“Desde luego que se va a apoyar, es decir, es una iniciativa en el legislativo", afirmó Lupo sobre el proyecto de ley que busca sancionar penalmente los bloqueos de carreteras
Brújula Digital|12|01|26|
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que respaldará el proyecto de ley antibloqueos, que busca sancionar penalmente los bloqueos de carreteras, ya que, según indicó, estos provocan un daño económico “inmenso” al país.
“Desde luego que se va a apoyar, es decir, es una iniciativa en el legislativo. (…) El daño económico al país de esta cultura del bloqueo es inmenso y es a todo nivel. es a nivel de los pequeños emprendedores, gastronomía, comercio, transporte, producción, absolutamente a todo nivel, tanto del área urbana cuanto del área rural”, afirmó Lupo en conferencia de prensa.
El ministro indicó que los bloqueos iniciados por la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado martes 6 de enero en rechazo al Decreto Supremo 5503 que determinaba la eliminación de la subvención de combustibles, entre otras medidas, generaron perdidas diarias de 20 millones de de dólares.
“Con la quita del subsidio a los carburantes se han ahorrado 10 millones de dólares por día. Con los bloqueos se han perdido 20 millones por día”, afirmó Lupo.
Aseguró que el país no puede seguir con la cultura del bloqueo y del perjuicio, ya que esta medida “irracional” afecta a todos: “no hay quien gane”. Además, señaló que los alimentos no llegan a los distintos mercados del país, los precios suben y la inflación aumenta.
El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente los bloqueos de carreteras. Alarcón explicó que la iniciativa responde a una preocupación planteada desde hace años: el impacto “devastador” de los bloqueos en la economía, la seguridad y los derechos fundamentales.
El legislador en una entrevista pasada con Brújula Digital, remarcó que el eje central del proyecto es dejar en claro que el bloqueo “no es un derecho, sino un delito”, diferenciándolo del derecho constitucional a la protesta, la marcha o la movilización social.
La norma busca sancionar a los bloqueadores con penas que van hasta los 20 años de prisión.
BD/AGT
