deberá hacerlo articuladamente con el Ejecutivo”, afirmó.
“No puede ser oposición interna”
Soliz fue crítico con la dinámica política que se generó entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Lara, quien ha cuestionado públicamente al gobierno. “Si se van a usar recursos del Estado para oponerse al propio gobierno, eso no tiene referencia en la historia del país. Jamás un vicepresidente fue opositor al presidente”, sostuvo.
Indicó que incluso en temas de política exterior se generaban señales contradictorias. “No puede ir el vicepresidente a la India a dar una respuesta fuera de la política del Estado. La política exterior es una sola”, dijo, en alusión a viajes y gestiones realizadas por Lara. A su criterio, se había configurado un sistema “antisistémico”, con un gabinete del presidente y otro del vicepresidente en contraposición, lo que –según señaló– afectaba el funcionamiento estatal. “El vicepresidente pensó que era un alfil suelto, cuando constitucionalmente está para apoyar al presidente y al Ejecutivo”, enfatizó.
Rol legislativo intacto
El decreto establece que la vicepresidencia conservará únicamente sus funciones vinculadas a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras que el resto de su estructura administrativa pasa a depender del Ministerio de la Presidencia.
Para Soliz, esto obliga a que el vicepresidente concentre su labor en el ámbito legislativo. “Ahora debe avocarse plenamente a su rol como presidente del Órgano Legislativo. Si el presidente está gobernando por decretos es porque el Legislativo no está acompañando con las reformas económicas que necesita el Estado”, afirmó.
En su lectura, la reforma no vulnera la Constitución, sino que corrige una estructura que había crecido más allá de lo que la norma fundamental prevé.
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