El próximo gobierno, independientemente de quién gane el balotaje, heredará una crisis multidimensional sin precedentes que requiere acción inmediata y trabajo conjunto de todos los sectores políticos, sin espacio para improvisación, populismo ni divisiones.
Brújula Digital|18|10|25|
Mirna Quezada S.
Sea quien sea el ganador del balotaje del próximo 19 de octubre, tendrá el desafío ineludible de trabajar sin descanso desde el primer día para afrontar una crisis multidimensional de proporciones históricas.
La economía boliviana se encuentra en recesión con una caída acumulada del PIB del 2,4% en el primer semestre de 2025; una inflación superior al 18% que empobrece a la población y una severa escasez de dólares y combustibles que paraliza sectores enteros.
En este contexto, los retos abarcan la estabilización económica y la recuperación institucional, la justicia social, la ética pública y la salvaguarda ambiental. No habrá margen para la improvisación ni para gestos simbólicos porque la reparación debe ser integral, ágil, sostenida y profunda.
En primer lugar, la crisis económica es ineludible y requiere atender sus causas estructurales y coyunturales con medidas urgentes y reformas de fondo. La sustancial caída de la producción extractiva -que históricamente constituyó la columna vertebral fiscal y exportadora del país- sumada a la paralización de la cadena productiva por bloqueos sociales y fallas logísticas, llevó al país a un estancamiento prolongado. Sectores como comercio, transporte y servicios sufrieron una contracción considerable.
Asimismo, la inflación influyó en la desaceleración del consumo y la alta brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo refleja un desbalance en el mercado financiero y una pérdida de confianza de inversionistas y actores económicos. En suma, se necesita un plan económico realista que incluya estabilización cambiaria, política fiscal responsable y apoyo a sectores productivos estratégicos para generar empleo y mejorar los ingresos de las familias más afectadas.
Paralelamente, la escasez de combustible, reconocida oficialmente con retrasos de distribución de hasta cinco días, generó un efecto dominó que paralizó transporte y comercio, impactando negativamente en el abastecimiento de los mercados y en la movilidad de productos y personas. Esta situación requiere normalizar la logística y garantizar transparencia evitando la especulación o la corrupción que podrían agravar aún más la crisis social.
Otro gran problema que ilustra claramente la mala administración de recursos públicos son los llamados “elefantes blancos”. Bolivia cuenta con al menos 32 proyectos millonarios abandonados o infrautilizados, que significaron un gasto superior a 18 mil millones de bolivianos sin retorno social ni económico tangible. Ejemplos emblemáticos son el Museo de la Revolución Democrática y Cultural en Orinoca, el complejo deportivo Estadio Cosmos 79 en El Alto, el aeropuerto en Copacabana y la sede de Unasur en Cochabamba. Estos proyectos, impulsados en la gestión del MAS, quedaron inconclusos o sin uso funcional, generando peligro e inseguridad o sirviendo como refugios de personas sin hogar o delincuentes. Este derroche debe ser objeto de rigurosas auditorías, eliminación o reasignación de recursos y una reforma profunda en la planificación y control de obras públicas. Solo así podrá evitarse que se repitan errores tan costosos para un país que necesita priorizar la inversión efectiva y social.
En este contexto, resulta llamativo el anuncio del gobierno respecto al pago de vacaciones no gozadas a funcionarios públicos. Si bien se trata de un derecho laboral legítimo, en un momento en que las finanzas públicas se encuentran en límites críticos, esta medida añade presión fiscal adicional. Por ello, sería deseable y un acto ejemplar que los propios funcionarios consideren renunciar a ese beneficio temporalmente, evitando generar una carga mayor al Estado y mostrando compromiso ético con una nación en profunda emergencia. También sería indispensable que asambleístas y representantes donen parte de sus salarios para fortalecer la inversión social en educación, salud y seguridad, ámbitos históricamente descuidados en la agenda pública.
