La disputa de fondo no es el precio del combustible ni la orientación política del nuevo gobierno; es si Bolivia seguirá secuestrada por corporaciones o avanzará hacia un Estado sin tutelas, chantajes ni rentas ilegítimas.
Brújula Digital|05|01|2026|
Jaime Navarro
La resistencia al Decreto 5503 no es social ni popular; es corporativa. Durante más de 20, organizaciones campesinas, sindicales y gremiales se beneficiaron del clientelismo que el MAS utilizó como eje central de su proyecto de poder. Evo y Arce sostuvieron sus gobiernos en organizaciones mafiosas: cocaleras, sindicales, campesinas, cooperativistas, contrabandistas, transportistas, funcionarios públicos, entre otras. Es lamentable, pero todos aquellos vinculados al masismo quedaron pringados del estigma mafioso.
A las mafias no les interesa fortalecer el Estado; todo lo contrario, necesitan su debilidad para cumplir sus insanos objetivos. Sabían que el ciclo se agotaría; las señales eran claras. El gobierno de Arce marcaba el fin de ese ciclo y no tenía posibilidad alguna de revertir el proceso. El tiempo se acababa: había que robar hasta lo impensable, blindar a las mafias y preparar la resistencia.
Las mafias no contaron con la conciencia ciudadana que mostró el pueblo boliviano al recibir el duro golpe de la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira lanzó el DS 5503, una decisión sensata y valiente. La ciudadanía, golpeada por la inflación y la incertidumbre, respaldó la medida, demostrando resignación y vocación de patria. Durante años se acumuló información y se procesó lo incuestionable: no era posible mantener el modelo estatista, había que tomar decisiones y aplicar políticas que eviten el colapso de la patria.
Las mafias encaramadas en el corporativismo no contaban con la madurez que demostró la ciudadanía. El círculo cercano a Evo comenta que, en las vísperas de Navidad, le dijeron al pederasta caudillo: “No te preocupes, Paz no podrá eliminar la subvención; es cuestión de tiempo, se caerá”.
El masismo construyó poder entregando combustible barato sin control, comprando lealtades y garantizando rentas ocultas a dirigentes que nunca rindieron cuentas. Transportistas, sindicatos afines y estructuras campesinas recibieron trato preferencial mientras el Estado asumía el costo.
Hoy ese esquema se rompe. La ciudadanía ha tomado conciencia de que el subsidio no protege al pueblo: financia el contrabando, la corrupción y el chantaje sindical. Por eso, la movilización pierde legitimidad, incluso antes de ganar la calle.
La operación política de Evo Morales es clara. Se esconde detrás de organizaciones “sociales” para reactivar el conflicto y preservar un sistema de beneficios construido durante su gobierno. No se lucha por el pan del pueblo; se lucha por mantener privilegios.
“Decreto hambreador”, “entreguista de nuestros recursos naturales” y otras expresiones escuchamos de los ignorantes e impresentables dirigentes de la COB. Mientras recibían beneficios del entreguismo a las mafias estaban cómodos y callados: irresponsables y corruptos. Dirigentes mineros con sueldos exorbitantes, de hasta el triple del salario presidencial, tienen la sinvergüenzura de hablar en defensa de los pobres y hambrientos.
El entreguismo fue la práctica de Evo y Arce. Intentaron entregar la explotación de nuestras materias primas a rusos y chinos; fracasaron porque la motivación principal nunca fue el bien mayor, sino favorecer intereses sectarios y promover la instalación de mafias.
No existe un solo proyecto del masismo que pueda presentarse como ejemplo de gestión: todos son escándalos de corrupción. El MAS alentó mafias que se fortalecieron con la permisividad a la corrupción y terminó preso de ellas.
No equivoquemos el análisis ni la reflexión de fondo. Los bloqueos, paros y discursos ideologizados no buscan justicia social; buscan restaurar un modelo en el que las corporaciones mandan y el Estado obedece.
El desafío ahora es político y ciudadano: expresar rechazo a una movilización que no representa al país y respaldar una transformación que mire al futuro.
La disputa de fondo no es el precio del combustible ni la orientación política del nuevo gobierno; es si Bolivia seguirá secuestrada por corporaciones o avanzará hacia un Estado sin tutelas, sin chantajes y sin rentas ilegítimas.
Jaime Navarro es político, fue diputado nacional.
