Tratamiento de basura en Bolivia, un problema no resuelto

En Bolivia, la gestión de residuos sólidos y líquidos se ha convertido en un problema crítico que amenaza la convivencia social, la salud pública y el medio ambiente. A pesar de la existencia de marcos legales como la Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos, la implementación efectiva de políticas públicas de separación, tratamiento y disposición final de residuos sigue siendo deficiente. La falta de infraestructura, tecnología adecuada y la incipiente conciencia ciudadana agravan esta situación, especialmente en los municipios con mayor densidad poblacional.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se recolectaron en Bolivia 1,6 millones de toneladas de residuos sólidos.​ Del total de residuos recolectados, la mayor parte corresponde a la ciudad de Santa Cruz, con un 36%, seguida por El Alto, con un 17% y La Paz, con un 13%. Cochabamba genera más de 140.000 toneladas de residuos sólidos al año, lo que representa aproximadamente el 8,4% del total nacional. ​El restante de basura es generado por el resto de las ciudades, donde, por ejemplo, Trinidad y Cobija representan solo el 3% del total.​

Respecto al tipo de procedencia de los residuos sólidos, se ha identificado que el 85% es domiciliario, el 10% proviene de mercados, el 1% de áreas públicas, el 3% de otros (residuos recolectados de industrias, mataderos y otros) y solo un 0,43% de hospitales. ​

Estos datos reflejan la magnitud del desafío que enfrenta Bolivia en términos de gestión de residuos y la necesidad urgente de implementar políticas efectivas para su manejo adecuado.

La Ley N° 755 establece principios fundamentales para la gestión integral de residuos, incluyendo la responsabilidad compartida, la sostenibilidad y la protección de la salud y el medio ambiente. Sin embargo, en la práctica, estos principios no se han traducido en acciones concretas y sostenibles. La separación de residuos en origen es prácticamente inexistente, y la mayoría de los municipios carecen de plantas de tratamiento eficientes.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, más del 90% de los municipios bolivianos disponen sus residuos en botaderos a cielo abierto, sin medidas adecuadas de control o tratamiento. Esta práctica no solo contamina el suelo y las fuentes de agua, sino que también representa un riesgo significativo para la salud de las comunidades cercanas.

Los municipios con mayor población, como La Paz, El Alto y Santa Cruz, enfrentan una crisis de espacio para la disposición de residuos. Ante la saturación de sus botaderos, se han visto obligados a negociar con municipios vecinos que aún disponen de terrenos disponibles. Si bien esta estrategia puede parecer una solución temporal, plantea preocupaciones sobre la equidad y la sostenibilidad. Los municipios receptores, a menudo con menos recursos, pueden verse afectados por la contaminación si no se implementan tecnologías adecuadas para el tratamiento de residuos.

En este contexto, se han generado recientemente varios conflictos sociales que ilustran la gravedad del problema. En abril de 2025, Cochabamba vivió una crisis por el cierre del botadero de K'ara K'ara, respaldado por una decisión judicial. Los vecinos bloquearon el ingreso de residuos durante semanas, generando una acumulación de más de 13.000 toneladas de basura en las calles. En La Paz, la saturación del relleno de Alpacoma ha desatado tensiones con comunidades vecinas que rechazan nuevos botaderos. Y en Santa Cruz, el deficiente manejo del relleno de Normandía ha provocado alarma ambiental por el riesgo de contaminación masiva.

La falta de plantas de tratamiento modernas y eficientes es otro obstáculo significativo. Bolivia carece de instalaciones capaces de procesar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos, lo que limita las opciones para una gestión sostenible. Además, la ausencia de incentivos para la inversión en tecnologías limpias y la escasa participación del sector privado dificultan la implementación de soluciones innovadoras.

Sin embargo, es importante destacar que una gestión adecuada de los residuos no solo previene daños ambientales, sino que también puede generar beneficios económicos y empleo. La valorización de residuos —a través del reciclaje, la producción de compost, materiales o la generación de energía— representa una oportunidad de negocio para emprendedores/as y cooperativas, al mismo tiempo que contribuye a la economía circular.

Por ejemplo, en Medellín (Colombia), la empresa EMVARIAS ha implementado un sistema de recolección y tratamiento que permite clasificar residuos y aprovechar insumos reciclables, generando ingresos para más de 2.500 recicladores/as. En Lima (Perú), proyectos como "Ciudad Saludable" han demostrado que el reciclaje formal, con apoyo municipal y tecnología, puede transformar condiciones de vida precarias en oportunidades económicas. Estos modelos podrían ser replicables en Bolivia con voluntad política, apoyo técnico y participación ciudadana.

La gestión de residuos en Bolivia requiere de un enfoque integral y planificación regional que combine la implementación efectiva de políticas existentes con inversiones en infraestructura, tecnología y educación ciudadana. Lo primero que requieren los municipios es contratar una empresa consultora especializada para elaborar los Términos de Referencia para la licitación del proyecto de tratamiento de basura. Es esencial fomentar la separación de residuos en origen, desarrollar plantas de tratamiento modernas y establecer mecanismos de cooperación equitativos entre municipios. Solo a través de un compromiso conjunto entre el gobierno, las comunidades y el sector privado se podrá avanzar hacia una gestión de residuos que proteja la salud pública, promueva la economía verde y preserve el medio ambiente para las generaciones futuras.