El municipio es el nivel del Estado más próximo al ciudadano. La infraestructura y lo servicios a su cargo son elementos fundamentales para determinar la calidad de vida de los ciudadanos, tanto a través de la infraestructura que gestionan como de los servicios públicos a su cargo.
Sin embargo, con muy pocas excepciones, la gran mayoría de las autoridades municipales terminan sus gestiones con altos niveles de rechazo en la opinión pública por la combinación de ineficiencia y corrupción. Las próximas elecciones autonómicas deben ser una oportunidad para que esta situación cambie.
Según los datos del último censo, la población urbana en Bolivia supera ya el 71 % de la población, una tendencia que solo se acentuará en los próximos años y que cambia sustancialmente las necesidades de la gente y las responsabilidades del nivel municipal para atender la demanda de obras y de servicios derivados de este explosivo crecimiento demográfico. Particularmente en las ciudades capitales, las tres grandes regiones metropolitanas y las decenas de ciudades intermedias.
Una buena gestión municipal debe contar con equipos técnicos y profesionales capaces de planificar y ordenar el desarrollo urbano de sus jurisdicciones, integrando el crecimiento poblacional en el territorio con las infraestructuras que requieren las personas en las distintas zonas de la ciudad: vías, escuelas, hospitales, mercados, plazas y parques, centros deportivos, drenaje y alcantarillado, entre otros.
Aunque la infraestructura generalmente ocupa la mayor parte de la atención y los recursos de los gobiernos municipales, lo más complejo es la administración de los servicios, como la gestión del sistema de salud en el primer y el segundo nivel, el desayuno escolar, el mantenimiento de las escuelas, el recojo y procesamiento de la basura, la limpieza de calles y parques, y la seguridad ciudadana, que debieran brindar alrededor de los centros de alta concurrencia publica, como los mercados, entre otros.
Lo que sucede en todos los niveles del Estado es que las autoridades priorizan las construcciones sobre los servicios porque se pueden ejecutar antes de la siguiente elección para inaugurarlas y utilizarlas en la próxima campaña, mientras los servicios demandan un proceso continuo de mejoras que no puede ser “inaugurado” y que demandará varias gestiones para consolidar su desarrollo.
Sin embargo, la cobertura y adecuada prestación de estos servicios son los que constituyen las condiciones propias de una sociedad desarrollada con respeto a la ley y al orden, así como las garantías a los derechos de los ciudadanos, como la propiedad sobre sus viviendas y negocios. Sin estas condiciones no habrá oportunidades de progreso para el conjunto de la población ni los negocios podrán prosperar en la formalidad.
Una buena gestión municipal puede cambiar sustancialmente las condiciones para la atracción de inversiones y la creación de empleos, con el consecuente impacto positivo sobre la movilidad social y la expansión de la clase media.
Los gobiernos municipales tienen espacios de autonomía mucho más grandes que los de las gobernaciones y mayores niveles de ingresos propios; tienen atribuciones y competencias que son fundamentales para el bienestar y la prosperidad de la población.
Lamentablemente, la mayor parte de la experiencia en las últimas décadas ha sido deplorable. La falta de conformación de equipos técnicos y profesionales, la politización de todas sus instancias y la corrupción, derivada de la complicidad entre los ejecutivos y los concejos municipales, han ocasionado un alto nivel de frustración de la ciudadanía con sus autoridades ediles por el evidente despilfarro de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito, en el cual incurren la mayoría de sus administradores.
Las próximas elecciones municipales debieran ser una oportunidad para que, en un escenario de reconstrucción democrática, los municipios puedan institucionalizarse, abrirse al escrutinio publico mediante mecanismos de transparencia administrativa. Conformar equipos de gestión pública con mayores niveles de eficiencia, desarrollar mecanismos de concesiones y de alianzas publico privadas para expandir la infraestructura y mejorar los servicios públicos, allí donde las condiciones para la participación privada sean propicias. De lo contrario, se continuará profundizando el malestar ciudadano con sus autoridades y el Estado en su conjunto.
Oscar Ortiz fue senador y ministro de Estado.
