¿Vencer al COVID-19 con bloqueos y enfrentamientos callejeros?

Ningún otro país de la región sufre una escalada vertiginosa de conflictos en plena pandemia. La crisis política ha superado hasta al Covid como noticia de primera plana y foco de interés público. Entender a los actores principales de esta crisis y sus métodos es importante para vislumbrar los desenlaces que se están produciendo. 

De un lado está el MAS que ha perdido la principal llave de victoria electoral: el fraude vía TSE. Su fuerza consiste en controlar la Asamblea Legislativa, la Defensoría del Pueblo, (¿partes?) del poder judicial, seis gobernaciones y 227 municipios. Es un poder totalitario chuto porque no controla piezas claves del andamiaje estatal: el Poder ejecutivo y los aparatos de represión estatales.

Conviene prestarle atención a cómo cada pieza de su estructura se ha posicionado en los últimos meses. 

Desde la Asamblea Legislativa se perfila el bloqueo al Ejecutivo. Prioriza la guerra política y el potencial descarrilamiento de las elecciones por lo que se rehusaron a un acuerdo previo con el TSE para mover la fecha de las elecciones al 18 de octubre.

La Defensoría del Pueblo, es su principal medio de denuncia internacional. Ha logrado, pese a la debacle de su imagen interna, posicionarse externamente como “la fuente” testimonial de las denuncias y monitoreo de la CIDH y otros organismos internacionales de DDHH. Están detrás de cada acto de violencia promoviendo la protección de los grupos autoconvocados que resultan, por su intervención, de verdugos a victimizados.

En algunas regiones las gobernaciones cumplen el rol departamental que a nivel nacional la Asamblea Legislativa: proyectar un poder paralelo y bloquear o contrarrestar a los otros grupos rivales. Es el caso de la gobernación de Cochabamba, que opera como el comando departamental masista. Su fin es dar batalla regional al gobierno nacional. 

Las alcaldías son el medio más efectivo de sustento de la violencia autoconvocada. Esto no es nuevo. En las jornadas de 2019, desde ellas se desataron los hechos más sangrientos: tomemos por caso Montero (2 asesinatos a bala y varios grupos insurgentes que armados sembraron terror bajo el auspicio del entonces alcalde) y la Alcaldía de Vinto a la cabeza de Patricia Arze (la verdugo/victima) que cobijó los dinamitazos, el apaleamiento y lapidación a jóvenes hasta la muerte. El lado más duro opera desde el corredor municipal cocalero Sacaba-Yapacaní. 

Efectivamente, los actuales bloqueos de carreteras han sido posibles gracias a la logística y maquinaria de estos municipios. Aquí yace el verdadero poder del MAS, lo que podríamos denominar el esqueleto estatal del partido. Todos los actuales puntos de bloqueo se superponen a los municipios manejados por ese partido ¿casualidad o causalidad? 

Los ponchos rojos (que tanto gustan a algunos afiebrados) pasaron hace años de ser una organización tradicional (que raramente vestía su característica indumentaria) a grupos de choque disfrazados al servicio del ex alcalde de Achacachi. Las Fedjuves y otros grupos dirigenciales de El Alto son permanentes disputantes de ese poder local, que no es cualquier poder como se vio desde 2003. Posicionarse en El Alto les da acceso a altos cargos en el poder nacional (ministerios cuando menos, ¡hasta con Añez!), y por supuesto local. Poder que no es otra cosa que una ventana de oportunidad a negocios millonarios como demostró el difunto Braulio Rocha.

Por otro lado, la otra fuerza política en pugna es el actual gobierno. Podría caracterizarse como una suerte de una manta zurcida de varios retazos de telas viejas de los efímeros partidos que hicieron oposición funcional al MAS los 14 años de su gobierno. 

El círculo inmediato a Añez son los verdes de Santa Cruz. Grupo político que en las pasadas elecciones perdió hasta el apoyo electoral cruceño y pasó a ser una fuerza política en vías de extinción. La crisis fue su salvavidas. La salida institucional los puso al frente del gobierno teniendo apenas un puñado de asambleístas y la gobernación de Santa Cruz de respaldo.

Por ello son un gobierno extremadamente débil que se sustenta en base al inmenso descontento social con la salida/retorno del MAS, pero que tienen, de momento, el mando de las fuerzas represivas estatales. 

Dada su extrema debilidad, al gobierno se le arriman grupos prebendales tradicionales (como los banqueros y soyeros) y emergentes (grupos cooperativistas) que condicionan su apoyo a cada momento. La cúpula gubernamental eclosiona permanentemente: se ha renovado casi en su totalidad en menos 9 meses de gestión. ¡Todo un record!

En ambos grupos existen guerreros digitales. Gente profesionalizada en el arte de maximizar los hechos y volcar apoyos sociales a la pugna política. Su principal arma es la desinformación. Su estilo es el uso de los racismos y clasismos latentes que emergen especialmente en las redes sociales por los ánimos caldeados.

De cierta forma, lo que estamos viendo en estos días es una reedición de las penosas jornadas de octubre y noviembre de 2019 aunque con rasgos todavía más criminales por la pandemia.

Los dos grupos, como señaló en su momento Lavaud respecto de las pugnas por el control estatal, dependen vitalmente de su control. Esta querella por el control estatal tiene que ver, también, con el poder de anular el control estatal a actividades extractivas como el narcotráfico de la cocaína, la explotación de minerales o la quema de bosques para el agronegocio. No en vano los rostros (recalcitrantes) del pugilato tienen a estos de protagonistas principales.

No es que no existan otros actores u otras pugnas, como suele pasar con las fogatas, las chispas saltan hacia donde menos se espera. Sin embargo, en esta yace la clave de la crisis y sus posibles desenlaces.

Marco Gandarillas es sociólogo.