Cuatro legisladores de cuatro frentes políticos opinan: dos respaldan la decisión; otros dos cuestionan al Ejecutivo y a la justicia.
Brújula Digital|21|01|26|
Legisladores de PDC y Unidad coinciden en respaldar el decreto 5515 que permite al presidente Rodrigo Paz gobernar a distancia por medio de recursos tecnológicos, y que fue ratificado por un juez que rechazó una acción popular contraria.
Mientras tanto, dos de sus colegas de Alianza Popular y Libre cuestionan el accionar de la justicia y ven una maniobra poco clara del Ejecutivo, respectivamente.
La noche del lunes, la Sala Constitucional Tercera de El Alto negó una acción popular que buscaba impedir que el presidente Paz mantenga sus prerrogativas cuando esté en el exterior, sin ceder el mando al vicepresidente Edmand Lara, como establece la CPE.
Apoyo a Paz
El diputado Carlos Alarcón (Unidad) considera que la decisión del juez es “un resultado positivo”, porque en su criterio más allá de los motivos para rechazar esta acción popular en concreto, “se hace prevalecer la voluntad y jerarquía del presidente sobre la del vicepresidente. Alarcón afirmó que Lara “es un vicepresidente que se considera que está por encima del presidente en decisiones políticas y de gobierno, y promueve movilizaciones contra su propio gobierno”.
En esa misma lógica, el senador oficialista Víctor Quispe sostuvo que “nuestro presidente puede gobernar mediante mecanismos informáticos, por lo tanto, queda claro que esto es un tema administrativo que no debe confundirse con lo político”.
Cuestionamientos
Posturas contrarias tienen dos asambleístas de Alianza Popular y Libre. En el primer caso, la diputada Claudia Herbas opina que “es una lástima que la justicia no haga su trabajo como corresponde, que crean que se puede vulnerar los derechos constitucionales. No se portan a la altura de la situación porque es evidente que este decreto 5515 es inconstitucional”.
Herbas agregó que “todos los bolivianos podemos ver que la CPE en el artículo 169, parágrafo II, dispone la sucesión de autoridades cuando el primer mandatario está fuera del país”.
A su turno el diputado de Libre Rafael López calificó la acción popular y su resultado como “una chicanería jurídica”. “Claramente esta es una estrategia del gobierno. Ellos mismos buscaron a un abogado que, comedido, presentó la acción popular para que sea rechazada y se dé razón al gobierno. Lo que corresponde es acudir al TCP a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta”, arguyó.
BD/MZS
