El asambleísta de Alianza Unidad exhortó a la Asamblea Legislativa a priorizar el tratamiento y aprobación de esta norma, ante el impacto económico, social y laboral que generan las movilizaciones y cortes de ruta en el país.
Brújula Digital|08|01|26|
El diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, exhortó a la Asamblea Legislativa a priorizar el tratamiento y aprobación de la Ley Antibloqueos, ante el impacto económico, social y laboral que generan las movilizaciones y cortes de ruta en el país.
“Ya estamos cansados del perjuicio; por la medida de presión de unos cuantos, todo un país se ve afectado”, afirmó el legislador, al señalar que Bolivia necesita recuperar su normalidad y garantizar condiciones de seguridad para la sociedad civil y las fuerzas del orden. Reyes sostuvo que la norma debe enfocarse en brindar respaldo legal a la Policía y restablecer el orden público. “Bolivia necesita rearticular su normalidad en torno a dar seguridad a las fuerzas del orden, a la Policía y a la sociedad civil. La ley antibloqueos debe ser una prioridad y aprobarse lo más rápido posible para resguardar a la población y respaldar a la Policía”, remarcó.
El diputado aclaró que esta no debe ser la única iniciativa, sino parte de un paquete de normas orientadas a fortalecer el accionar efectivo de las instituciones encargadas del orden. “Los bolivianos estamos cansados del perjuicio del bloqueo y de que grupos pequeños dañen al grueso de la población”, añadió.
La propuesta ya se encuentra en tratamiento legislativo. El diputado Carlos Alarcón informó que el proyecto ingresó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado en un plazo de hasta 10 días, salvo que se determine la realización de consultas o audiencias públicas.
Alarcón explicó que la iniciativa busca sancionar penalmente los bloqueos de carreteras, al considerar que su impacto en la economía, la seguridad y los derechos fundamentales ha sido “devastador”. En ese marco, el proyecto establece que el bloqueo no constituye un derecho, sino un delito, diferenciándolo del derecho constitucional a la protesta y la movilización.
La propuesta plantea penas de entre tres y seis años de cárcel en su forma básica; de cinco a ocho años para promotores e instigadores; y hasta 20 años cuando los bloqueos deriven en hechos de violencia. Además, incluye garantías legales para policías y militares que intervengan de manera proporcional y legal, así como mecanismos de reparación civil para los afectados.
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