Centenares de bolivianos llevan 20 años en exilio por acusaciones políticas del MAS. Se debe discutir la oportunidad de una amnistía general que permita su retorno. Veinte años es un tiempo ya demasiado largo.
Brújula Digital|15|12|25|
Raúl Peñaranda U.
Aunque la cifra exacta no se conoce, se estima que son centenares los bolivianos que viven actualmente en el exilio, acusados injustamente de delitos de carácter político por los gobiernos del MAS. Dentro de este grupo destacan, sobre todo, quienes formaron parte del gabinete del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).
Tras la caída de ese gobierno y el inicio de la gestión de Evo Morales, en enero de 2006, comenzó la persecución contra esas exautoridades. La base de las acusaciones fue el decreto supremo 27209, firmado el 11 de octubre de 2003 por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, mediante el cual se ordenaba a las Fuerzas Armadas intervenir para intentar controlar las protestas sociales que se registraban en ese momento.
El decreto no establecía una carta blanca para los militares ni contenía una orden explícita para el uso de armas de fuego contra manifestantes. El decreto establecía lo siguiente:
Artículo 1°.- (Emergencia Nacional) Declárase emergencia nacional en todo el territorio de la República, para garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos a la población, a través del resguardo de instalaciones de almacenaje, asegurar el transporte de combustibles por camiones cisterna y otros y la distribución y suministro en estaciones de servicio por el tiempo de hasta noventa días.
Artículo 2°.- (Orden expresa) En cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley No 1405 de 30 de diciembre de 1992, se ordena a las Fuerzas Armadas de la Nación hacerse cargo del transporte en camiones cisternas y otros, resguardar instalaciones de almacenaje, poliductos, estaciones de servicio y todo tipo de infraestructura destinada a garantizar la normal distribución y suministro de combustibles líquidos a la población en el Departamento de La Paz. A tal efecto el Ministerio de Defensa establecerá los mecanismos necesarios para su ejecución.
Artículo 3°.- (Garantías) Cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto supremo, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano.
Sin embargo, el gobierno de Evo Morales inició procesos judiciales interpretando ese decreto como una instrucción para emplear la fuerza letal. Ese procedimiento forzó a la mayoría de los acusados a abandonar el país; muchos de ellos residen actualmente en Lima, Perú, o en distintas ciudades de España.
Durante los gobiernos del MAS también se impulsaron procesos judiciales de manera generalizada contra diversas autoridades, vinculados, entre otros temas, a la capitalización de empresas estatales y otras reformas económicas y políticas. Estos procesos derivaron igualmente en la salida del país de otras personas.
Habiendo transcurrido ya 20 años de exilio forzado para muchos de ellos ha llegado el momento de plantear la aprobación de una amnistía general que les permita retornar al país.
La amnistía es una acción unilateral de los Estados mediante la cual se perdonan las acusaciones. Existe la creencia errónea de que una amnistía implica la admisión de culpabilidad por parte de los beneficiarios. Sin embargo, el jurista Waldo Albarracín, especialista en la materia, señaló –en una entrevista anterior concedida a Brújula Digital–que la amnistía no supone ni entraña reconocimiento alguno de culpa.
Desde el punto de vista constitucional y penal: La amnistía no es una sentencia; no establece hechos probados; no contiene un juicio de responsabilidad penal individual. Por tanto, no produce cosa juzgada material sobre la culpabilidad de los beneficiarios. Una amnistía opera antes, durante o incluso después del proceso judicial y borra la punibilidad del hecho, como si nunca hubiera sido penalmente relevante y declara que el proceso fue inválido desde su origen.
Esta decisión podría adoptarse en un corto plazo por el presidente Rodrigo Paz, a través de un decreto supremo. El mes de la Navidad es el tiempo propicio.
Veinte años es un período excesivo para mantener a un grupo de personas en el exilio. Bolivia no había atravesado nunca en su historia una etapa tan prolongada de castigo político.
La Revolución Nacional de 1952, que también generó persecuciones y exilios, se extendió por 12 años y luego los desterrados pudieron volver. Posteriormente, durante las dictaduras militares, el gobierno de Hugo Banzer duró siete años antes de que una amnistía permitiera el retorno de los exiliados políticos. En general, a lo largo del siglo XX, debido a la inestabilidad política del país, los exilios y castigos rara vez superaron un lustro.
Incluso en escenarios internacionales extremos, como la Unión Soviética bajo Stalin, los castigos concluyeron tras su muerte en 1953; su sucesor, Nikita Khrushchev, impulsó procesos de liberalización y amnistías. En América Latina tampoco existen muchos antecedentes de exilios que se hayan prolongado por 20 años. En Chile, por ejemplo, el régimen de Augusto Pinochet permitió el retorno de los exiliados antes del plebiscito de 1988; quienes estuvieron fuera por más tiempo lo hicieron por 15 años.
Bolivia no debería convertirse en una anomalía histórica en este aspecto. Con un gobierno como el actual que reivindica el Estado de derecho y el debido proceso, y con un presidente que conoce de primera mano, y ha respaldado, las luchas democráticas y la defensa de los derechos humanos, la posibilidad de una amnistía general debería ser analizada con urgencia.
Algunos de los afectados han planteado la alternativa de una ley de nulidad de los procesos judiciales. No obstante, ese camino es más largo y complejo, ya que existen acusaciones diversas que deberían ser identificadas una por una, además de requerir un trámite legislativo (precisamente, una ley) que suele ser más engorroso.
Si se acepta que la amnistía no implica admisión de culpabilidad, este aparece como el camino más inmediato y viable. Si el país aspira a cerrar heridas abiertas desde hace dos décadas, debe considerar seriamente esta medida. En paralelo, también corresponde exigir que se garantice el debido proceso para los actuales acusados del MAS, quienes, como principio básico, deberían poder defenderse en libertad.
Raúl Peñaranda es periodista.
