Un país en transición

Percibimos que la sociedad y la economía de Bolivia están cambiando, pero todavía no hemos llegado a entender y formular esa transición correctamente. Este artículo busca constituirse en un modesto aporte en esa búsqueda.

Durante décadas, la economía boliviana giró en torno al sector público que controlaba dos sectores claves, la minería y los hidrocarburos. Con sus ingresos se financió los servicios básicos (educación, salud, etc.), las obras de infraestructura y algunas empresas productivas. El gasto público apalancó inversiones en el sector privado. Teniendo bajo su dominio los principales sectores exportadores, el estado era el principal oferente de divisas, además producía carburantes lo que le permitió tener el monopolio en ese campo.

En los años 80, por una decisión política en un contexto de precios bajos de los minerales, el Estado decidió ceder el control de la minería a empresas privadas y a miles de trabajadores informales. Años después, los precios de todos los minerales se recuperaron y el oro ingresó en un periodo de auge que no termina. El Estado, sin embargo, no se beneficia de ello pues perdió el control del sector, incluso la recepción de impuestos. Entre tanto, los nuevos actores realizan pingues ganancias con la exportación de 3.000 millones de dólares anuales de oro y otro tanto de otros minerales. Las cooperativas mineras tienen alrededor de 180 mil miembros y han llegado a tener mucha fuerza política.

Por su parte, en el oriente boliviano se tiene actores muy prósperos con base en la actividad agropecuaria orientada a la exportación. El año pasado exportaron 276 millones de dólares en carne, prácticamente comenzando de cero hace unos cinco años. Las exportaciones de soya y derivados fluctuaron en los últimos años entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Las de frutas y verduras, alrededor de 500 millones de dólares. Los prósperos empresarios no pagan impuestos. Sus actores no son muy numerosos, pero se han dotado de una importante fuerza política.

Un tercer sector privado que ha adquirido gran importancia económica y política es el constituido por miles de trabajadores informales en el comercio y en el transporte. Muchos de ellos han llegado a acumular fortuna apreciables y entre todos ellos tienen gran incidencia política y económica. Por definición no contribuyen al erario nacional.

Los ingresos de estos tres sectores y posiblemente de otros más permiten funcionar a la actividad privada. Los negocios de electrodomésticos están repletos de artículos de última generación y de muchos clientes. La importación de autos ha disminuido, pero todavía está en niveles importantes. Los mercados populares están abastecidos. Los clientes pululan en restaurantes baratos y caros. Los precios han subido entre un 10 y 15 por ciento cuando se podía esperar más teniendo en cuenta el relajamiento de la política monetaria. Políticas erradas y comportamientos aviesos de los bancos, expulsaron a los exportadores del sistema financiero formal obligándolos a buscar refugio en el mercado informal de dólares.

La “crisis”, de la cual todos hablan, es una crisis fiscal y de balanza de pagos. El déficit fiscal está alrededor del 10% del PIB como consecuencia de la drástica disminución de las exportaciones de gas, las reservas internacionales están agotadas y el Estado pasó de ser productor de carburantes a importador, vendiéndolos a un precio menor al que pagó en el exterior..

Es un contexto fácil de describir: el ingreso del Estado está mermado, la mayor parte de sus gastos son inflexibles, los sectores que más podrían pagar impuestos no lo hacen y el Estado tiene una gran dificultad para continuar asumiendo la función de proveedor de dólares y de carburantes importados. Paralelamente, emergen algunos sectores privados con mucha fuerza tendiendo a desplazar al Estado de su posición hegemónica en la economía y de proveedor de dólares.

Inquieta el rumbo que está tomando esta transición. En forma especulativa, se puede diseñar algunos posibles escenarios futuros. Si todo sigue como hasta ahora, el Estado podría implosionar sin ingresos suficientes para asumir los gastos en educación, salud, etc. y con el debilitamiento cada vez mayor de las instituciones públicas (justicia, superintendencias, etc.), inmerso en una situación de ingobernabilidad. En la hipótesis optimista, el Estado dejará de ser proveedor de dólares y de gasolina importada a bajo precio, solucionará sus problemas fiscales con los impuestos que pagaran los ahora eximidos de juri y de facto, la oferta de dólares provendrá de los exportadores, habrá libre importación de carburantes y las instituciones estatales funcionaran mejor. El Estado manejará con esmero los recursos recibidos y no habrá corrupción.

Posiblemente, ninguno de estos escenarios se realice. ¿Cuál será el rumbo que tome la economía y la sociedad en los próximos años?

Rolando Morales Anaya es PhD en economía.