La transparencia y la lucha contra la corrupción son retos centrales. Tras años sin elegir un contralor con autonomía y legitimidad, la convocatoria a la elección del Contralor General del Estado debe traducirse en la designación de una autoridad capaz de fiscalizar sin compromisos ni presiones. Esta figura será clave para supervisar los gastos públicos, recuperar recursos mal gestionados y sancionar irregularidades. Sin este nivel de control y fiscalización efectiva, la impunidad seguirá siendo un obstáculo para el desarrollo y la confianza ciudadana.
Sumado a los problemas financieros e institucionales, Bolivia afrontó en 2024 un gravísimo ecocidio ambiental. Los incendios forestales devastaron más de 12,6 millones de hectáreas, afectando más del 11% del territorio nacional. Los departamentos de Santa Cruz y Beni fueron los más perjudicados, con bosques primarios consumidos que tardarán décadas en recuperarse, pérdidas irreparables para la biodiversidad y riesgos altísimos para comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos ecosistemas. Esta tragedia ambiental es un reflejo de la indefensión institucional y la falta de políticas efectivas para la prevención y el manejo de incendios forestales. El nuevo gobierno debe asumir con urgencia la formulación de un plan nacional ambiental que fortalezca la restauración ecológica, apoye a las comunidades afectadas y prevenga futuras catástrofes.
Finalmente, está el componente ético y judicial, que no puede ser ignorado. La reconstrucción del país requiere justicia efectiva contra expresidentes y funcionarios del MAS vinculados a delitos de corrupción y mala gestión que han dejado al Estado quebrado. Solo un proceso judicial transparente y sin impunidad podrá romper el ciclo de desconfianza y consolidar la gobernabilidad. A su vez, la ética pública reclama que los funcionarios que no actúen con compromiso renuncien voluntariamente para facilitar el ajuste del aparato estatal a las necesidades reales del país. La solidaridad y la austeridad deben convertirse en la norma para legisladores y altos funcionarios, cuyo sacrificio económico y moral puede marcar el inicio del cambio que Bolivia ansía.
En este punto crucial, Bolivia no puede permitirse más divisiones ni confrontaciones políticas estériles. El país necesita unidad, madurez y sentido de responsabilidad de todos sus actores. Tanto el partido ganador como el que resulte derrotado en el balotaje deben entender que la verdadera victoria será la reconstrucción nacional. No hay tiempo para peleas, revanchismos ni discursos que profundicen la polarización. La única salida posible es el trabajo conjunto, el diálogo honesto y la búsqueda de consensos mínimos que garanticen estabilidad y confianza. Solo así se podrá construir una base sólida para enfrentar la crisis y sentar los cimientos de un nuevo pacto social que devuelva esperanza al pueblo boliviano.
Por lo tanto, el próximo gobierno tendrá frente a sí un verdadero reto titánico que exige un plan integral, profundo y coordinado, sin lugar para medidas cortoplacistas o populistas. La estabilización económica, la lucha contra la inflación, la recuperación del abastecimiento, el rescate de la producción nacional, el control efectivo de la corrupción, la defensa del medio ambiente y la justicia social conforman un conjunto ineludible de tareas que determinarán el destino del país por años. No hay espacio para la dilación o las divisiones, el trabajo debe ser desde el primer día con claridad, voluntad y ética.
Solamente mediante un compromiso real con la transparencia, la eficiencia y la justicia, Bolivia podrá salir de este ciclo de crisis prolongadas y encaminarse hacia un futuro de desarrollo sostenible, equidad y bienestar para todos sus ciudadanos. Este escenario exige liderazgo responsable, políticas públicas coherentes y el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas y sociales que conforman la nación. En ello reside la esperanza de transformar un país que hoy parece al borde del colapso económico y moral, pero que aún cuenta con la capacidad y la oportunidad para resurgir.
Dicho de forma categórica, el nuevo gobierno tiene ante sí la enorme responsabilidad y la histórica oportunidad de cambiar el rumbo de Bolivia en beneficio de las mayorías, tomando decisiones difíciles pero necesarias para superar la crisis que hoy paraliza al país y amenaza el bienestar de sus futuras generaciones. Sin descanso y con determinación, será posible enfrentar con éxito todos los retos que se presentan.
Mirna Quezada es comunicadora social y periodista.
