Bolivia tiene una justicia corrupta e ineficiente. Los códigos informales compartidos por jueces y abogados persisten porque se aprenden en familia y universidad. Las reformas fracasan al ignorar esta mentalidad arraigada. La población no exige cambios por falta de racionalidad global.
Brújula Digital|08|01|25|
H. C. F. Mansilla
Bolivia cuenta hoy (2026) con una administración de justicia que puede ser calificada como relativamente corrupta en el plano ético y como ciertamente ineficiente en el ámbito técnico, y todo esto en un grado cercano al superlativo. Todas las reformas del aparato de justicia –que no han sido pocas en la historia boliviana– han dejado de lado los códigos paralelos de conducta y la mentalidad tan arraigada en los diferentes niveles de la burocracia judicial, mentalidad compartida por muchos miembros y beneficiarios de los partidos políticos. En ello no hay grandes diferencias entre las distintas corrientes partidistas. Por ello es improbable que una nueva reforma del aparato judicial tenga éxito en los próximos años. En el mejor de los casos se dará un recambio de personas, quienes probablemente practicarán los mismos códigos informales y estarán influidos por la misma mentalidad colectiva de generaciones anteriores. Ojalá me equivoque con estas apreciaciones.
Los códigos paralelos que comparten muchos jueces, fiscales y abogados se aprenden en la familia, en el ambiente universitario y en el ejercicio diario de la profesión, y por ello tienen la autoridad de los valores no explicitados, es decir: poseen la fuerza de normativas obvias, sobreentendidas, naturalizadas por un uso secular, nunca puesto en cuestionamiento. Por ello los códigos informales gozan de una vigencia muy extendida y de una autoridad incontestable. Las facultades de derecho y de ciencias sociales de las universidades públicas y privadas no han investigado jamás estos códigos informales.
Los intelectuales izquierdistas, por ejemplo, nunca han descendido a analizar estos “epifenómenos” de la vida cotidiana, como ellos los llaman con desprecio. El funcionamiento real y diario de la administración pública no pueden ser comprendido por el estudio preferente de la lucha de clases y asuntos similares. Ahí están los ejemplos terribles de la justicia en la Unión Soviética de Stalin o en la Cuba de los hermanos Castro.
Los códigos paralelos más importantes son los siguientes: la comprobación de la verdad y del derecho no tiene gran relevancia en las rutinas de los tribunales; lo importante es mantener una posición (una pega) en el aparato judicial que brinde buenos ingresos; los que tienen poder y dinero siempre tienen la razón en los juicios; hay que doblegarse ante las insinuaciones del gobierno o de los poderosos de turno; hay que alargar juicios y procedimientos para succionar dinero de los litigantes; hay que conseguir el respeto de los de abajo mediante una praxis que imponga temor a los que caen en las garras de los tribunales.
La situación deplorable del aparato judicial no podrá ser resuelta favorablemente –por lo menos en los próximos años–, porque la mayoría de la población boliviana no siente la necesidad de remediarla. Esta mentalidad generalizada se expresa principalmente mediante la carencia de una racionalidad global. La mayoría de la población se inclina, por ejemplo, a la tendencia a pensar y actuar en el corto plazo, lo que se manifiesta en el exiguo interés por la temática ambiental, en el poco respeto real y cotidiano a los Derechos Humanos y a los derechos de terceros, en la persistencia de la cultura política del autoritarismo y en la fuerza intacta del machismo. Todo esto se trasluce en el funcionamiento cotidiano de la administración de justicia, no en los discursos bienintencionados de las autoridades y en la retórica destinada a la opinión pública.
Por todo ello se puede decir, con mucha cautela, que en las próximas décadas Bolivia no será una sociedad primordialmente distinta de la actual. A primera vista parecería que las recientes elecciones generales de 2025 podrían introducir una evolución positiva y promisoria en la política boliviana. Pero esto no significa necesariamente que los actores socio-políticos hayan interiorizado efectivamente los valores de un modelo civilizatorio racionalista, pluralista y respetuoso del Estado de derecho.
Las clases altas actuales –que nunca tienen problemas o inconvenientes serios con la administración de justicia– no han aprendido todavía a ejercer una función de ejemplaridad con respecto al resto de la sociedad. Ellas mantienen aún una visión cortoplacista del plano político, una actitud egoísta con respecto al ámbito social y unos valores provincianos y pueblerinos. Ningún partido político, ninguna institución ciudadana, ninguna universidad y ningún intelectual propuso una reducción de los procedimientos y trámites en el aparato de justicia (y en el resto de la inflada burocracia estatal), que hacen perder un precioso tiempo –el elemento más valioso, por ser el único irrecuperable– a los seres humanos.
En una palabra: una reforma seria de la administración de justicia puede ser entorpecida porque una porción notable de la población boliviana comparte un marcado desinterés por la racionalidad global humanista, lo que se traduce también en una indiferencia ante el mal funcionamiento de todo el aparato estatal y en un cierto desdén por los árboles, por los libros y por una cultura racionalista.
H. C. F. Mansilla es filósofo y cientista político.
