La comunicación política gubernamental no garantiza la gobernabilidad, pero su fragmentación sostenida incrementa la probabilidad de desgaste, desorientación y pérdida de eficacia simbólica.
Brújula Digital|23|01|26|
Mauricio Antezana
En contextos de alta polarización, la comunicación política gubernamental se convierte en un terreno central de disputa simbólica. La palabra emitida desde el poder conlleva siempre consecuencias: construye o destruye identidad, beneficia o perjudica la imagen, afecta la legitimidad y siempre deja huellas.
Como todo en la vida, la comunicación humana admite para su estudio diferentes aproximaciones analíticas. En el contexto contemporáneo, hay una dimensión de la comunicación que provoca un interés particular: la comunicación política.
Especialmente en Bolivia, que es una sociedad siempre muy atenta –cuando no pendiente– de los asuntos políticos porque sabe que la afectan de manera directa y transversal y porque intuye que, en ese terreno, lo dicho rara vez se evapora sin consecuencias.
La especificidad de la comunicación política reside en su anclaje en los intereses públicos y en su relación constitutiva con el poder. Este tipo de comunicación se caracteriza por ser un espacio de disputa simbólica donde se negocian legitimidades, se configuran identidades y se dirimen sentidos sobre lo público.
Así, la comunicación política no puede ser comprendida al margen de las estructuras de poder que la producen, la transforman y la condicionan.
Desde una perspectiva técnica, la comunicación humana es, o debiera ser vista, como un proceso de intercambio simbólico entre actores que, de manera simultánea, asumen roles de emisores y receptores, sea una comunicación presencial o sea remota.
Más allá de sus objetivos explícitos –informar, persuadir, dialogar, incidir–, toda comunicación implica una pulsión de influencia, inscrita en relaciones de fuerza que pueden ser cooperativas, competitivas o conflictivas.
Esa pulsión puede adoptar formas confrontacionales y excluyentes, como en una controversia entre países, o bien cooperativas y confluyentes, como en una pareja que decide casarse; pasando por las infinitas relaciones comunicacionales que se establecen en los ámbitos económicos, comerciales, publicitarios y culturales. En todos ellos opera una misma lógica: la pulsión –explícita o implícita– por influir en las percepciones, conductas o decisiones del otro.
Este principio se intensifica en el ámbito político, donde la finalidad última es incidir en la toma de decisiones que afectan a la colectividad, enmarcadas siempre en coordenadas espacio-temporales concretas.
No toda comunicación es política, pero toda política es comunicación, solo así existe y perdura. Esto implica que no solo importa el contenido del mensaje, sino también el emisor, su identidad, su imagen pública, su reputación, su posicionamiento y el impacto que genera.
Los principales agentes de la comunicación política son el gobierno, la oposición, los medios tradicionales y digitales, la sociedad civil organizada y los partidos políticos: todos disputan sentidos y hegemonía en la construcción de la llamada, no sin equívoco, “opinión pública”.
Cada actor despliega estrategias comunicativas ajustadas a sus intereses y a las condiciones del entorno. El gobierno busca legitimar y reproducir su autoridad; la oposición, erosionar la legitimidad oficial; los medios, influir o incluso gestionar la agenda pública; las redes sociales amplifican, distorsionan o resignifican mensajes; la sociedad civil aspira a visibilidad en su autorrepresentación; y los partidos políticos, especialmente en coyunturas electorales, compiten por el acceso al poder.
Estrategias todas que, lejos de ser fijas, se reconfiguran permanentemente en función de la coyuntura política y social.
Hoy, en Bolivia como en todas partes, este entramado se desarrolla en un contexto de alta polarización y exigencia. Crisis económica, tensiones sociales, diferencias regionales, disputas étnicas y reivindicaciones de género y generacionales, entre otros, inciden de manera directa en la dinámica comunicacional.
La comunicación política gubernamental, en este escenario, se despliega casi invariablemente en un entorno de crisis, donde cada palabra adquiere un peso específico y potencialmente acumulativo.
Exploremos las dimensiones de la comunicación política de los actores gubernamentales: la identidad que responde a la pregunta de “cómo me veo y cómo me quiero ver a futuro”; la imagen, que interroga por “cómo me ven los demás o los distintos públicos ante los que me exhibo”; la reputación, que resume “cuánta confianza pública logro generar”; el posicionamiento, que representa “el lugar que ocupo en el imaginario colectivo”; y el impacto real, que representa “el nivel medible de mi influencia social”.
Estas dimensiones son inherentemente inestables y están sujetas a procesos de construcción, desgaste y transformación permanente, en la interacción entre discursos oficiales, mediaciones comunicacionales y percepciones sociales.
