Romer Saucedo afirmó que los recientes decretos del gobierno, que generan polémica y rechazo en ciertos sectores, no vulneran la Constitución y forman parte del proceso de reconstrucción del país.
Brújula digital|05|01|26|
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que los recientes decretos supremos emitidos por el presidente Rodrigo Paz no contravienen la Constitución Política del Estado (CPE) y, por tanto, son plenamente constitucionales y están enmarcados dentro del proceso de reconstrucción del país.
"La Constitución es clara: lo que no está prohibido está permitido. Nadie está obligado a cumplir algo que la CPE no ordena, y lo que usted hizo, señor presidente, es constitucional y lo hace por el bien de Bolivia", dijo Saucedo, refiriéndose al Decreto Supremo 5503, que elimina el subsidio a los combustibles. Añadió que tomar decisiones mediante decretos no viola la norma suprema del Estado, siempre que estos no estén expresamente prohibidos. "Cuando se adoptan ciertas posiciones mediante la emisión de decretos, debe entenderse que la Constitución no prohíbe este tipo de acción. En ese marco, los decretos son constitucionales", afirmó.
Saucedo también hizo un llamado a la unidad nacional y a la corresponsabilidad institucional para avanzar en la reconstrucción del país. "Bolivia necesita estar unida para continuar este proceso. Nada se construye trabajando solo; necesitamos que cada uno, desde la tarea que desempeña, contribuya al país", afirmó.
Las declaraciones se realizaron durante la inauguración del Año Judicial 2026, a la que asistieron autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El evento comenzó con la juramentación de los nuevos presidentes del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM). En la misma actividad, el presidente Rodrigo Paz ratificó el compromiso del Ejecutivo de trabajar de manera coordinada con el Órgano Judicial, garantizando el respeto y la responsabilidad institucional en el proceso de reconstrucción nacional.
Mientras tanto, el Decreto Supremo 5503 continúa generando rechazo en algunos sectores sociales. La Central Obrera Boliviana (COB) y el magisterio urbano exigen su derogación, considerando que la norma trasciende el tema de los subsidios a los combustibles y pone en riesgo la soberanía nacional.
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