Mientras era trasladado hacia el penal, el dirigente panificador aseguró ser víctima de persecución política.
Brújula Digital|05|12|25|
El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, fue trasladado este viernes al penal de San Pedro, donde deberá cumplir seis meses de detención preventiva. La medida fue determinada por el Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar de La Paz, tras la imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y legitimación de ganancias ilícitas.
Ríos es investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con la dotación de harina a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Según las denuncias, el dirigente recibía el insumo a precio subvencionado —por debajo de Bs 100 el quintal— para luego venderlo hasta en Bs 400, aprovechando su posición como representante del sector panificador.
Mientras era trasladado desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hacia el penal de San Pedro, Ríos aseguró ser víctima de persecución. “Soy inocente, es una persecución política”, declaró.
La decisión judicial se basa en indicios de movimientos económicos irregulares y un patrimonio que el dirigente no logró justificar. De acuerdo con el abogado denunciante, Eduardo León, Ríos posee tres cuentas bancarias: una con más de Bs 12 millones y otra con más de Bs 300.000, montos considerados incompatibles con el contrato de Bs 40.000 que mantenía con Emapa.
León señaló, además, que el patrimonio del dirigente incluye una vivienda, almacenes y varios vehículos cuyo avalúo aún está en curso. Explicó que estos elementos forman parte de una investigación más amplia que también alcanza al exgerente de Emapa, Franklin Flores —actualmente prófugo—, así como a familiares de Ríos y otros exfuncionarios del MAS.
Este proceso se suma a una primera causa abierta contra el dirigente panificador por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilegales, en la que un juez le había otorgado detención domiciliaria sin escolta, arraigo y una fianza de Bs 60.000.
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