Según el abogado, no se trata únicamente de los denominados casos emblemáticos como Senkata, Sacaba, gases lacrimógenos o respiradores, sino también de otros procesos que, afirmó, se remontan incluso a los gobiernos de Evo Morales, no al de Luis Arce.
Brújula Digital|13|02|26|
Las esperanzas de que los acusados por causas políticas pudieran ser liberados una vez que acabó el gobierno del MAS, se han desvanecido. Tras una etapa en la que los detenidos más conocidos, como la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obtuvieron su libertad, otras de decenas de acusados menos conocidos no han logrado la misma situación.
El abogado especialista en temas de acusaciones políticas, Gary Prado, afirmó que aún “superan el centenar” las personas que pueden ser consideradas perseguidos políticos por procesos iniciados durante los gobiernos del MAS y sostuvo que varios de esos casos permanecen abiertos sin avances sustantivos, lo que –según dijo– evidencia la persistencia de prácticas irregulares en el sistema judicial.
Consultado por Brújula Digital sobre cuántas personas siguen detenidas o en el exilio por causas vinculadas al anterior gobierno, Prado respondió que la cifra es superior a cien. “Superan el centenar considerando a los servidores públicos, funcionarios jerárquicos, exministros de Estado, altos mandos militares, policiales e inclusive algunos familiares”, precisó.
Prado ha defendido y ayudado a obtener su libertad a decenas de personas perseguidas por el MAS.
Según su versión, no se trata únicamente de los denominados casos emblemáticos como Senkata, Sacaba, gases lacrimógenos o respiradores, sino también de otros procesos que, afirmó, se remontan incluso a los gobiernos de Evo Morales, no al de Luis Arce.
A su juicio, en varios de estos expedientes “el aparato masista de corrupción –extorsiones, chantajes, detenciones, exilio– sigue operando, sin cerrar procesos”.
Prado señaló que muchos de estos casos permanecen en etapas preliminares o preparatorias sin llegar a una conclusión, lo que atribuyó a un “modus vivendi de fiscales, policías y jueces corruptos”. Indicó que informó sobre esta situación al Viceministro de Justicia, Yamil García, en días pasados.
El exministro sostuvo que la prolongación de estos procesos genera una carga emocional y económica enorme para los implicados, quienes, según afirmó, enfrentan causas que, en su criterio, fueron montadas con fines políticos.
En relación con las acciones que deberían asumir las actuales autoridades de los órganos Ejecutivo y Judicial, Prado dijo haber escuchado “con agrado” el anuncio de la conformación de una Comisión de la Verdad destinada a transparentar la persecución política y posibles hechos de corrupción dentro de la administración de justicia.
Sin embargo, manifestó que no tiene conocimiento de avances concretos en su organización o convocatoria.
“Desconozco que se esté organizando, convocando”, afirmó. En su opinión, es deber de las autoridades actuales “sincerar la administración de justicia”, realizar auditorías a determinados casos y revisar los procesos que, según su postura, se originaron bajo la tesis del denominado “golpe de Estado” de 2019.
Prado consideró necesario “desmontar la absurda teoría del golpe de Estado de 2019” y liberar a las personas que, en su criterio, continúan sometidas a procesos judiciales con motivaciones políticas.
BD/RPU
