Si el nuevo gobierno comprende que el combate contra el narcotráfico no es solo una tarea de seguridad, sino un acto de dignidad nacional, entonces Rodrigo Paz podrá inscribir su nombre en esa breve lista de presidentes que no solo llegaron al poder, sino que supieron merecerlo.
Brújula Digital|21|11|2025|
Marco Agramont
En Nueva York, el martillo de la justicia golpeó con la fuerza de un trueno que cruzó el continente. En la Corte Federal de Manhattan, la sentencia contra los jerarcas del Cartel de los Soles no fue solo un veredicto jurídico: fue un acto de exorcismo político. En ella se entrelazan nombres y grados, generales y ministros que durante años convirtieron el poder en mercancía y el Estado en un túnel para el tráfico de cocaína. Nicolás Maduro Moros, heredero del chavismo y su sombra corrupta, fue señalado –esta vez no por sus opositores, sino por la justicia del mundo libre– como parte de una organización criminal transnacional.
Estados Unidos hizo sentir el peso de su cruzada antidrogas: movió buques en el Caribe, desplegó su poder en el Atlántico y recordó al mundo que el perdón no es política exterior. Bastó la tinta de un fiscal en Manhattan para que empezara la cuenta regresiva. Desde entonces, Maduro y su círculo más cercano viven con el miedo instalado en los huesos, ofreciendo las riquezas de un país exhausto a cambio de un silencio que Washington ya no concede. La “afrenta”, como la llamó Caracas, fue más bien una radiografía moral: Venezuela ya no es solo una dictadura, sino un narcoestado, un poder sostenido por la cocaína, el oro ilegal y la represión.
A miles de kilómetros, Bolivia despertó el sábado con un nuevo amanecer político. En el histórico hemiciclo del Congreso, Rodrigo Paz Pereira juró como Presidente, acompañado por Edmand Lara. El país llegaba exhausto: sin reservas líquidas, con colas para comprar gasolina y un Estado corroído por el clientelismo y el miedo. Pero en esa fatiga colectiva se escondía también una oportunidad: la de recomenzar.
El domingo en la posesión del nuevo gabinete se advirtió la magnitud del desafío. El nuevo Ministro de Gobierno, con experiencia en gestiones anteriores, asumió la tarea de restablecer el orden interno y enfrentar, sin demora, la lucha contra el narcotráfico. Hereda una policía fatigada, una institucionalidad corroída y una sociedad que ya no tolera el engaño. Su misión no es solo técnica, sino moral: probar que la ley puede volver a ser más fuerte que el crimen. El MAS dejó un país sin brújula moral: la coca, antes emblema cultural, se volvió excusa para la ilegalidad, y la soberanía, coartada para la impunidad. Las hegemonías se apagan, los caudillos envejecen, los mitos se desmoronan; los nuevos líderes deben convencer con hechos, no con gritos.
El desafío es mayor porque el mundo observa. En septiembre de 2025, Estados Unidos descertificó la lucha antidrogas de varios países, incluido Bolivia, con un mensaje inequívoco: sin resultados, no hay cooperación ni financiamiento. Revertir esa sanción será el primer examen de credibilidad del nuevo gobierno. La Comunidad Andina y el Mercosur ya cuentan con normas supranacionales de coordinación y control, que exigen intercambio de inteligencia, cooperación judicial y fronteras vigiladas. Bolivia ya no puede refugiarse en el discurso: la región reclama hechos y el mundo, resultados.
El nuevo gobierno encara un dilema que no admite ambigüedades: romper con los círculos de corrupción y connivencia con el narcotráfico, o repetir la historia. Las cifras no mienten: según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la UNODC, Bolivia incautó más de 35 toneladas de cocaína en 2024, un 60 % más que el año anterior, pero sin una estrategia sostenida de interdicción. La DEA y la CICAD/OEA advierten que los laboratorios en frontera con Perú y Brasil crecieron 40 % en tres años, y que la producción de coca excede en 12 000 hectáreas el límite legal.
Por eso, Estados Unidos, el BID, la CAF y el Banco Mundial han sido claros: el apoyo financiero y las líneas de crédito llegarán solo si Bolivia demuestra resultados concretos. Lo mismo ocurrió con Paraguay y Colombia, que obtuvieron financiamiento preferencial a cambio de políticas estrictas de trazabilidad. Sin transparencia, no hay crédito. La Comunidad Andina y el Mercosur exigen cooperación judicial y control de fronteras como condición de asistencia.
La sentencia de Nueva York resuena en cada despacho latinoamericano. Es advertencia y espejo. En ese reflejo se ve lo que Bolivia podría ser si vuelve a cerrar los ojos ante la corrupción: un país tomado por los cárteles, con generales millonarios y campesinos presos, con justicia de consigna y ministerios de silencio.
El mundo ya no espera discursos, espera acciones. Y la región –desde Lima hasta Buenos Aires– aguarda un cambio de era. Bolivia puede ser ese ejemplo improbable: un Estado que se atreva a limpiar sus instituciones, a reconstruir su economía con honestidad y a reconciliar la libertad con la autoridad. Porque en este hemisferio, donde el populismo confundió poder con impunidad, la verdadera revolución consiste en volver a respetar la ley.
De las sombras del Caribe a las cumbres de los Andes sopla un mismo viento: el de los pueblos cansados de ser gobernados por cómplices y deseosos de ser guiados por personas decentes. Si el nuevo gobierno comprende que el combate contra el narcotráfico no es solo una tarea de seguridad, sino un acto de dignidad nacional, entonces Rodrigo Paz podrá inscribir su nombre en esa breve lista de presidentes que no solo llegaron al poder, sino que supieron merecerlo.
