Nuestro país se encuentra ante el reto de un cambio de rumbo que debe ser integral en materia de comercio exterior, y para ello debemos mirar con pragmatismo las experiencias exitosas de nuestro vecindario.
Brújula Digital|13|10|25|
Carlos Alarcón Escóbar
El momento político en Bolivia es sumamente frágil por la crisis económica que se vive y sólo la fuerte convicción democrática de la ciudadanía ha logrado calmar en parte el ambiente polarizado generado por quienes pretendieron ser propietarios del país y lo fundieron en una debacle multidimensional. Todo ese cataclismo político y social nos lleva al momento presente en que se deben reconstruir las instituciones y reencaminar nuestro desarrollo integral como nación.
La crisis que se vive al presente es resultado de la absoluta dependencia de nuestro país de las exportaciones de materias primas, en especial la minería, desde la fundación misma de la República, y en las dos últimas décadas de las exportaciones de hidrocarburos, específicamente gas natural. Los gobiernos pasados no supieron aprovechar períodos de bonanza exportadora para ampliar y potenciar sectores productivos nuevos que le hubieran permitido al país otro enfoque emprendedor y menos clientelar del Estado como es el que se tiene al presente.
En el presente proceso electoral, el mandato brindado por el pueblo en las urnas en la primera vuelta es claro, el país debe cambiar de rumbo, se debe dejar de lado el estatismo y el aislacionismo imperante. En lo que se refiere a nuestras relaciones externas, es obvio que se deben recomponer y fortalecer, las circunstancias y las evidencias del desastre plurinacional así lo ameritan. Eso implica modificaciones trascendentales en materia de política internacional, la apertura al mundo es una necesidad imperiosa para todo fin, desde la parte política, comercial, social y hasta migratoria, ya que, al presente, por el aislacionismo impuesto por el partido que se va del poder, hoy Bolivia tiene el pasaporte más débil de la región, eso como ejemplo.
La decisión política de apertura al mundo
Tomada la decisión política, la apertura al mundo tiene de por sí varios desafíos. El nuevo gobierno que asuma en noviembre y más específicamente las nuevas autoridades de nuestra Cancillería tendrán el enorme desafío de reconducir la política exterior boliviana con mirada de siglo XXI; así Bolivia tendrá la oportunidad de reconfigurar su enfoque en la región y de cara al mundo, con una postura de diálogo y cooperación con todos los países y bloques, apartado de dogmas ideológicos y mirando nuevos esquemas de cooperación regional y global. Esa postura política amplia le permitirá emprender las negociaciones que se requieran para actualizar nuestro relacionamiento en todos los ámbitos.
En esa línea, las prioridades deben estar marcadas por la necesidad de poner en su lugar las relaciones bilaterales, restableciendo la jerarquía de nuestras embajadas y nuestra representación en los más importantes organismos multilaterales. Hay que recordar que las relaciones internacionales están regidas por dos tratados multilaterales, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, así como por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, ambos instrumentos vigentes en Bolivia mediante decretos supremos desde inicios de los años 70’s y ratificados por ley desde 2013.
Por tanto, tener presencia en la comunidad internacional nos obliga como Estado a respetar las normas y procedimientos diplomáticos establecidos a nivel global, esto es, tener relaciones con todos los países a nivel de embajadores que permiten una relación fluida con el Estado receptor.
Afianzamiento de la apertura comercial
Restablecido el orden institucional, se deberá emprender la tan mentada apertura comercial, que no es otra cosa que mejorar nuestro comercio con todos los socios actuales y abordar la apertura de nuevos mercados para productos bolivianos no tradicionales, los cuales pueden ir desde la agroindustria, joyería, industria textilera y otros sectores que puedan convertirse en potencialmente exportables desde las distintas regiones de nuestro país. Para ese fin, se requerirán por supuesto importantes volúmenes de inversión nacional y extranjera privada, que deben ser los impulsores de la nueva economía que se quiere reconstruir.
