El diputado Carlos Alarcón confirmó a Brújula Digital que el proyecto ingresó recientemente a la Comisión de Justicia Plural, donde deberá ser analizado en un plazo de hasta diez días.
Brújula Digital|07|01|26|
La propuesta de ley que busca sancionar penalmente los bloqueos de carreteras ya se encuentra en tratamiento legislativo, y no es una iniciativa improvisada. El diputado Carlos Alarcón confirmó a Brújula Digital que el proyecto ingresó recientemente a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado en un plazo de hasta 10 días, salvo que se determine un proceso de consultas o audiencias públicas.
Alarcón explicó que la iniciativa responde a una preocupación planteada desde hace años: el impacto “devastador” de los bloqueos en la economía, la seguridad y los derechos fundamentales. “Si no desterramos la cultura de los bloqueos en Bolivia, el país no tiene futuro”, afirmó, al sostener que esta práctica ha mantenido al país “secuestrado” durante más de dos décadas.
El legislador remarcó que el eje central del proyecto es dejar en claro que el bloqueo “no es un derecho, sino un delito”, diferenciándolo del derecho constitucional a la protesta, la marcha o la movilización social. En ese marco, la norma propone una escala de sanciones penales: de tres a seis años de cárcel en su forma básica; de cinco a ocho años para promotores, financiadores e instigadores; y penas de hasta 20 años cuando los bloqueos deriven en hechos de violencia contra personas o bienes.
Otro componente clave de la propuesta es la protección legal a policías y militares que intervienen en el levantamiento de bloqueos. Alarcón señaló que la ley plantea garantías para que los efectivos que actúen de forma legal, necesaria y proporcional no enfrenten responsabilidades penales ni administrativas. Además, establece la obligación del Estado de dotarlos de equipamiento adecuado y prevé operativos conjuntos en las denominadas “zonas rojas”, donde se emplean explosivos o armas de fuego.
El proyecto también incorpora la figura de responsabilidad civil solidaria, que permitiría a las personas afectadas por un bloqueo demandar la reparación total de los daños a cualquiera de los organizadores o financiadores. Asimismo, propone la abrogación de la actual ley que regula los estados de excepción, al considerar que impide una respuesta efectiva del Estado ante situaciones de caos o violencia interna.
Según Alarcón, la ley podría avanzar hacia su tratamiento en el pleno de la Asamblea Legislativa en los próximos meses. “Más allá de los ajustes que pueda tener el texto, lo importante es abrir un debate para un nuevo pacto social”, sostuvo, insistiendo en dos premisas: erradicar la cultura del bloqueo y asumir que esta práctica constituye un delito y no un mecanismo legítimo de reivindicación social.
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