Los aportantes a la Gestora discuten intensamente el futuro de su sistema de pensiones y dudan de él. Sin embargo, para no continuar atrapados en un debate que no llega al fondo del problema, no es suficiente preguntarse quién administra los fondos –AFP o Gestora–.
El verdadero obstáculo está en la estructura económica del país: una base productiva poco desarrollada, un mercado laboral altamente informal, falta de alternativas privadas con reducida participación en una alicaída oferta productiva, un sistema financiero desmejorado y un Estado que, ante la presión de movimientos corporativos casi o totalmente delincuenciales, se ha convertido en un demandante creciente del ahorro previsional.
Los datos de la propia Gestora Pública son elocuentes. Al 27 de noviembre de 2025 administra Bs 203.704 millones (algo más de $us 29.000 millones al tipo de cambio oficial), de los cuales el 50% está colocado en el sector privado financiero, un 35% en el sector estatal, un 12% en el sector privado no financiero, y apenas 3% en inversiones en el exterior.
A primera vista, parecería que el sector privado tiene un peso relevante en la cartera de inversiones del sistema de pensiones. Pero un análisis más detenido revela una realidad más compleja: el sector privado financiero es grande, sí, pero el sector productivo no financiero es pequeño y poco diversificado. Y en ese vacío, el Estado aprovecha para incrementar rápidamente su participación, impulsado por una necesidad creciente de financiamiento.
Un sector privado financiero robusto, pero una economía productiva insuficiente
La mitad del portafolio está en manos del sector privado financiero porque bancos, aseguradoras y entidades financieras pueden absorber grandes montos en instrumentos tradicionales. Sin embargo, cuando se evalúa el sector empresarial productivo, el panorama cambia: es reducido, conservador y poco proclive a emitir valores.
Entre mayo de 2023 y febrero de 2025, la Gestora invirtió Bs 1.351 millones en Bonos de Largo Plazo, prácticamente en todas las emisiones existentes. Los emisores no superan una docena: EquiPetrol, Alicorp, EMIPA, CAMSA, Toyosa, Nibol, Tigo, BISA Leasing y algunos más. Y allí se agotan las opciones. Esta escasez estructura el comportamiento del portafolio: no es posible diversificar lo que no existe.
Un Estado con necesidades crecientes de financiamiento y una Gestora con independencia debilitada
En este contexto, el Estado boliviano ha incrementado su participación como receptor de fondos previsionales. Su peso en el portafolio pasó de alrededor del 30% al 35% en pocos años, no por decisión técnica de optimización financiera, sino por una necesidad real –y cada vez más urgente– de financiamiento público ante un déficit persistente y menores ingresos fiscales.
Además de una economía sin proyecciones de crecimiento, a pesar de inversiones en gran número de proyectos, dudosamente y abiertamente improductivos, poco rentables o llanamente asaltados por una corrupción fulminante.
El problema no es que el Estado emita deuda: esto es normal y necesario en cualquier país. El problema es que, en Bolivia, la Gestora enfrenta una pérdida creciente de independencia efectiva frente a un aparato estatal con recursos limitados. Con un mercado financiero pequeño y un gobierno central que requiere liquidez, surge el riesgo de que la Gestora se convierta en un comprador casi automático de bonos estatales, incluso en condiciones que podrían no ser las óptimas para los asegurados.
Este riesgo no es teórico. Ya hay señales de una relación asimétrica:El Estado incrementó su participación de 30% a 35% en un periodo breve.No existen límites legales estrictos para evitar presiones fiscales sobre el ahorro previsional.
La debilidad del mercado privado no financiero limita cualquier contrapeso.
En otras palabras, la Gestora opera en un entorno donde la independencia técnica puede verse erosionada por las urgencias de un hambriento Tesoro General de la Nación.
Esto exige políticas claras, firmes y transparentes que limiten la exposición del portafolio a la deuda pública y establezcan límites para evitar decisiones forzadas que perjudiquen a largo plazo a los futuros jubilados. Asimismo, es vital que se reforme el sistema con diferenciación de programas jubilatorios que consideren el riesgo y la rentabilidad en directa correlación con las edades de los jubilados (diferentes portafolios en función de la edad).
Finalmente, debe establecerse el mecanismo más estable y seguro para realizar inversiones en mercados externos que superan entre 4 y 10 veces la rentabilidad del mercado financiero nacional.
La informalidad: el talón de Aquiles del sistemaSin embargo, incluso si la Gestora recuperara plena independencia y el mercado financiero boliviano se expandiera, nada cambiaría si no se enfrentara el peor de los problemas: la informalidad. Según la OIT, más del 80% de los trabajadores bolivianos está en el sector informal. Eso significa que apenas dos de cada diez aportan al sistema.
La experiencia internacional es clara. En Chile, donde las AFP obtuvieron grandes rentabilidades durante décadas, las pensiones siguieron siendo bajas para la mayoría porque la densidad de aportes era insuficiente. En Uruguay o Costa Rica, donde la administración es más estatal, las pensiones funcionan mejor porque la formalidad es mayor.. No es el administrador lo que define el éxito: es la economía sobre la que opera.
Criterios ESG: un camino posibleLa utilización de los recursos que el Estado o las entidades privadas obtienen de la Gestora no se encamina necesariamente hacia un auténtico desarrollo productivo. En los hechos no hay información pública acerca del destino de los millones que absorben esos sectores. La mejor herramienta para mejorar el desempeño del portafolio de inversiones está en la adopción de criterios ESG:
Ambiental (E): privilegiar inversiones en energías renovables y producción sostenible en el agro y la minería principalmente, eficiencia energética y limitación absoluta a fines que atenten contra el medio ambiente.
Social (S): financiamiento a empresas con buenas prácticas laborales equitativas, inclusión de género y seguridad ocupacional.
Gobernanza (G): fortalecimiento institucional con transparencia, auditorías, controles internos y reducción de riesgos institucionales.
La experiencia global demuestra que los portafolios ESG ofrecen mejores resultados a largo plazo. Bolivia puede utilizar este enfoque como una forma de ampliar el universo de inversión y reducir riesgos internos.
Sin reformas estructurales el sistema seguirá atrapado
El sistema de pensiones boliviano enfrenta un conjunto de desafíos que ningún administrador —ni público ni privado— puede resolver por sí solo:Un mercado laboral altamente informal.
Un sector privado productivo pequeño y reacio a emitir valores.
Un mercado financiero reducido.
Y un Estado con necesidades crecientes de financiamiento, capaz de presionar al sistema previsional.
Por ello, la discusión sobre pensiones debe dejar de centrarse exclusivamente en quién administra los fondos y enfocarse en cómo garantizar la independencia de la Gestora, cómo ampliar la base productiva como auténtico medio de formalizar el mercado laboral.Sin estas reformas, cualquier mejora será superficial. Y, mientras tanto, el sistema seguirá atrapado en un laberinto donde las obligaciones crecen más rápido que las soluciones.
Alberto Bonadona es economista.
