Bolivia enfrenta un escenario complejo heredado de 20 años de deterioro institucional y alta conflictividad social. El gobierno erró en la forma de aplicar el ajuste a los combustibles, pero logró su objetivo central, subir el precio de los combustibles. El desafío real será aprobar reformas estructurales con mayor articulación política.
Brújula Digital|12|01|26|
Raúl Peñaranda U.
Nadie dijo que iba a ser fácil. Durante 20 años, el modelo reprimarizó la economía, la volvió más vulnerable y profundizó la informalidad. En el plano político, ese mismo ciclo dejó una justicia sometida al poder, utilizada para perseguir opositores; y, en el ámbito social, heredó un entramado sindical dependiente de prebendas y favores estatales.
Bolivia es, además, un país con características estructurales de alta conflictividad: propenso a la protesta, con escasa capacidad estatal para imponer la ley y con niveles de pobreza que rondan el 40%. A ello se suma otro rasgo –visible al menos desde la Revolución del 52–: la existencia de “minorías eficaces”, capaces de paralizar el país movilizando a unos pocos miles de personas. No se puede sacar de la ecuación del análisis político que el país tiene un entramado de movimientos sociales muy organizado y muy efectivo.
El escenario, por tanto, era –y sigue siendo– extremadamente complejo. A eso se añadió un resultado electoral que dejó a un segmento de la población con una sensación de orfandad política: cerca del 15% votó nulo a pedido de Evo Morales y otros lo hicieron por candidaturas que luego los marginaron. Esa falta de representación puede ser una de las explicaciones de la rapidez con la que se rearticularon sindicatos y grupos de presión frente a un decreto supremo que, como demostrarían los hechos, resultó excesivamente ampuloso y sobrecargado.
Es cierto que el Ejecutivo pudo haber optado por un camino más simple y acotado, como escribí aquí. Debió concentrarse en el ajuste al precio de los combustibles, acompañado de medidas paliativas, mediante un decreto breve y de pocos artículos. Eso habría facilitado incluso su defensa comunicacional. Se eligió otro camino, se complicó el escenario y se ofrecieron argumentos a sectores que, tras dos décadas de cercanía al Estado, reaccionaron con rapidez. En un país experto en consignas, no tardó en instalarse el eslogan “Bolivia no se vende”.
Con todo, el gobierno hizo bien en retroceder. Pudo haberlo hecho antes, es cierto, pero aun así evitó una escalada mayor. Lo que algunos leen como una derrota poco menos que “apocalíptica”, no lo es. Se logró el objetivo principal –subir el precio de los combustibles–, mientras otros decretos podrán incorporar lo rescatable del anterior, eliminando aquello que ha sido calificado como inconstitucional.
La primera batalla, la del precio de los combustibles, ha sido vencida. La segunda –mucho más compleja– será la reforma de leyes clave, especialmente de minería, hidrocarburos e inversiones. Es posible que esas normas cambien el curso de la economía boliviana, no el DS abrogado.
Para esa futura batalla, si el gobierno va a encararla, el oficialismo necesita realizar ajustes profundos, siendo uno de los más importantes el manejo del Legislativo. Hoy se trata de un terreno fragmentado, con facciones oficialistas que compiten entre sí. Se requieren nuevos y mejores operadores, capaces de construir consensos y aprobar esas leyes estratégicas.
También es necesario formalizar la alianza de facto existente entre el gobierno y Unidad –y ojalá sumar a la fuerza de Manfred Reyes Villa–. Esa alianza, con una conducción clara, debería asumir, entre otros objetivos, el delicado rol de presentar iniciativas al Legislativo, explicarlas y hacer lobby para lograr mayorías.
Cinco años de mandato equivalen a 60 meses. Han pasado apenas dos. Solo se ha consumido el 3% del período iniciado el 8 de noviembre. La gestión, como siempre en política, estará marcada por avances y retrocesos, fracasos y también éxitos.
Para desarrollarse, Bolivia necesita una democracia real: imperio de la ley, debido proceso y Estado de Derecho, pero también liberalización económica, reducción de la tramitología estatal y facilidades para crear empleo. Si en los próximos años el país logra encaminarse hacia ese horizonte, el balance final será positivo para el gobierno y para la sociedad en su conjunto.
Raúl Peñaranda U. es periodista.
