Una sala constitucional en Beni define la suerte de uno de los procesados.
Brújula Digital|26|11|25|
Continúa el ritmo frenético en el Órgano Judicial boliviano. Mientras la Fiscalía allanó las oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, uno de los exmagistrados, sobre quien pesa orden de aprehensión, interpuso la tarde de este miércoles dos recursos de defensa.
Un informe de Unitel señala que Gonzalo Miguel Hurtado presentó una acción de libertad con el objetivo de dejar sin efecto la orden de detención en su contra. El recurso, además, busca desestimar a alerta migratoria. Horas después se instaló la audiencia para tratar este caso en una sala constitucional de Beni, donde la defensa de Hurtado espera el “resguardo de derechos fundamentales y garantías”.
Otro despacho de la misma red de televisión, informa que la Fiscalía dispuso un registro de las oficinas del TCP en la capital del Estado, en el marco de la investigación que devino tras el cese de funciones de cinco autoridades autoprorrogadas. El Ministerio Público busca colectar documentación y otros elementos que “permitan esclarecer la presunta falsedad ideológica y el acoso político atribuido a las exautoridades”.
La noche del miércoles, Paola Prudencio fue designada como presidenta de la máxima instancia judicial, por determinación de los cuatro magistrados electos de esta instancia: Amalia Laura Villca, Edson Ángel Dávalos Rojas y Boris Arias López, además de la propia Prudencio.
Horas antes, el TCP emitió una determinación de cesar las funciones de siete autoridades prorrogadas (cinco de esa instancia y dos del TSJ) en el plazo de10 días. Horas después, una sala constitucional de Potosí dispuso el cese inmediato de los cinco autoprorrogados del Tribunal Constitucional, y al inicio de la noche, en Santa Cruz, se dispuso una orden de aprehensión de cuatro de ellos: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karen Gallardo.
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