Pero hay tareas previas por cumplir para avanzar con seriedad por ese camino. Se debe, en principio, en lo interno, realizar cambios urgentes en leyes que se han convertido en verdaderos obstáculos insalvables para la inversión, para la producción y para la exportación en última instancia. Así, se deben modificar o actualizar leyes como la de Inversiones, de Propiedad Intelectual, de Turismo, de Medio Ambiente y otras, así como se deben generar nuevas normas como una ley de comercio de servicios, una ley de compras gubernamentales y otras que serán necesarias para ofrecer a los actores de la economía un escenario de seguridad jurídica que les permita realizar con tranquilidad sus inversiones y actividades productivas, mejoren la competitividad y promuevan la generación de nuevas cadenas de valor en nuestro país.
La otra tarea que debe llevarse a cabo es en el ámbito externo y tendrá una alta complejidad, ya que es en ésta que, de verdad, se busca la apertura al mundo, investigando e identificando potenciales socios comerciales a los cuales se debe buscar interesar a hacer negocios con Bolivia, sobre la base de las garantías jurídicas referidas anteriormente. Junto a ese andamiaje normativo favorable debe presentarse y promover mercados para la oferta exportable boliviana al mundo; ese ya es un trabajo en dos dimensiones, el político y el comercial propiamente dicho.
El trabajo promocional político es abordado por la Cancillería, en coordinación con las entidades estatales y privadas vinculadas al sector productivo nacional y se lleva a cabo a través de nuestras Embajadas en el mundo, en especial en los países objetivo, las cuales deben realizar amplias tareas de cabildeo con las autoridades políticas y comerciales del señalado país receptor a fin de abrir los espacios sectoriales estatales y empresariales para interesar a las contrapartes de las ventajas de los productos bolivianos y de las facilidades que se ofrecen para la inversión extranjera.
De forma simultánea, los operadores comerciales o llamados agregados comerciales tienen la misión de presentar la oferta exportable, conquistar nuevos compradores del mercado objetivo y atraer potenciales inversores. Por tanto, los agregados comerciales son los operadores técnicos de tal apertura; su trabajo lo realizan ante organismos especializados y entidades privadas como gremios empresariales, cámaras de comercio, industria, etc., del país receptor. El agregado comercial se ciñe estrictamente a las instrucciones políticas de promoción y articula las necesidades de los productores y exportadores a quienes representa y los vincula con los mercados objetivo.
Una vez sea identificado el interés de ambas partes, se iniciará el proceso de negociación bilateral multisectorial que considera las diversas áreas y disciplinas que incluye un tratado o acuerdo comercial: comercio de bienes, comercio de servicios, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, compras públicas, propiedad intelectual, migraciones, medidas sanitarias y fitosanitarias y otras más. Ningún país del mundo negocia sólo acceso a sus mercados sino se negocian verdaderos esquemas de intercambio bilateral en materia de comercio e inversiones, esa es la apertura que se debe promover.
Igualmente y dada la trascendencia que tienen, ningún país del mundo negocia este tipo de acuerdos comerciales con agregados o promotores de comercio, ese es un trabajo diplomático del más alto nivel en que dos países comprometerán la fe de sus Estados a través de la firma de un tratado bilateral o un acuerdo comercial que igualmente obliga a ciertos compromisos de las Partes contratantes; en ese esfuerzo son los embajadores los que realizan esas tareas de negociación con ministros de estado y altas autoridades del país receptor, incluidos los presidentes que sólo reciben en audiencias a dichos funcionarios del más alto nivel de representación.
Como ejemplo, de ese trabajo arduo, riguroso y coordinado tenemos a dos de nuestros vecinos, Chile y Perú, países que siguieron ese camino con mucha tenacidad; al presente, Chile tiene suscritos 34 acuerdos y Perú tiene suscritos 22 acuerdos o Tratados comerciales con países del mundo, en especial de la zona Asia-Pacífico.
De tal modo, Perú tiene acuerdos con Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia, entre otros; asimismo, forma parte de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico y es socio del Mercosur. Chile, por su parte, tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea, China, Corea del Sur, Turquía, Malasia, Tailandia, entre otros y es miembro de la Alianza del Pacífico, socio del Mercosur. Ambos países vecinos, para su relacionamiento comercial en la región latinoamericana, utilizan los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) en el marco de Aladi.
