Si el gobierno, cualquiera sea éste, no tiene bien planeada la respuesta a las contingencias descritas, ese sí que sería, sin asomo de dudas, el peor de los escenarios.
Brújula Digital|15|10|25|
Fernando Sánchez G.
No es la situación tan catastrófica como aquella de 1985.Claro que no, amable lector(a). Nuestra querida Bolivia no “se nos muere”, como entonces. Sintomática y metafóricamente hablando, ni siquiera agoniza, pero no cabe duda que se encuentra en terapia intensiva… Y eso es algo muy, pero muy grave.
Sin embargo, no quiero redundar sobre la gravedad de dicha situación, tampoco ponerme a analizar su origen y causas inmediatas; peor, empeñarme en el afán de señalar culpables. Y no vale la pena, insisto, porque espacio suficiente no dispongo, además de ser irrelevante en este escrito.
Pasadas las ansiedades, esperanzas y sorpresas del primer round electoral y de sus efectos colaterales, y dando por sentado que en pocas semanas tendremos un nuevo gobierno constitucional, cabe ahora reflexionar. Imaginar escenarios. Observar in mente –como en el juego de ajedrez– la situación de las fichas existentes (léase ‘actores’), inferir sus intenciones, posibles iniciativas, actitudes y ocurrencia de eventos a corto plazo; es decir, los escenarios: optimista, pesimista y moderado, tal como manda la metodología de análisis estratégico.
¿Tipo de eventos más probables? Pues, los típicos de un escenario pesimista, de violencia in crescendo en determinadas zonas geográficas del país. ¿La amenaza? Ni falta hace mencionarla, porque desde hace mucho tiempo se encuentra en el Chapare, junto a sus narcoaliados y otros auxiliares políticos y sindicales, abiertos y encubiertos, con un multiplicador de fuerza: el autofinanciamiento, narcotráfico mediante. Un peligrosísimo juego en el que el próximo gobierno –de coalición imprescindiblemente– se verá obligado a participar, quiera o no quiera, más temprano que tarde. En realidad, desde el momento mismo de hacerse cargo del timón de la nave estatal.
Esbozado sumariamente el escenario, cabe ahora formular hipótesis complementarias o suposiciones derivadas. Entre ellas destaca una, tan real al imaginarla, que hasta se podría ver y sentir. Una especie de tejido gangrenoso (valga nuevamente la metáfora) con contagio evidente en otras regiones del país, como el altiplano central (“México Chico”), el Valle Alto cochabambino, el norte cruceño y los yungas paceños (Caranavi/La Asunta). Situación que ha venido agravándose más desde principios del siglo XXI, y que no existiría hoy de haberse atendido positivamente las recomendaciones de Inteligencia Estratégica del Cosdena el año 2004, cuando la amenaza era todavía latente y no real, como es ahora.
Ambos aspirantes al poder político aparentan estar aptos y capacitados para ejercerlo. Así lo manifiestan, es obvio, porque ciertamente creen en ello. Por eso mismo es de inferir que, en modo alguno, querrán pasar por tontos. Mas, infelizmente, están incurriendo en ello al otorgar al ámbito económico financiero la prioridad absoluta de sus planes y esfuerzos, sin considerar que, por simple lógica, será de índole político/social, de gobernabilidad inmediata, el magno problema a resolver.
¿Alguien lo duda? ¡Pero si ya lo están anunciando los actores de la amenaza, con bombos y platillos!... Desconocer el pasado inmediato, la historia reciente, es pues una soberana tontería. Ocultar la cabeza, como el avestruz, para no ver el escenario de violencia creciente que se avecina –reitero– desde el instante mismo, si no antes, de la posesión del nuevo gobierno.
Todo porque los planificadores de ambas fórmulas, jefes, asesores y voceros parecen no haber captado todavía la grave falencia habida en la asignación de prioridades para el tratamiento de los problemas. Es decir: no haber diferenciado bien lo “importante” de lo “urgente”.
