TCP rechaza denuncias de chantaje y ratifica fallo que prohíbe reelección presidencial indefinida

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó este miércoles la validez del fallo que prohíbe la reelección presidencial indefinida en Bolivia. El decano del TCP, Yván Espada, afirmó que las acusaciones de un presunto chantaje institucional carecen de fundamento y negó que exista presión alguna del alto tribunal al Órgano Legislativo.

“Ante una serie de especulaciones infundadas de diferentes actores políticos que han declarado el día de hoy, queremos decirle al pueblo boliviano que el Tribunal Constitucional tiene por misión velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y vigilar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales en todos los ámbitos”, expresó Espada.

El magistrado lamentó que, en pleno desarrollo del proceso electoral, algunos actores intenten poner al TCP “en el centro de sus disputas políticas y electorales a través de especulaciones que no tienen fundamento”. Espada subrayó que fue este Tribunal el que emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023 y el Auto Constitucional 0083/2024, resoluciones que establecen con claridad los límites al número de mandatos presidenciales que puede ejercer un ciudadano.

El fallo, emitido en noviembre pasado por la Sala Cuarta del TCP, establece que no existe un derecho absoluto a la reelección, continua o discontinua, para el cargo de Presidente. Espada también recordó que la decisión se basa en la opinión consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que “la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”. En esa línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe 121/24 de inadmisibilidad, reconoció que Bolivia revirtió su jurisprudencia anterior al prohibir la reelección indefinida.

Las declaraciones del magistrado surgen en respuesta a versiones difundidas por legisladores opositores, particularmente la diputada Luciana Campero, quien denunció un supuesto chantaje institucional desde el TCP al Legislativo. Según esas versiones, los magistrados estarían condicionando la inhabilitación de Evo Morales a la aprobación de una ley que respalde la permanencia de los jueces prorrogados en sus cargos.

“No necesitamos de ninguna ley que nos blinde”, replicó Espada, desestimando por completo la denuncia. Asimismo, garantizó la realización normal de las elecciones generales previstas para agosto.

BD/RED