Empresarios productivos, gobiernos subnacionales, universidades, sectores profesionales y organizaciones sociales no partidizadas deben formar parte de un acuerdo de mínimos que legitime reformas profundas y distribuya de manera transparente los costos del ajuste.
Brújula Digital|15|01|2026|
Horacio Calvo
Bolivia ha entrado en una fase crítica de su historia reciente. La escasez de dólares, la fragilidad del abastecimiento energético, la presión inflacionaria contenida de manera artificial y la expansión de la conflictividad social no son episodios aislados ni el resultado de una coyuntura externa adversa. Son la manifestación visible del agotamiento de un modelo político–económico que ha dejado de producir estabilidad y que hoy sobrevive únicamente mediante la administración del conflicto y la negación de la realidad.
Persistir en una lectura estrictamente económica de la crisis es un error de diagnóstico. El problema de fondo es político. (Y sigo aquí la estela de Gonzalo Chávez. Mientras no se lo reconozca como tal, cualquier ajuste técnico, cualquier corrección parcial o cualquier promesa de reactivación estará condenada al fracaso.
La experiencia histórica boliviana demuestra que las crisis estructurales solo se resuelven cuando el poder político asume su responsabilidad, abandona la ambigüedad y redefine con claridad el rumbo del Estado.
El antecedente del Decreto Supremo 21060, promulgado en 1985 en un contexto de colapso hiperinflacionario, no debe ser leído como una receta económica replicable, sino como una lección política de primer orden. Aquel decreto fue posible no por la genialidad técnica de sus medidas, sino porque existió una decisión política consciente de romper con inercias, intereses corporativos y formas de poder que habían llevado al país al borde del colapso.
Hoy, Bolivia enfrenta un dilema similar, aunque más complejo. La crisis actual no se limita a desequilibrios macroeconómicos; está profundamente entrelazada con la forma en que el poder ha sido ejercido durante casi dos décadas. El Estado ha sido progresivamente capturado por estructuras partidarias, sindicales y personalistas que han diluido la frontera entre gobierno, partido y organizaciones sociales. Esta confusión deliberada ha erosionado la autoridad estatal, normalizado el bloqueo como herramienta política y convertido la presión callejera en un mecanismo permanente de veto.
En este contexto, el Movimiento al Socialismo, en su vertiente evista, ya no opera como un partido de gobierno capaz de ordenar intereses y ofrecer dirección estratégica. Su fragmentación interna, y en particular el rol del evismo como poder paralelo ha producido una situación de parálisis estructural. Evo Morales no gobierna, pero impide gobernar; no ofrece una salida, pero bloquea cualquier intento de reforma que amenace su control territorial, simbólico y orgánico. Este poder de veto permanente es hoy uno de los principales obstáculos para cualquier estabilización real del país.
Hablar de desmantelar el poder masista–evista no implica persecución política ni negación del pluralismo. Implica, simplemente, restablecer una condición básica de cualquier Estado funcional: que las decisiones colectivas no estén secuestradas por liderazgos personalistas ni por estructuras que operan al margen de la institucionalidad. Ningún programa económico puede prosperar en un país donde el bloqueo es un derecho tácito y la legalidad una opción negociable.
La salida de la crisis exige, por tanto, una rejerarquización de la política. El primer paso es el reconocimiento explícito de la gravedad de la situación. Negar la crisis o minimizarla para preservar equilibrios internos solo profundiza el deterioro y erosiona la confianza social. El país necesita una narrativa pública honesta, basada en datos, que explique las causas reales del desorden económico y asuma los costos políticos de decir la verdad.
A partir de allí, se vuelve imprescindible reconstruir la autoridad del Estado. Esto supone separar de manera efectiva al aparato estatal de las organizaciones sociales partidizadas, poner fin al cogobierno sindical y restablecer el monopolio legítimo del orden público. Sin esta condición mínima, cualquier diálogo se convierte en extorsión y cualquier consenso en una concesión forzada.
La experiencia del 21060 demuestra que los acuerdos sociales no preceden necesariamente a las decisiones difíciles, sino que muchas veces las siguen. Sin embargo, a diferencia de 1985, el contexto actual exige complementar la decisión política con un pacto de transición amplio, que no esté capturado por el oficialismo ni por sus facciones internas. Empresarios productivos, gobiernos subnacionales, universidades, sectores profesionales y organizaciones sociales no partidizadas deben formar parte de un acuerdo de mínimos que legitime reformas profundas y distribuya de manera transparente los costos del ajuste.
Solo con respaldo político del más amplio número de actores (Libre y Jorge Quiroga, desde luego) es posible implementar un programa económico creíble: una revisión gradual pero firme de los subsidios, la normalización del régimen cambiario, la recuperación de la inversión productiva y una política social focalizada que proteja a los sectores más vulnerables sin reproducir clientelismo. Sin legitimidad, estas medidas son inviables; sin medidas, la legitimidad se evapora.
Más allá de la estabilización inmediata, Bolivia necesita una reformulación institucional de fondo. La despartidización de la justicia, la reconstrucción de la credibilidad electoral, la profesionalización del servicio público y la recuperación de una política exterior de Estado son condiciones necesarias para evitar que la crisis se reproduzca cíclicamente. Gobernar no puede seguir siendo administrar tensiones de corrientes corporativistas; debe volver a ser conducir un proyecto nacional.
Bolivia ha llegado a un punto límite. Seguir postergando decisiones para preservar equilibrios artificiales solo prolonga la decadencia y multiplica los costos sociales. El país no necesita más tecnicismos sin poder ni más discursos conciliadores sin dirección. Necesita claridad política, firmeza institucional y la voluntad explícita de desmontar las estructuras que han convertido al conflicto en forma de gobierno.
La lección histórica es clara: sin liderazgo, no hay consenso; sin consenso, no hay ajuste viable, y sin desmontar el poder que bloquea al Estado, no hay salida posible. La crisis actual no se resolverá administrando la escasez, sino recuperando la política como instrumento legítimo de conducción nacional.
