La historia latinoamericana ofrece una lección clara: los regímenes no caen cuando cae su líder, sino cuando se desmantelan las condiciones que los sostienen
Brújula Digital|10|01|2026|
Horacio Calvo
La caída de Nicolás Maduro marca un hito político en Venezuela, pero no equivale, ni de lejos, a la restauración de la democracia. Confundir el fin de un liderazgo con el desmontaje de un sistema es un error frecuente y costoso. Maduro fue el rostro visible de un entramado de poder más amplio, más profundo y aún operativo: el chavismo como régimen.
Durante más de dos décadas, el chavismo dejó de ser un movimiento electoral para convertirse en una arquitectura de dominación. Su fuerza no residió únicamente en la popularidad inicial de Hugo Chávez ni en la continuidad autoritaria de Maduro, sino en la captura sistemática de las instituciones, la militarización de la política, la cooptación de la economía y la normalización de la ilegalidad como método de gobierno. Ese andamiaje no se evapora con la salida de un presidente.
La violación del derecho internacional y de los principios democráticos fue una constante del régimen. Desde el desconocimiento de elecciones y parlamentos hasta el uso de la represión y la persecución transnacional de opositores, el chavismo consolidó un modelo que hizo del aislamiento selectivo y de las alianzas con actores autoritarios una política de Estado. La caída de Maduro no revierte automáticamente esas prácticas ni reconstituye la confianza externa perdida. Las sanciones, los litigios internacionales, los compromisos opacos y las redes ilícitas siguen ahí.
En el plano interno, el principal obstáculo para una transición democrática real es institucional. El poder judicial permanece politizado; los organismos electorales carecen de credibilidad; las fuerzas armadas siguen siendo un actor político y económico; y la administración pública fue diseñada para la lealtad, no para la competencia. Cambiar el ocupante del Palacio de Miraflores sin reformar estos pilares es, en el mejor de los casos, un relevo cosmético.
A este cuadro se suma un factor externo decisivo: la transición venezolana, lejos de ser plenamente soberana, estará inevitablemente tutelada por Estados Unidos. No por altruismo democrático, sino por cálculo estratégico. La recomposición política, el levantamiento o mantenimiento de sanciones, el acceso a financiamiento internacional, la reinserción energética y la normalización diplomática dependerán, en gran medida, de que el nuevo equilibrio de poder en Caracas se alinee con los intereses de Washington. La democracia, en este contexto, aparece más como condición instrumental que como fin en sí mismo.
Ello implica que los tiempos, los márgenes de reforma y los actores “aceptables” estarán condicionados externamente. Habrá avances cuando favorezcan la estabilidad regional, la seguridad energética y el control de flujos migratorios; habrá frenos cuando los cambios amenacen esos objetivos. Esta tutela informal limita la autonomía política venezolana y reduce el espacio para un proyecto democrático definido desde dentro, con prioridades sociales propias y no subordinadas.
Tampoco puede ignorarse el componente económico del chavismo. La economía venezolana fue reconfigurada para depender de rentas discrecionales, controles arbitrarios y circuitos paralelos. Esa estructura creó élites beneficiarias (civiles y militares) con fuertes incentivos para bloquear cualquier apertura que implique transparencia, rendición de cuentas y competencia. Sin una reforma económica profunda, el viejo régimen se recicla bajo nuevos nombres, ahora con nuevos avales internacionales.
La oposición, por su parte, enfrenta un desafío doble. Debe evitar la tentación del triunfalismo y, al mismo tiempo, resistir la externalización de la política venezolana. La democracia no se decreta: se edifica. Requiere acuerdos mínimos, justicia transicional creíble, reinstitucionalización y una narrativa que vuelva a conectar al ciudadano con la política. Sin esto, el vacío dejado por Maduro puede ser ocupado por una versión “moderada” del mismo sistema o por un autoritarismo funcional a intereses ajenos.
El futuro inmediato del poder en Venezuela será, previsiblemente, híbrido. Habrá gestos de apertura y continuidades autoritarias; reformas parciales y resistencias estructurales; expectativas sociales altas y capacidades estatales bajas. La pregunta clave no es quién gobierna mañana, sino bajo qué reglas y con qué límites. Si esas reglas siguen siendo las del chavismo (centralización, impunidad y control) y además se ven condicionadas por una tutela externa permanente, la democracia seguirá siendo una promesa aplazada.
La historia latinoamericana ofrece una lección clara: los regímenes no caen cuando cae su líder, sino cuando se desmantelan las condiciones que los sostienen. En Venezuela, esa tarea apenas comienza. Celebrar la salida de Maduro es comprensible; creer que con ello cayó el chavismo o que nació una democracia plena es, sencillamente, prematuro.
