Finanzas públicas muy débiles, deuda externa alta, alta dependencia de EEUU y de las FFAA, destrucción del aparato institucional del Estado; pero, el mayor costo para Bolivia sería el debilitamiento de la democracia.
Brújula Digital|03|01|2026|
Mauricio Silva
Bukele no tiene un modelo de seguridad, lo ha ido improvisando. Lo que Bolivia, y otros países definen como su modelo, varía según país y actores políticos, pero, en general, consiste en una política de mano dura y violacion de derechos básicos de la población. Su gran éxito fue parar la violencia de las pandillas que golpeaba a la mayoría de la población con extorsiones, brutalidad física, y la imposición de un régimen de terror, especialmente en las zones rurales y barrios populares.
La base para su política de seguridad es un pacto secreto entre el gobierno y los lideres de las maras y la implementación de políticas que fueron deteriorando la democracia. El éxito, o la percepción del mismo, especialmente a nivel internacional, se debe también y, significativamente, a una muy buena campaña de comunicaciones y propaganda.
Los grupos que generan violencia e inseguridad en Bolivia son muy diferentes a los de El Salvador. Aquí están más ligados o son controlados por el narcotrafico. Con ellos seria mucho más difícil llegar a un acuerdo.
Pero lo más caro para Bolivia sería el deterioro de la democracia con las medidas que el gobierno de Bukele ha tomado para complementar su pacto con las pandillas. Para justificar las medidas represivas que requirió el meter presos a los pandilleros, el régimen de Bukele decretó un régimen de excepción que solo lo podía a promulgar la Asamblea Legislativa, y que luego tuvo que extender 36 veces. Para ello el gobierno tuvo que controlar el Poder Legislativo.
Para poder meter presos a los pandilleros se necesitaba medidas drásticas que violaban muchos derechos humanos, encarcelar y retener sin juicio, volver confidencial mucha información, etcétera; ello requirió control también sobre el Poder Judicial.
Esto llevó a eliminar la separación de poderes, base para un Estado democrático. Según The Economist, El Salvador cae unos 13 puestos desde el 2022 en el índice de democracia, y se considera uno de los países “con deterioro democrático más rápido de la región”.
Se encarceló a justos y pecadores. Se estima que, por lo menos, una tercera parte de los más de 100 mil presos (casi 2% de la población) no pertenecía a pandillas. Se necesitó construir más cárceles, rápidamente, para lo cual se abolieron las leyes de licitación e información pública, abriendo espacios para la corrupción. Hay un deterioro de la institucionalidad del Estado para obedecer a este nuevo orden y ocultar la corrupción, se concentra el poder en el Ejecutivo destruyéndose la descentralización.
Todo esto incrementó el descontento popular; ¿cuánto? no se sabe con seguridad pues no hay acceso a información. Se reprime a los periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Para balancear esto, se incrementa exponencialmente el gasto en publicidad del Estado. En el último año se incrementó en un 20% el gasto en defensa. El gasto en seguridad sale de control. Todo ello lleva a un deterioro acelerado de las finanzas públicas. La deuda supera el 90% del PIB.
El gobierno depende fuertemente de dos poderes: del gobierno de los EEUU y de las Fuerzas Armadas, creando, en ambos casos, una dependencia peligrosa. Aunque no se puede hacer afirmaciones categóricas, por la falta de libre información, sí existe una base confiable para temer lo peor: una población carcelaria abusada y cuyo costo de mantenimiento, de cientos de miles de dólares diarios, deberá seguir pagando los salvadoreños. Los presos son también una bomba de tiempo, que podría generar mayor violencia en el futuro.
Finanzas públicas muy débiles, deuda externa alta, dependencia fuerte de los EEUU y de las Fuerzas Armadas –que vuelven a actuar sin control reforzando los tiempos de las dictaduras militares–; destrucción del aparato institucional del Estado, pero, el mayor costo para Bolivia sería el debilitamiento de la democracia y una sociedad en la que la corrupción y la impunidad predominen.
