Es necesario considerar los riesgos y valorar las opciones pero, sobre todo, creo que es fundamental preguntarse si en verdad el centralismo es un problema tan grave y acuciante como para correr esos riesgos.
Brújula Digital|21|01|2026|
Roberto Laserna
La descentralización es fundamental en una buena administración, sobre todo cuando la orientación estratégica es clara y los operadores pueden tomar decisiones rápidamente. Un sistema descentralizado es más sensible, adaptativo y eficiente.
Pero en el país se ha instalado desde hace un tiempo la creencia de que la descentralización solamente puede aplicarse en un régimen autonómico y que éste, además, es un paso previo hacia una etapa superior ineludible para la cual, dicen, todavía no estamos preparados: el federalismo.
Con esta propuesta se resolvería definitivamente el problema del centralismo o, visto desde las regiones, el de su exclusión. Una línea argumental es la del tipo “el centralismo se lleva nuestros recursos, nos ignora, nos impone modelos ajenos”. Otra, más positiva, argumenta que “se administra mejor de cerca, hay que incluir a las regiones, vigilar reduce la corrupción”.
Sin embargo, en esas ideas hay también tendencias centrífugas que podrían terminar fragmentando la administración pública y el país mismo si no se logran identificar fuerzas o mecanismos de cohesión nacional que les hagan contrapeso. El riesgo se acrecienta con la improvisación. Y en Bolivia improvisamos desde que dimos paso a la fundación de la república.
El tema territorial, por supuesto, no es reciente. Entre sus antecedentes se cuenta la guerra civil de 1899 que enfrentó a José Manuel Pando con el gobierno de Severo Fernández Alonso, en la que vencieron las fuerzas del primero con la bandera federal, que al final se redujo a fijar la sede de gobierno en La Paz.
Tres décadas más tarde un referendo convocado por el gobierno militar de Carlos Blanco Galindo aprobó organizar la administración pública bajo un régimen descentralizado. De aquel referendo sólo se aplicó la autonomía universitaria, pero la decisión del régimen descentralizado se recogió en la Constitución de 1967.
Con ella como bandera, el Comité Pro Santa Cruz se incorporó a las luchas democráticas de 1982. A comienzos de los años 1990 el Senado aprobó un proyecto de Ley de Descentralización que había sido elaborado en un largo y complicado proceso de concertación cívico-político. Sánchez de Lozada orientó la demanda hacia una reforma que resultó más profunda, la municipalización del país con la Ley 1553 de Participación Popular.
Los comités cívicos, sin embargo, no quedaron satisfechos. El nivel regional, que era en el que ubicaban su discurso y el que controlaban políticamente, quedó como una bisagra desganada entre los niveles local y nacional, con pocas atribuciones y menos recursos.
Surgió entonces la propuesta autonómica inspirada en el modelo español de comunidades autónomas. Otra vez el liderazgo provino de Santa Cruz y cobró fuerza con el ascenso de Evo Morales. En las elecciones de 2005 Evo ganó con fuerza pero su voto estuvo concentrado en el occidente. Para contrarrestar las reformas estatistas que el MAS promovía, la autonomía representó una opción defensiva para los departamentos más alejados del centro y cuya economía podía desentenderse del gasto fiscal: la media luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).
La fuerza de esta demanda llegó a la Asamblea Constituyente, se instaló en la Constitución de 2009 y se tradujo en la Ley Marco de Autonomías (031), pero bajo una lógica que acabó por diluir la demanda. Se introdujo la posibilidad de que además de las departamentales y municipales se crearan autonomías indígenas y regionales. Los presupuestos de la bonanza gasífera, controlada y despilfarrada por el gobierno central, ignoraron la propuesta.
En la más reciente campaña electoral, una vez constatada la implosión del MAS a causa del evidente fracaso de su larga e ineficaz gestión, las candidaturas buscaron el voto regional levantando las banderas autonómicas y prometiendo sentar las bases del federalismo. Uno prometió 50/50 y otro 60/40, con el fin de mostrarse muy concretos y precisos. Es la magia de los números, que dan siempre apariencia de realismo y exactitud, como si se tratara de un proyecto cuidadosamente estudiado.
La verdad es que no es así.
En todo este tiempo se han analizado las estructuras institucionales y las normas jurídicas del país, y se han formulado propuestas muy creativas y detalladas en ese campo, incluyendo los relativos a las atribuciones y responsabilidades, pero han quedado fuera de la preocupación temas claves relacionados al desarrollo, la integración territorial y de mercados, el aprovechamiento de los recursos naturales o la articulación internacional.
Acá no me refiero a las atribuciones de los gobiernos nacional y locales sino a los efectos y las consecuencias que puede tener la aplicación de los modelos autonómicos o los federales.
Se han hecho cálculos relacionados a los presupuestos, las recaudaciones y los gastos, pero sobre todo como proyecciones simples de la realidad actual, como si ésta no fuera a cambiar o como si el cambio sólo pudiera ser para bien, para más o para mejor.
Pero ¿qué sucedería si eso no ocurre? Si en vez de mejorar, las cosas empeoran… ¿quién pagaría las consecuencias?
La historia muestra que las federaciones se han formado para unir entidades previamente existentes, las cuales deciden sacrificar parte de su soberanía para agregar fuerzas en una entidad mayor que les permita sostenerse mutuamente y enfrentar los riesgos externos.
Nuestro caso tendría que transitar el camino inverso. En vez de ceder soberanía para ganar fuerza, estaríamos perdiendo fuerza para ganar soberanía. ¿Pueden anticiparse los límites y las consecuencias de ese proceso? Estas transformaciones no han sido nunca fáciles ni armoniosas, todo lo contrario. ¿Cuáles serían sus costos?
Es necesario considerar los riesgos y valorar las opciones pero, sobre todo, creo que es fundamental preguntarse si en verdad el centralismo es un problema tan grave y acuciante como para correr esos riesgos.
Roberto Laserna es investigador del CERES.
