No dejar pasar: los métodos

El comunicado circulaba entre los empleados públicos del departamento de Oruro y ordenaba: “constituirse a la población de Vila Vila el día viernes 8 de noviembre del 2019 a horas 6:30 AM para realizar el bloqueo correspondiente y no dejar pasar a la derecha opositora, así mismo resguardando el proceso de cambio de nuestro presidente Juan Evo Morales Ayma. La asistencia será estrictamente controlada y por incumplimiento se sancionará con dos días de haber” (sic).  

Es el modo en el que el entonces gobernador defendía el resultado de las elecciones de 2019. Sí, hablamos de los comicios anulados por la Asamblea Legislativa a sugerencia del mismo Juan Evo cuando la auditoría de la OEA descubrió dolo en los resultados. El que era defendido con bloqueos de funcionarios, huyó a México y su gobernador, el instigador de los enfrentamientos, intentó seguirlo refugiándose en la embajada de ese país. 

El dato consignado acá no está en alguna declaración de la llamada “derecha opositora”, sino en el informe de 470 páginas redactado hasta julio de este año por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Se trata del esfuerzo de comprensión más riguroso que se haya efectuado sobre la reciente crisis política boliviana. Es urgente añadir que el GIEI es una creación de la OEA. Existió a pedido del gobierno transitorio de Añez y pudo concluir su misión gracias al respaldo del gobierno de Arce. No hay entonces entidad más creíble en el orbe para cumplir semejantes tareas.

Acá, sus hallazgos más relevantes:

1. Durante los gobiernos de Morales y Añez (septiembre a diciembre de 2019) se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que dieron por resultado irreparable la muerte de al menos 37 personas.

2. Los responsables directos de estos fallecimientos son las fuerzas del orden, ya sea porque usaron violencia de manera desproporcionada o porque no evitaron el enfrentamiento entre civiles.

3. La justicia y los cuerpos represivos fueron usados por ambos gobiernos como arma de escarmiento político contra la oposición.

4. Durante el conflicto, sindicatos, comités cívicos y cooperativas cometieron abusos inaceptables contra la propia población, quemando casas, capturando rehenes, torturando personas, amenazando periodistas, organizando saqueos, hostigando sexualmente e incitando al racismo. Civiles alevosos contra civiles desprotegidos.

5. Aunque ambos gobiernos son señalados por los hechos luctuosos, hay diferencias en el modo de llevarlos a cabo. Mientras las autoridades del MAS optaron por incitar a sus bases a cometer los abusos, el gobierno transitorio empleó la acción conjunta de Policía y Fuerzas Armadas.

6. En las últimas semanas del gobierno de Morales, se usaron bienes públicos, maquinaria y citatorios obligando a los empleados públicos a participar directamente del conflicto. Oruro fue usado como barrera para evitar la llegada a La Paz de manifestantes opositores transportados desde el sur.

7. Hubo uso de armamento letal y por lo tanto, muertos y heridos de bala. Lo usaron los militares en Senkata y Sacaba, pero también los ayllus Qaqachacas en Vila Vila y Playa Verde.

8. La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) no solo operó como auxiliar de policías o militares, cometió actos de discriminación que pusieron al desnudo la profunda brecha racial que divide en Cochabamba a la capital de sus provincias.

9. El motín policial que le dio un giro al conflicto, fue respondido casi de inmediato con el asalto a las instalaciones de la institución verde olivo por parte de la militancia del MAS. Luego vino la reacción reforzada de la policía, que con ayuda de los militares, ascendió la espiral de atropellos contra ciudadanos inocentes. El odio entre uniformados y pobladores se profundizó con cada reacción violenta.

10. El gobierno transitorio se ensañó con personal subalterno cercano a las autoridades del régimen derrocado. El caso de Patricia Hermosa es ilustrativo, dado que perdió a su bebé en medio de la arremetida. El de una trabajadora del hogar, dependiente del ex ministro Quintana, es otro de los hechos más absurdos y condenables.

11. El muro perimetral que protege la planta de YPFB en Senkata fue derribado por grupos reducidos de personas a lo largo de siete segmentos. No se usaron explosivos, solo fuerza física humana. Los invasores no pudieron tomar las instalaciones gracias a la reacción de los militares. En Sacaba, los uniformados no dejaron pasar a los manifestantes, mientras que en Senkata, éstos se excedieron y fueron reprimidos letalmente.

Rafael Archondo es periodista y docente universitario