Un país no se mide por cuántas maletas intercepta, sino por cuántas explica, y cuando no puede explicar sobre 32, la impunidad ya no viaja en equipaje, gobierna.
Brújula Digita|10|02|26|
En La Paz, en enero, hay un instante –breve, doméstico– en el que la ciudad se permite una tregua consigo misma. No es una tregua de banderas ni de discursos, es una tregua de feria. La gente camina entre puestos, huele incienso, regatea con la seriedad con que se discuten las cosas sagradas y compra miniaturas como quien compra una posibilidad.
Uno de los artículos más demandados en la Alasita es, sin duda, la maleta. Pequeña, cerrada, previsora. Dentro trae todo lo que hoy se necesita para soñar con la abundancia moderna: dinero simbólico, tarjetas diminutas, pasajes, visas y un pasaporte común –no diplomático, no blindado, no mágico– porque incluso en el imaginario popular existe una frontera moral que el poder real cruza con una soltura casi animal.
La maletita es un invento genial porque dice, sin discursos, una verdad incómoda: ya no se sueña solamente con quedarse, se sueña con poder moverse. El mundo contemporáneo no se abre con ilusiones, se abre con documentos. Por eso nadie compra la maleta vacía. El futuro, para existir, primero debe empacarse. Y empacarse –esto es lo más importante– dentro de la ley.
Ahí está el detalle que vuelve a la Alasita una escuela de ciudadanía disfrazada de feria; el rito no promete impunidad, promete paciencia. Promete que lo deseado puede llegar si se trabaja, si se espera, si se insiste. Por eso, en el universo del Ekeko, no existe el “documento de excepción”. No se compra una visa para saltarse el control. No se compra un sello para volverse invisible. No se compra el silencio de nadie. La miniatura es abundancia posible, no blindaje criminal.
Y entonces aparece la cifra: 32 maletas –no miniaturas, no símbolos, sino maletas reales– vinculadas a un episodio ocurrido en el aeropuerto internacional Viru Viru, el 29 de noviembre de 2025; del que la prensa habló entre órdenes de aprehensión y avances de investigación.
A partir de ahí la metáfora se rompe con un ruido seco, porque nadie –ningún devoto del Ekeko, ningún ciudadano común– compra 32 maletas para soñar. 32 maletas no son un deseo, son una operación. No hablan de fe sino de logística, no evocan abundancia sino estructura.
Pero lo peor –y esto es lo que vuelve el episodio un símbolo de decadencia institucional– no es solo el número, es el tiempo. Se nos pidió paciencia, como si la paciencia fuera una política pública. Y aquí aparece la frase que en un Estado mínimamente serio no debería existir: “se está investigando”.
Porque el punto central –el que parte cualquier relato oficial– es este: hasta ahora, en la conversación pública, no hay una certeza robusta y verificable sobre qué contenían esas maletas. Hay hipótesis, versiones, filtraciones, sospechas.
La incertidumbre, en materia de crimen organizado, no es un vacío neutral, es un ácido. Corroe reputaciones, destruye confianza y enseña una lección silenciosa a las redes criminales: en este país el tiempo juega a favor del que ensucia la escena. Investigar semanas después es hacer arqueología en un lugar donde ya pasaron demasiados pies.
El retraso convierte la investigación en un rompecabezas sin bordes, porque el tiempo –ese gran cómplice– siempre borra lo que la verdad necesita: trazabilidad, cadena de custodia, cronología limpia.
Y como no hay certeza pública, no se puede descartar nada: la palabra “droga” se impone porque es el atajo mental del escándalo, pero el crimen organizado es una federación de negocios y a veces la maleta no huele a nada –a veces brilla–, puede traer dinero clandestino, oro, joyas, documentos, dispositivos, mercancía de alto valor que cabe en un equipaje y compra más silencios que una tonelada de nada.
Por eso conviene mirar afuera, no para hacernos los europeos ni para admirar paranoias ajenas, sino para recordar lo obvio: el mundo serio no es el que “no tiene delito”, es el que no tiene bruma.
En otros lugares, el delito no desaparece, pero la bruma sí. En Europa, una operación aduanera como BELENOS IIm realizó más de 500 controles de movimientos de efectivo y acabó con más de 2,7 millones de euros incautados, entre dinero, oro y joyería.
En Estados Unidos, ese laboratorio de sospecha llamado aeropuerto, la TSA interceptó, en 2024m 6.678 armas de fuego tras revisar a más de 904 millones de pasajeros; en el Reino Unido, la Border Force registró 40.639 decomisos de drogas en el año fiscal que cerró en marzo de 2024 –récord y alza marcada–. Como postal final, Europol coordinó una acción en 61 aeropuertos de 36 países con 46 arrestos y 850 kilos de droga incautada: cifras frías, prosa administrativa, aburrida y civilizada, pero justamente por eso eficaz, porque cuando el Estado funciona el escándalo no se vuelve leyenda ni rumor de cantina, sino expediente, cronología y consecuencias.
En Bolivia, lo que vuelve este asunto más grave no es solo la sospecha, sino el contexto geográfico y moral. En un país enclaustrado, sin puertos marítimos, los aeropuertos son nuestras costas del progreso, la arteria más rápida para mover personas, carga, turismo, salud, inversión y urgencias.
Por eso deberían tratarse como templos laicos de la conectividad, no por superstición sino por sentido de Estado, porque un aeropuerto no es un edificio con pistas sino la puerta por donde un país se hace visible, y una puerta que se corrompe no es un problema administrativo: es una herida estratégica.
En ese marco, quienes facilitan, encubren o normalizan actos de corrupción, impunidad o negligencia en la puerta aérea del país no son simples infractores; son algo peor: traidores a la patria. Porque el daño que provocan no se mide solo en kilos o dólares; se mide en confianza perdida, en rutas que se encarecen, en controles externos que se endurecen, en inversiones que se enfrían, en ciudadanos que vuelven a creer –con ese cinismo triste que se aprende temprano– que la fila es para los tontos y la ventana para los vivos.
Aquí reaparece el Ekeko como juez moral. La maletita de Alasita –pasaje, visa, tarjeta, pasaporte común– es el sueño decente de entrar por la puerta y vivir bajo reglas; las “32 maletas”, en cambio, son el sueño invertido de correr la ley como una cortina, y por eso uno imagina, con ironía amarga, a sus operadores comprando en la feria no solo equipaje sino también un avión en miniatura y una visa a la impunidad, mercancías de una realidad decadente que la Alasita, por suerte, no vende.
Porque el problema no es solo que existan ilícitos; el problema es que el país no tenga –todavía— una versión completa, congruente y verificable que responda lo elemental: qué había, quién autorizó, qué controles fallaron, qué se hizo el mismo día, qué cambió desde entonces. Detenciones preventivas, renuncias o reacomodos pueden calmar titulares, pero no reconstruyen confianza. La confianza se reconstruye con verdad, no con gestos.
Y aunque a muchos les moleste, esto también está escrito en los estándares internacionales. La International Civil Aviation Organization, en su Anexo 9 (Facilitación), incluye el deber de coordinar facilitación, control de narcóticos, seguridad de la aviación y manejo de mercancías peligrosas para que los objetivos de todos esos programas se cumplan. Traducido a idioma humano: un aeropuerto no puede ser un archipiélago de competencias donde cada uno mira su parcela y nadie mira el conjunto.
Un país no se mide por cuántas maletas intercepta, sino por cuántas explica, y cuando no puede explicar sobre 32, la impunidad ya no viaja en equipaje, gobierna.
Marco Agramont es analista de asuntos políticos y geopolíticos.
