Tres parlamentarios emiten sus reacciones tras el cese de funciones de autoridades del TCP y la orden de captura en su contra.
Brújula Digital|26|11|25|
Tras la sorpresiva evolución de la situación de los exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), asambleístas de dos de las fuerzas con mayor representatividad en la ALP coinciden en que es necesario que los implicados respondan ante la justicia y que se reordene en consenso ambas instancias del Órgano Judicial.
José Sánchez, senador de Libre, afirma que “nosotros (su frente político) no reconocemos la prórroga, por lo tanto, los magistrados deben ser procesados en la jurisdicción ordinaria, porque cometieron usurpación de funciones”. Además, advirtió que es responsabilidad de la Fiscalía y de la Policía dar ejecución de los mandamientos de aprehensión. En coincidencia, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, remarcó que “estos señores ya no pueden seguir jugando con el país” y fue contundente al referir que “al estar en delito flagrante, cualquier ciudadano puede detenerlos y conducirlos a la fuerza pública”.
En cuanto a qué ocurrirá con las sentencias y normas emitidas por las exautoridades prorrogadas, Sánchez destacó que “una ley está por encima de cualquier auto o sentencia constitucional; por esa vía se puede buscar una solución legal”. Sobre este punto, Alarcón explica que “no todas sus sentencias quedan automáticamente anuladas; lo que corresponde es revisar de manera individual, a pedido de parte de los interesados y, si corresponde, se las podría anular”. Un proceso que denominó “revisión por defecto de contenido”.
El diputado enfatizó en que hasta el 2 enero de 2024 –cuando culminaba su gestión legal y legítima– todo accionar de los sindicados está sujeto a juicio de responsabilidades, mientras que sus acciones posteriores, deben ir a la justicia ordinaria.
Finalmente, la senadora de Libre, Tomasa Yarhui, se refirió al reordenamiento que urge en el Órgano Judicial: “esperemos que en la ALP se trabaje en la reconstitución del TCP, que está destruido”. “¿Dónde queda el control constitucional ahora?”, se preguntó, y extendió la interrogante hacia el TSJ. Yarhui concluyó remarcando que debería haber una transición institucional para lo cual “tiene que haber voluntad política en la ALP, para apresurar el proyecto de ley” al respecto.
La noche del miércoles, Paola Prudencio fue designada como presidenta de la máxima instancia judicial, horas después de una determinación de cesar las funciones de siete autoridades prorrogadas (cinco de esa instancia y dos del TSJ) en el plazo de10 días. Pero luego, una sala constitucional de Potosí dispuso el cese inmediato de los cinco autoprorrogados del Tribunal Constitucional, y finalmente, en Santa Cruz, se dispuso una orden de aprehensión de cuatro de ellos: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karen Gallardo.
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