Justicia argentina reabre causa contra Evo Morales por corrupción de menores tras apelación de Fundación Apolo

Brújula Digital |22|04|25|

La Justicia de Argentina determinó este martes, 22 de abril, reabrir la causa contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presuntos delitos de corrupción de menores, tras aceptar una apelación presentada por la Fundación Apolo. El caso fue archivado en enero de 2025 por decisión de primera instancia, pero la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó su continuidad al considerar que el cierre fue prematuro y que era necesario avanzar en la investigación.

José Lucas Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo, confirmó a El Deber que la apelación permitió que la causa siga activa y, además, que su organización pueda participar como querellante. “Antes estábamos solo como denunciantes y dependíamos de la iniciativa del fiscal. Ahora podremos proponer pruebas, controlar el proceso y pedir nuevas diligencias”, sostuvo Magioncalda desde Buenos Aires.

El jurista informó que, entre los elementos que planean presentar, figura la declaración de Angélica Ponce, exdirigente de las mujeres interculturales de Bolivia, quien —según Magioncalda— ya tramita su testimonio en la justicia boliviana. Asimismo, la Fundación solicitará que declaren como testigos el expresidente argentino Alberto Fernández, policías que custodiaron a Morales durante su asilo en Argentina entre 2019 y 2020, y funcionarios de su entorno. 

Según Magioncalda, el gobierno de Fernández “no quiso brindar información sobre lo ocurrido ni sobre quién financiaba la lujosa residencia donde vivía Morales en Buenos Aires”. Añadió que existe una persona que conocía los nombres de quienes frecuentaban ese domicilio y que también podría ser convocada.

Denuncia por corrupción de menores

La Fundación Apolo presentó en noviembre de 2024 una denuncia penal contra Evo Morales por supuestos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y corrupción de menores, presuntamente cometidos durante su estadía en Argentina. La acusación incluyó testimonios y documentos que apuntaban a que Morales habría convivido con menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.

Según la denuncia, difundida por el diario Clarín, Angélica Ponce declaró que, durante sus visitas a la residencia de Morales, observó a adolescentes realizando tareas domésticas y “recibiendo un trato servil”. Afirmó además que allegados al expresidente entregaban niñas como obsequios para obtener favores políticos, una práctica —según su versión— conocida en los círculos de confianza de Morales.

La denuncia, presentada por el legislador liberal Yamil Santoro, junto a Magioncalda e Ignacio Falcón, fue radicada ante la jueza federal María Servini bajo el expediente CFP 4621/2024.

Archivo, reapertura y contexto

En enero de 2025, la jueza Servini desestimó inicialmente la causa por recomendación del fiscal Eduardo Taiano, quien argumentó que no existían elementos suficientes para avanzar. Defensores de Morales, como José Schulman, calificaron el proceso de “político, sin fundamentos ni pruebas”. Sin embargo, la Cámara Federal consideró, tras la apelación de la Fundación Apolo, que el archivo fue precipitado y ordenó reanudar la investigación.

La Fundación Apolo recordó además antecedentes de denuncias similares contra Morales. En 2020, medios bolivianos divulgaron información sobre una presunta relación sentimental con Noemí Meneses Chávez, quien habría sido menor de edad al inicio del vínculo.

Durante la gestión de Alberto Fernández, Morales recibió asilo político, además de privilegios como el uso de avión presidencial y custodia oficial. El actual gobierno de Javier Milei revocó dicho estatus.

La causa se encuentra nuevamente en etapa de investigación, con la Fundación Apolo habilitada como querellante, lo que les permitirá presentar pruebas y exigir diligencias. Desde la organización afirmaron que esperan que la justicia actúe con imparcialidad y celeridad.

BD/RED