La directora ejecutiva de la institución, Ana Marietta Colanzi, informó que la entidad decidió ejecutar una auditoría a 78 proyectos debido a las irregularidades detectadas, según una nota de prensa
Brújula Digital|22|02|26|
Un análisis preliminar realizado por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque) identificó que varios proyectos forestales heredados de la gestión pasada registran menos del 10 % de ejecución física pese a haber recibido casi el 100 % de los recursos económicos desembolsados; ello evidencia una “incoherencia financiera” que será sometida a una auditoría técnica y legal.
La directora ejecutiva de la institución, Ana Marietta Colanzi, informó que la entidad decidió ejecutar una auditoría a 78 proyectos debido a las irregularidades detectadas, según una nota de prensa.
Fonabosque, creado 1996, promueve, administra y otorga recursos financieros para el manejo de bosques y la gestión integral de cuencas. Los municipios también pueden recibir fondos, pero se descubrió que varios de los que los pidieron no cumplían los requisitos legales y técnicos para ello.
Según el análisis preliminar de la entidad, las deficiencias identificadas comprometen la transparencia institucional. El punto más sensible es la brecha entre la ejecución física y el desembolso financiero, lo que, de acuerdo con la institución, requiere una investigación profunda para determinar responsabilidades. Los desembolsos se hicieron durante el gobierno anterior.
Además de las observaciones financieras, Fonabosque detectó irregularidades como haber generado estudios de preinversión fuera de las áreas de Tierras de Producción Forestal Permanente, que es el requisito principal para ello; también hubo supuesto uso de especies forestales no adecuadas para las ecorregiones correspondientes, debilidades persistentes en los perfiles técnicos y la falta de acreditación de derecho propietario en diversos casos.
Frente a este escenario, se dispuso un corte administrativo de 25 días sobre los 78 proyectos observados. La medida implica la suspensión de desembolsos de recursos públicos hacia las entidades ejecutoras, así como la paralización de ampliaciones, modificaciones o adendas a convenios hasta tener claridad sobre la situación.
BD/RPU
