Si queremos salir de este ciclo, el camino no empieza con propaganda: empieza con algo más decente. Publicar, explicar,corregir y gobernar como si el país mereciera la verdad completa.
Brújula Digital|16|01|2026|
Marco Agramont
Un cibernauta –de esos ciudadanos que ya no buscan la ley en vitrinas sino en pantallas– quiso leer el DS 5503 con el cuidado con que se lee lo que puede torcer la vida cotidiana: el texto íntegro y, sobre todo, sus anexos, donde se esconden los “cómo”, los montos y los procedimientos.
Entró al sitio de la Gaceta Oficial de Bolivia esperando lo obvio –que todo estuviera ahí, accesible y completo–y se topó con una ausencia corrosiva: no podía acceder a los anexos. Entonces hizo el gesto casi arqueológico de ir personalmente a la oficina central de la Gaceta, en La Paz, esa oficina detenida en el tiempo –solemnidad cansada, aire viejo, la promesa tácita de que allí la ley deja de ser rumor y se vuelve cosa–, y halló el contraste brutal: no había ediciones impresas disponibles; la última a disposición era la Gaceta N° 1977, de 09 de diciembre de 2025, como si después se hubiera instalado un silencio de papel.
Así, el 5503 no estaba completo en la web ni estaba en la mano como documento oficial, dejando al ciudadano atrapado en una paradoja: se le exige obediencia a una norma que no se deja leer entera. La Gaceta impresa no es capricho: es publicidad del Estado en su forma más elemental, el punto fijo que lo digital –útil pero movedizo– no puede sustituir cuando el país tiembla.
En ese mismo temblor nació el decreto: con la ambición de un decreto total. Quiso abarcar tributos, créditos, bonos, política salarial, combustibles, hidrocarburos, inversiones, arbitrajes y controles; una enciclopedia normativa comprimida, como si Bolivia pudiera ordenarse desde un escritorio.
Pero Bolivia no se gobierna con enciclopedias: cada capítulo abre un frente, y cada frente convoca un miedo. Y todo esto ocurrió con el bolsillo ya irritado: 2025 cerró con inflación acumulada de 20,40%; cuando la vida encarece, la sociedad no escucha “macro”, escucha el mercado y el pasaje.
El lunes 5 de enero fue anuncio y tensión; y el domingo 11 ya se hablaba de 69 puntos de bloqueo: el mapa como radiografía de una conducción que se quedó sin conversación y sin tiempo.
En medio de esa escalada, el Gobierno eligió el peor instrumento: el orgullo. Ciertas certezas expresadas con rigidez sonaron, en la calle, como desprecio; y el desprecio, en Bolivia, no solo organiza: despierta al viejo enemigo público –ese resentimiento agazapado, dengue social– que se alimenta de errores y se vuelve relato.
El desenlace fue inevitable: el 11 de enero se pactó abrogar el decreto y buscar otro texto. Y sería cómodo discutir si era constitucional o no; pero hay una verdad más simple y más cruel: el 5503 fue inviable, y esa inviabilidad basta para entender el fracaso, más aún cuando el propio texto se delataba con fallas: el artículo 119 remitiendo a un artículo 124 inexistente, conclusión de una redacción apresurada.
Presidente: nadie negará el error. Si hay sacrificios, hay que asumirlos; porque la fortaleza ahora no está en la pose, sino en la humildad: reconocer, corregir y publicar con claridad, sin echar gasolina a ese enemigo interno que florece cuando se gobierna con tranca.
También sería injusto negar la victoria práctica que queda en pie: el ajuste al precio de los hidrocarburos y la permanencia de disposiciones sociales. Conviene precisarlo: no es, todavía, una “eliminación total del subsidio”; el subsidio, en diversas formas, sigue existiendo mientras el país no soporte el golpe completo sin romperse.
Lo que se ha hecho es mover una pieza pesada: ajustar, reordenar, acercarse a una realidad fiscal que ya no admite fantasías, sin decretar un salto al vacío. Y las medidas sociales funcionan como amortiguador humano: la economía no se estabiliza solo con números.
Aquí empieza la reflexión decisiva: no defraudar el voto. Bolivia, para bien o para mal, todavía se gobierna con sectores sociales; quien lo ignora termina gobernando contra el país real. Se trató a ciertos actores como si fueran peones de escaso valor, y Bolivia tiene una vieja costumbre de ajedrez callejero: el peón, acorralado, avanza, cruza el tablero y puede convertirse en reina. Eso ocurrió: lo subestimado creció, lo menor se organizó. La salida no es correr más; es gobernar con método, anticipación y respeto por la inteligencia de la gente.
Y la hipótesis más incómoda –y por eso mismo la más necesaria– es el gabinete. Después de este error, no puede haber intocables. Pero tampoco sería responsable, ni serio, que desde el análisis se intente dar nombres como si la política fuese una lista de sospechosos: solo el Presidente sabe quién suma o estorba, quién informó bien o confundió soberbia con técnica, quién previno la crisis o la empujó con terquedad.
Lo que sí puede exigirse –y con toda legitimidad– es el acto de autoridad que corresponde: analizar, medir responsabilidades reales en el diseño y la ejecución, y tomar una decisión con justicia interna, con premios o sanciones, para que el país entienda que el poder no se protege con lealtades ciegas, sino con rectificaciones visibles.
Finalmente, lo humano y lo elemental: transparencia. La norma debe publicarse íntegra, con anexos visibles, en digital y en impreso, para que el país discuta con el documento en la mano y no con el rumor en la garganta. Bolivia está cansada de gobiernos que gobernaron con sombras –como si el ciudadano fuera menor de edad–.
Las marchas y los bloqueos son enemigos del desarrollo, sí, pero muchas veces nacen de una institucionalidad debilitada y de una justicia que aprende a mirar al poder antes que a la ley. Si queremos salir de este ciclo, el camino no empieza con propaganda: empieza con algo más decente. Publicar. Explicar. Corregir. Y gobernar como si el país mereciera la verdad completa.