Por tanto, la comunicación política gubernamental no puede reducirse solo a la optimización técnica del mensaje, sino que debiera ser entendida como una interrogación constante sobre el tipo de vínculo que el poder construye con la ciudadanía a través de palabras, gestos y silencios.
Cada intervención pública pone en juego la identidad, la imagen, la reputación, el posicionamiento y el impacto del gobierno, y con ello, la posibilidad misma de sostener, reproducir y legitimar su autoridad.
Por lo dicho, uno de los mayores peligros en la comunicación política gubernamental –en Bolivia y en cualquier otra parte– es la precipitación, que suele pagarse caro.
Afirmar con énfasis que no se retrocederá “ni para tomar impulso” cuando ya se ha promulgado una norma puede resultar eficaz en el instante, pero comunicacional y políticamente contraproducente si, como ocurrió, el propio curso de los acontecimientos obliga luego a desandar el camino. El problema no es rectificar –rectificar puede ser una virtud política–, sino hacerlo después de haber convertido la palabra en promesa triunfalista.
Pretender, más tarde, que nada sustancial ha ocurrido afirmando que la norma abrogada “cumplió su objetivo” se asemeja al despropósito de ocultar el sol con un dedo: el gesto no borra la evidencia, la vuelve más visible. Y si, como dice el saber popular, dos males no hacen un bien, en comunicación política dos mensajes mañosos tampoco lo hacen; por el contrario, generan una negatividad acumulativa que desgasta y debilita, en el tiempo, el relato del poder en términos de identidad, imagen, reputación, posicionamiento e impacto.
En la era de la hipercomunicación, estos desajustes no se diluyen: se acumulan. En Bolivia, ello se manifiesta en una dispersión del discurso gubernamental, sometido además al asedio y oposición verbal y digital de uno de sus propios integrantes.
El clivaje del discurso oficial, sobre todo cuando distintas autoridades emiten mensajes no alineados, contradictorios o enfrentados, provoca que la comunicación deje de ser una herramienta de orden y se convierta en un factor disruptivo.
La sobreexposición mediática añade otra dificultad: la inflación de la palabra. Declaraciones reiteradas, cambios de postura y correcciones retóricas terminan produciendo saturación y desconfianza.
Un ejemplo reciente fue el intento de justificar una inefable modalidad de “gobierno electrónico” remoto que permitiera al Presidente asistir a la reunión de Davos sin cumplir con el acto constitucional de transmisión de mando al Vicepresidente, evitando así –se dijo– una previsible crisis política interna.
Tras la ampulosa defensa del artificio, el viaje fue finalmente cancelado y se anunció el envío de un par de ministros. Sin embargo, de manera inopinada, se realizó un rápido viaje presidencial al Paraguay, y esta vez sí sin transmisión de mando.
En definitiva, la comunicación política de gobierno está atada a la capacidad de mantener una identidad reconocible y traducirla en imagen, reputación, posicionamiento e impacto coherentes.
Más palabras no siempre producen mejor comunicación: cuando los hechos desmienten al discurso, la palabra no solo pierde fuerza, sino que se convierte en evidencia de su propia fragilidad. La pluralidad de voces no siempre enriquece; a veces, simplemente confunde.
No se trata de borrar las diferencias internas, sino de evitar que estas se conviertan en contradicciones públicas persistentes que debiliten al poder. En democracias complejas como la nuestra, una comunicación fragmentada no provoca por sí sola el fracaso de un gobierno, pero sí puede acelerar su desgaste, su desorientación y su pérdida de legitimidad ante la sociedad.
Desde esta perspectiva, la comunicación política gubernamental aparece estrechamente vinculada a la definición misma del poder. Su capacidad para legitimar y reproducir autoridad depende, en buena medida, de la posibilidad de sostener una identidad reconocible en el tiempo y de traducirla en una imagen, una reputación y un impacto relativamente consistentes.
No se trata de eliminar el disenso ni de uniformar las voces, sino de impedir que las diferencias se transformen en contradicciones públicas permanentes.
Leído así, este escenario no constituye una anomalía, sino una expresión visible de tensiones presentes en muchas democracias contemporáneas. En un entorno de desconfianza estructural y circulación acelerada de sentidos, la relación entre poder y comunicación se vuelve inestable.
La comunicación política gubernamental no garantiza la gobernabilidad, pero su fragmentación sostenida incrementa la probabilidad de desgaste, desorientación y pérdida de eficacia simbólica. Allí donde esa relación no logra estabilizarse, el poder queda expuesto a la dificultad de sostener, hacia adentro y hacia afuera, un relato mínimamente inteligible sobre sí mismo y su proyecto de futuro.
Mauricio Antezana Villegas es docente universitario.