Ese amplio listado de Tratados o Acuerdos comerciales les han permitido a ambos países procurarse nuevos mercados para su creciente agroindustria, por ejemplo, posicionándose al día de hoy entre los más importantes productores mundiales de vinos, licores, frutas frescas como uvas, paltas, arándanos y otros más. Les han permitido además reducir las barreras arancelarias, generar un uso intensivo de mano de obra, especialmente en sus respectivos sectores agropecuarios y modernizar sus sectores productivos convirtiéndolos en jugadores de nivel mundial.
La apertura comercial como política de Estado
Todo ello nos muestra que la apertura comercial es una tarea que requerirá mucho esfuerzo institucional, una adecuada planificación y coordinación interna a nivel gubernamental con los sectores productivos a los cuales se buscará promover y posicionar. Debe ser, por tanto, una tarea que debe ser considerada en adelante como política de Estado y no sólo de un gobierno, ya que los avances y consolidación, como vimos, tomarán años y requerirá del compromiso de los partidos y líderes políticos para garantizar su continuidad en el tiempo.
Debe quedar claro que todo el esfuerzo descrito, requiere la conformación de importantes equipos especializados de diplomáticos negociadores, acompañados de otros expertos sectoriales para los distintos ámbitos y sectores productivos en las distintas materias que se vayan a negociar. Por ello, será prioritario el restablecimiento de la institucionalidad diplomática profesional como requisito sine qua non para el logro de los objetivos estratégicos nacionales. En adelante, el tener un cuerpo diplomático profesional especializado al servicio de los intereses del país más que a los de un gobierno, debe ser también considerada otra política de Estado de la más alta consideración.
Dentro de los esfuerzos señalados, también deben tener prioridad las ventajas arancelarias perdidas con Estados Unidos y la Unión Europea, que eran privilegios compensatorios por la lucha contra el narcotráfico. Esa es otra tarea pendiente de la más alta prioridad.
La Comunidad Andina, mecanismo subregional del cual somos miembros, es al presente, el único mecanismo comercial que tenemos como plataforma para nuestro comercio regional y su acervo comercial, normativo y arancelario debe ser la base para la apertura señalada y no debiera afectarse de ninguna manera. En esa línea, la doble pertenencia a la CAN y al Mercosur es un desafío que deja el gobierno saliente, mismo que debe evaluarse sin apasionamientos, ya que a todas luces tiene más desventajas en la perspectiva de mirar a los mercados de Asia-Pacífico, que debieran ser el principal objetivo de diversificación de nuestra oferta exportable. El Mercosur se debate aún en la disyuntiva de abrirse al mundo o permanecer en el proteccionismo abierto o encubierto. Su norma de negociaciones con terceros es sumamente severa a la hora de que un país miembro pretenda negociar algún acuerdo por su cuenta y tiene una política arancelaria proteccionista que desincentiva la competitividad necesaria para los intereses de Bolivia.
Si nuestro país quiere tener un enfoque fresco y renovado de comercio no debe estar atado a acuerdos de por si complicados en su administración; a fin de cuentas en tanto no se consolide nuestro proceso de adhesión plena al Mercosur hasta 2028, sigue vigente el Acuerdo de Complementación Económica Bolivia-Mercosur (ACE N° 36) en el marco de Aladi, el cual fenecerá una vez se consolide la adhesión plena, de no completarse tal adhesión dicho ACE N° 36 seguirá vigente, el cual, para las circunstancias presentes y futuras de nuestro comercio con ese bloque, es más que suficiente con algunos ajustes que pueden negociarse en el futuro inmediato.
Mucho más importante para Bolivia es mirar nuevos socios inversores y mercados potenciales para la producción no tradicional y, de ese modo, consolidar el sello Hecho en Bolivia con solvencia, seriedad y mirada de largo plazo. Sin duda, nuestro país se encuentra ante el reto de un cambio de rumbo que debe ser integral en materia de comercio exterior, y para ello debemos mirar con pragmatismo las experiencias exitosas de nuestro vecindario.
Carlos Alarcón Escobar es analista y diplomático.
