Cerca del 80 % de los postulantes inscritos no cumplió con los requisitos exigidos al momento de su registro. Las listas oficiales de candidatos serán publicadas el próximo 9 de enero.
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, alertó que la mayoría de las organizaciones políticas habilitadas para las elecciones subnacionales recurre de forma deliberada a la inhabilitación de candidatos como una estrategia para reemplazarlos a última hora. Una práctica que —según dijo— debilita la transparencia del proceso democrático y que el ente electoral busca corregir mediante nuevas disposiciones.
De acuerdo con la autoridad electoral, cerca del 80 % de los postulantes inscritos no cumplió con los requisitos exigidos al momento de su registro, limitándose en muchos casos a presentar únicamente una fotocopia de su cédula de identidad. Las listas oficiales de candidatos serán publicadas el próximo 9 de enero.
“Lo que han hecho las organizaciones políticas, casi en un 80 %, es presentar candidatos con documentación incompleta para que sean inhabilitados y luego sustituidos. La norma lo permite, pero es una mala práctica que atenta contra la democracia”, sostuvo Ávila, en una entrevista con El Deber. Además, explicó que unas 184 organizaciones políticas están habilitadas para participar en los comicios subnacionales previstos para el 22 de marzo. Sin embargo, la mayoría incumplió los requisitos establecidos, lo que genera un elevado número de inhabilitaciones iniciales.
Esta situación permite que, una vez inhabilitado el postulante, la organización política pueda registrar un reemplazo incluso hasta 72 horas antes de la votación, con el objetivo de no perder el cupo asignado. Para el TSE, esta práctica afecta la organización del proceso electoral y el derecho de la ciudadanía a conocer oportunamente a los candidatos.
El TSE distingue actualmente dos tipos de inhabilitaciones: aquellas provocadas por la falta de documentación al momento de la inscripción —que, según Ávila, son forzadas de manera intencional— y las que se producen posteriormente por demandas presentadas por terceros contra candidatos ya habilitados.
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