Gobierno anuncia denuncia penal contra Morales por siete delitos tras bloqueos y amenaza de cerco a ciudades

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El Gobierno formalizará este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por la presunta comisión de siete delitos, vinculados a los recientes bloqueos de caminos y cercos a ciudades, acciones impulsadas por sectores afines al exmandatario. Así lo confirmaron el ministro de Justicia, César Siles, y el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

La denuncia será presentada por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), una entidad estatal encargada de la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables. El ministro de Justicia, César Siles, sostiene que Morales ha incurrido en delitos de acción pública, con base en evidencias, audios y acciones que, según el Gobierno, buscan desestabilizar el orden democrático para forzar su habilitación como candidato presidencial, pese a estar inhabilitado por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Los siete delitos por los que será denunciado Evo Morales:

1.            Terrorismo

Por promover actos que, según el Gobierno, buscan generar terror en la población mediante bloqueos prolongados, amenazas y desabastecimiento de insumos esenciales como alimentos, combustible y medicamentos.

2.            Instigación pública a delinquir

Por incitar a la población a cometer delitos mediante llamados públicos a bloquear carreteras y cercar ciudades, instruyendo movilizaciones con fines políticos.

3.            Desobediencia a resoluciones constitucionales

Morales estaría incumpliendo una sentencia constitucional del 23 de diciembre de 2022 que le prohíbe vulnerar derechos como la libre locomoción, acceso a la educación y trabajo. Esta sentencia concedió tutela a ciudadanos afectados por anteriores bloqueos liderados por el exmandatario.

4.            Atentado contra la libertad del trabajo

Por impedir, a través de bloqueos, que trabajadores y empresas puedan operar con normalidad, afectando el sustento de miles de familias.

5.            Atentado contra medios de transporte

Por obstruir la libre circulación de vehículos, incluyendo ambulancias y cisternas, lo que pone en riesgo vidas humanas y el suministro básico de combustible.

6.            Atentado contra servicios públicos

Al interrumpir los servicios de salud, transporte y distribución de bienes esenciales, Morales habría violado el Código Penal, que sanciona el sabotaje a servicios esenciales.

7.            Obstaculización de procesos electorales

El Ejecutivo sostiene que el objetivo de Morales es impedir la realización de elecciones judiciales, lo que constituye delito electoral. La ley sanciona con entre dos y cinco años de prisión a quienes obstaculicen procesos electorales o impidan el trabajo de las autoridades electorales. Además, conlleva la inhabilitación del cargo público por dos años.

“Su batalla final no es del pueblo boliviano”

El ministro de Gobierno señaló que Morales “ha declarado una batalla final” que no es contra el Gobierno, sino “contra el pueblo boliviano”. Denunció que existen audios que evidencian que Morales instruyó el cerco a las ciudades y pretende imponer una “candidatura inconstitucional”, buscando la renuncia del presidente Luis Arce.

“El Gobierno no responderá con violencia ni derramamiento de sangre como pretende Morales. Vamos a actuar dentro del marco constitucional y de la ley para proteger la vida y los derechos de los bolivianos”, afirmó Ríos.

El Ministro también reportó que durante los últimos días se han registrado al menos 26 policías heridos en los operativos de desbloqueo en Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí, además de agresiones contra ambulancias, paramédicos y personal de servicios esenciales. De 167 cisternas previstas para circular, solo 31 lograron pasar por los bloqueos este martes.

El Gobierno garantizará elecciones y orden público

Ambas autoridades coincidieron en que las acciones de Morales buscan anular las elecciones judiciales y provocar una crisis institucional. El Gobierno reiteró que garantizará la realización del proceso electoral “no solo con recursos, sino con el uso, si es necesario, de la fuerza pública”.

La denuncia contra Morales se suma a otras ya presentadas. En Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) denunció amedrentamientos; en Cochabamba, se presentaron denuncias similares. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también remitió una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hará lo propio en los próximos días.

Finalmente, el ministro Siles advirtió que, de continuar con estas acciones, podrían configurarse crímenes de lesa humanidad, debido a la afectación sistemática de derechos fundamentales de la población.

“Pedimos al Ministerio Público admitir la denuncia, formar una comisión de fiscales y actuar con celeridad para identificar a los responsables de estos hechos que atentan contra la democracia, el orden jurídico y los derechos del pueblo boliviano”, concluyó.

BD/LE