Agenda para las elecciones: La sociedad civil plantea presupuesto judicial del 3% y otras 160 propuestas para la justicia y los DDHH

Brújula Digital|17|05|25|

Sumando Voces, Mery Vaca

En el marco del proceso previo a las elecciones generales, una articulación de organizaciones de la sociedad civil presentó una agenda para la justica y los derechos humanos que incluye 160 propuestas, entre ellas, el incremento del presupuesto del Órgano Judicial al menos hasta el 3% del total de los ingresos del Tesoro General de la Nación, frente a la actual asignación del 0,42%.

Estas propuestas, que están enmarcadas en recomendaciones y estándares internacionales, están orientadas a los partidos y candidatos que participarán de las elecciones generales del 17 de agosto próximo.

La agenda fue promovida por la coalición de Organizaciones de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal (EPU), que articula a más de 300 organizaciones, y por la Plataforma Ciudadana de Acceso a la Justicia y DDHH, que articula a 80 entidades. La agenda fue construida en nueve mesas departamentales y presentada este viernes en La Paz.

Entre las recomendaciones referidas al sistema de administración de justicia, las organizaciones piden “garantizar la asignación presupuestaria de al menos 3% del TGN al Órgano Judicial para asegurar la plena cobertura geográfica del sistema de justicia, los recursos técnicos necesarios y el personal suficiente y especializado”.

Las organizaciones indican que Bolivia está entre los países de la región de menor asignación presupuestaria para la justicia y, en una tabla, muestran que el promedio de la asignación es de 0,48% en los últimos años.

Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, que junto a la Comunidad de Derechos Humanos impulsaron la elaboración de la agenda, indicó que independientemente del partido al que pertenezcan las nuevas autoridades “tienen que cumplir con mandatos internacionales que son vinculantes para el Estado boliviano y creemos como sociedad civil que cualquier plan (de Gobierno) tiene que contemplar a los derechos humanos como un eje transversal”.

Mónica Bayá, directora de la Comunidad de Derechos Humanos, informó que las propuestas van desde lo presupuestario hasta mejorar el acceso a la justicia en las áreas más remotas de nuestro país. Mencionó que esta agenda está basada en las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, la CIDH y otras entidades.

La agenda está estructura en cuatro grandes temas (sistema de justicia, justicia plural, libertades fundamentales y defensores de derechos) y en 13 subtemas y, punto a punto, fue presentada por representantes de la sociedad civil que llegaron de diferentes lugares de Bolivia a La Paz.

Justicia independiente

La propuesta para el sistema de administración de justicia empieza pidiendo “plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales, y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias”.

Luego, las organizaciones hacen una serie de recomendaciones para encarar la reforma judicial, siempre con la participación de la sociedad civil.

Sobre el acceso de la justicia para las mujeres, proponen, entre otras cosas, crear juzgados especializados, dotar de ítems necesarios y dar estabilidad a los funcionarios de la FELCV.

La propuesta también incluye un plan integral contra todo tipo de violencias contra la  niñez e impulsar leyes para tipificar delitos por prejuicio basados en la orientación sexual.

Por otro lado, la agenda contiene recomendaciones para una reforma carcelaria basada en derechos humanos, como un presupuesto adecuado para Régimen Penitenciario, reducción del uso de la detención preventiva, adopción de manillas electrónicas, entre otras.

En el tema del pluralismo jurídico, las organizaciones proponen fortalecer la justicia indígena originaria y campesina, entre otras medidas para su aplicación en igualdad de condiciones con la justicia ordinaria.

Libertades fundamentales

En el tema de las libertades fundamentales, la agenda recomienda “garantizar y proteger, sin ninguna discriminación, a medios de comunicación y periodistas ante los hechos de agresiones y amenazas contra la integridad y la vida”, así como “garantizar y asegurar mediante Decreto Supremo, la distribución equitativa de la publicidad estatal oficial a todos los medios de comunicación en igualdad de condiciones y sin ninguna discriminación”.

En este acápite demandan la aprobación de una ley integral de acceso a la información pública y garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en matera de información ambiental.

Respecto a la libertad de asociación, la agenda demanda “modificar y/o eliminar a la brevedad posible todas las disposiciones que restrinjan de manera desproporcionada la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de operar de manera libre, independiente y efectiva”.

Y respecto a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, exigen la aprobación de una ley para su protección.

Tags:

• elecciones 2025