La Asamblea Legislativa aprobó una norma que amplía por seis meses la restricción migratoria para exautoridades, con el objetivo de garantizar investigaciones y la rendición de informes.
Brújula Digital|09|02|26|
La ampliación del arraigo para exautoridades generó respaldo y observaciones desde distintas bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de la aprobación de la norma que modifica la Ley 1352 y extiende hasta el 8 de mayo de 2026 la restricción de salida del país para quienes dejaron cargos públicos.
El diputado de Unidad, Alejandro Reyes, señaló que la ampliación es necesaria para asegurar la presencia de exautoridades que deben ser investigadas. “Se amplió el arraigo justamente porque es necesario que estén en el país todas estas autoridades que tienen que ser investigadas. De ahora en adelante hay que cumplir la ley”, afirmó.
Reyes cuestionó que durante el cambio de Gobierno varias autoridades hayan salido del país sin control y pidió reforzar los mecanismos de vigilancia. “Lastimosamente, muchas autoridades designadas o electas que dejaron sus funciones violaron las salidas. Ahora Migración debe ser más clara y el Ministerio de Gobierno tiene que reforzar fronteras y aeropuertos, para que no pase lo que sucedió con Armin Dorgathen (expresidente de YPFB), que debería estar aquí”, sostuvo.
Desde Alianza Popular, la diputada Claudia Herbas explicó que su bancada respaldó la norma, aunque remarcó el respeto a la presunción de inocencia. “Aprobamos el proyecto de ley, pero siempre nos mantenemos en que hay una presunción de inocencia y que hay muchas personas que fueron autoridades y hoy se sienten perjudicadas”, señaló.
No obstante, Herbas indicó que la medida permitirá profundizar investigaciones sensibles. “Se decidió implementar esta norma para ahondar en ciertos casos, como las denuncias de corrupción vinculadas a los hijos del presidente o a YPFB”, agregó.
Por su parte, la diputada del PDC, Claudia Bilbao, expresó su conformidad con la aprobación de la ley, aunque advirtió que existen problemas estructurales en la administración pública. “Podemos demostrar que ya no hay un Estado tranca en un trámite que era necesario. Estoy de acuerdo y satisfecha, pero no quiero volver a ampliar esta ley”, afirmó.
Bilbao también cuestionó el trabajo de algunas instituciones de control. “Los jueces, los fiscales y la Contraloría tienen un rol clave. Hace tres meses que la Contraloría no despacha informes. No está trabajando, ¿qué está pasando?”, reclamó, al tiempo de señalar que ciertos reglamentos internos dificultan la remoción de autoridades en entidades descentralizadas.
La norma promulgada el fin de semana establece que exautoridades deberán permanecer en el país durante seis meses después de cesar o ser destituidas de sus funciones. La disposición alcanza a quienes ejercieron la Presidencia y Vicepresidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, así como a asambleístas, concejales y máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas o privadas que administren recursos fiscales.
Según el texto, la medida busca garantizar la transparencia y la protección de los intereses del Estado, asegurando que las autoridades salientes presenten los informes requeridos. La ley entra en vigencia inmediata y deja sin efecto cualquier disposición contraria, tras haber sido tratada con carácter urgente para evitar vacíos legales.
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