Dicho de otra forma: de nada servirán las excelencias y bondades de los planes y proyectos económico/financieros a implementar si su aplicación será imposible por la convulsión que –casi con certeza– sobrevendrá antes, sin que el Estado pueda controlarla por la debilidad manifiesta de sus instituciones llamadas a hacerlo. Que no quepa duda de ello.
Para cualquier analista resulta muy cierto el pronóstico y evidente la debilidad: ¿acaso no fueron encarcelados en dos ocasiones (2003 y 2019), los miembros del alto mando militar por actuar en situaciones similares obedeciendo órdenes legales y directas el poder político, amén del pedido angustioso de la población paceña víctima de terrorismo, cerco y bloqueo de alimentos y combustibles? ¿No hemos visto, acaso, hace muy poco, la toma de cuarteles por parte de cocaleros en el Chapare, seguros de la imposibilidad de los militares para usar sus armas, so riesgo de entrar en la cárcel los comandantes?
Como en la metáfora mencionada antes, el tratamiento anti/infeccioso requerirá de medicación fuerte y dosificación continua de los remedios, conforme a la gravedad de cada órgano, antes de que la gangrena cunda y precise de dolorosas y sangrientas amputaciones, como vimos acontecer por décadas en países hermanos y vecinos.
Especificando: existe la necesidad perentoria de implementar un paquete de medidas orientadas a proporcionar el paraguas jurídico adecuado para el accionar del Estado y sus principales herramientas de control y seguridad: la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, en ese orden cronológico de intervención.
Medidas que abarcarán desde reformas parciales e inmediatas a la CPE, hasta las respectivas leyes y decretos reglamentarios. En el paquete destaca nítidamente una carencia de capital importancia: la Ley de Seguridad y Defensa, una especie de macro ley, o ley marco –como quiera llamarse– abarcadora de las leyes orgánicas de las instituciones de seguridad, incluidas las instancias judiciales de régimen especial: estados jurídicos de excepción, zonas y leyes militares, etcétera.
Así se da en todos los Estados medianamente organizados. Baste mencionar dos casos de países hermanos que se vieron en la obligación de lidiar por décadas contra amenazas como la que se esboza aquí: Colombia y Perú, similares también por sus fenómenos subversivos autofinanciados por el narcotráfico.
Sin ese marco jurídico bien regulado en la mencionada Ley de Seguridad y Defensa y toda la economía jurídica subsecuente será imposible la administración legal de la violencia por el Estado generando impunidad para los delincuentes, amén del agravamiento de la enfermedad infecto/contagiosa, manifestado en el desborde de masas amotinadas bloqueando calles y carreteras, amén de sitiar pueblos y ciudades.
Todo el problema, consecuencia lógica y predecible de la repulsa popular a las duras – tan necesarias–, medidas de ajuste preanunciadas por ambas fórmulas aspirantes al poder político. En ese sentido, se remarca también la urgencia de readecuar los códigos militares de justicia con determinación exacta de ámbitos, oportunidades y responsabilidades específicas para su aplicación.
¿Que tenemos algunas semanas todavía? Cierto, pero tan breve plazo se complica, ya que los actores estarán abocados aún a sus campañas que, como andan sus decires y comportamientos, ojalá no conviertan las grietas ya existentes entre ellos en barrancos insalvables.
Será vital pues, que hagan conciencia de que sólo juntos podrán –y podremos todos– sortear la tormenta. Lo dicho: casi no tenemos tiempo y si nos aventuramos, adentrándonos en la mar gruesa, sin velamen fuerte y palos de dura madera o, mejor dicho: si el gobierno, cualquiera sea éste, no tiene bien planeada la respuesta a las contingencias descritas, ese sí que sería, sin asomo de dudas, el peor de los escenarios.
Fernando Sánchez G. es general de la República (SP) y analista estratégico.
