Legisladores señalan que el proyecto ya está en etapa de socialización y anticipan un informe técnico que permita acelerar su avance en el plenario.
Brújula digital |05|02|26|
Diputados de distintas bancadas informaron que la próxima semana podría retomarse el tratamiento del proyecto de ley antibloqueo en la Comisión de Justicia Plural, luego del proceso de socialización con sectores sociales.
El diputado de Unidad, Alejandro Reyes, señaló que la norma se encuentra en fase de socialización y que el trabajo técnico permitirá un rápido avance. "Se está socializando y pronto se discutirá en comisión, lo que significa que en una semana tendremos un informe y podremos abordarla. Hemos visto bloqueos estos días y (la norma) es una necesidad para todos los bolivianos", dijo, y agregó que hay al menos cinco proyectos de ley relacionados con el tema, aunque enfatizó que la propuesta presentada por el diputado Carlos Alarcón es la que cuenta con mayor apoyo legislativo.
En la misma línea, la diputada Lissa Claros (Libre) enfatizó en la necesidad de una norma que sancione a los grupos que, bajo el argumento de demandas, recurren al bloqueo de carreteras y ciudades. "Es importante que Bolivia cuente con una norma que sancione a los grupos extremistas. El bloqueo no está garantizado en ningún país, y bajo el pretexto de una demanda, se ha cercado ciudades y se ha atacado los derechos fundamentales de los bolivianos", afirmó.
Tratamiento de la norma
El 21 de enero pasado, la Comisión de Justicia Plural declaró un intermedio en el tratamiento de dos proyectos de ley antibloqueo, con el fin de convocar a sectores sociales y socializar las propuestas. La sesión debe reanudarse durante la primera semana de febrero, durante la cual se recogerá observaciones y aportaciones de diversas organizaciones.
Según datos de la comisión, el proyecto ya ha logrado la adhesión de unas 100 organizaciones, mientras que la Central Obrera Boliviana y algunos sectores como mineros y docentes han expresado su rechazo a la iniciativa.
El proyecto de ley busca establecer que el bloqueo de vías no es un derecho, sino un delito, diferenciándolo del derecho a la protesta. Sus principales ejes incluyen sanciones penales, responsabilidad civil por daños y perjuicios, protección legal para el personal involucrado en el desbloqueo y mecanismos para garantizar la libre circulación y el ejercicio de los derechos fundamentales.
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