Mecanismos de la gran corrupción boliviana

El caso respiradores es, de momento, el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. El que se trate de la adquisción de equipamiento imprescindible para sobrellevar la crisis sanitaria resultó catastrófico en todo sentido. El monto de dicha operación alcanzó a 13,5 millones de dólares. Aunque fue el hecho más ventilado por los medios, está lejos de ser el que mayor daño económico le podría generar al Estado, ni siquiera en esta corta gestión de gobierno.

Las denuncias de corrupción en YPFB durante la presidencia de Añez, relacionadas con la compra con sobreprecio de diesel y la contratación de seguros, podría implicar alrededor de 10 veces más que el monto de los respiradores. Es lo que podemos considerar gran corrupción.

Debido a que este mal carcome a nuestras instituciones y nos priva de recursos vitales es muy importante explorar sus mecanismos de funcionamiento. ¿Qué nos muestran los más importantes casos actuales y pasados?

Tomemos el ejemplo de la corrupción en YPFB. Desde la “refundación” de la estatal, en 2006, no ha tenido un solo presidente titular nombrado de acuerdo con la ley y la constitución (a través de una terna votada por mayoría absoluta de la cámara de diputados, art. 159.12 CPE). El resultado: ocho de 10 presidentes interinos han dejado el cargo en medio de denuncias de corrupción.

¿Por qué estos interinatos devinieron en corrupción? En principio no es algo automático, pero si una condición ya que estas autoridades acceden al cargo por vías irregulares porque, por lo general, son allegados políticos que no cumplen los requisitos mínimos para el puesto. Desde la perspectiva de quienes los colocan en esos cargos, se trata de personal de confianza removible. Gente que les debe el cargo como un favor político.  

En los últimos años la regla ha sido designar autoridades interinas en los más altos cargos de entidades ejecutoras como YPFB, COMIBOL, la ABC, ENDE, entre otros. Las entidades que movilizaron la mayor parte de la inversión pública en obras millonarias en las que se denunciaron casos de corrupción. El interinato se expandió a las autoridades de fiscalización y control (la contraloría estuvo 10 años con la máxima autoridad interina) y el Banco Central de Bolivia continúa del mismo modo. El mecanismo fue el sometimiento político de los altos mandos institucionales. Básicamente nadie estuvo a cargo de que no se roben el queso.

En los casos de gran corrupción es posible advertir otro mecanismo de la gran corrupción: el uso de modalidades de contratación excepcionales. Nos referimos a la  adquisición de bienes por montos muy elevados sin licitación pública.

De acuerdo con las normas del sistema de contrataciones bolivianas, para compras o provisión de servicios estatales por montos superiores a un millón de bolivianos se debe proceder a una licitación pública. Desde hace varios años ésta es una modalidad de contratación prácticamente en desuso en el Estado boliviano.

Un estudio que realicé en 2016 mostró que en los tres periodos del MAS (en ese entonces primer año del tercer mandato) los procesos de contratación del Estado boliviano habían sido radicalmente transformados.  En el primer mandato (2006/2009), 67% del total de contrataciones del Estado fueron por la modalidad de licitación pública. En el segundo periodo (2010-2015), solo 8% de las contrataciones se realizaron bajo esta modalidad. Al empezar el tercer mandato, el porcentaje bajó a 0%. El 92% fue por contratación directa y el resto por otros mecanismos.

En 2016 salió a la luz el caso CAMC que involucró directamente al expresidente Morales. Lo llamativo del mismo fue que solo uno de los siete contratos firmados con la empresa china fue por la modalidad de licitación, dos fueron por excepción, en tanto que cuatro (compra de tres perforadoras, construcción de la planta de San Buenaventura, Planta Industrial de Sales de Potasio y Planta Industrial de Carbonato de Litio) fueron por contratación directa. El monto de estos contratos ascendió a 513,7 millones de dólares. A su lado el monto de los ventiladores de Añez es un pelo de gato.

En el referido estudio identifiqué que para algunas obras estrella, que comprometían montos muy significativos de inversión pública, se establecían procedimientos de contratación excepcionales y discrecionales. Por ejemplo, la construcción del teleférico entre las ciudades de La Paz y El Alto fue autorizada mediante la Ley N^o261 de 15/07/2012. En esta norma se dispuso que la adjudicación de dicha obra fuera por contratación directa (art. 3).

En esta obra, Rafael Archondo ha estimado un sobreprecio de 227 millones de dólares, porque (sin concurso de contratistas de por medio) a la empresa austriaca se le pagó 7,1 millones de dólares adicionales por cada kilometro de teleférico. En este caso el monto coludido podría rondar el 30%  del costo total de la obra (750 millones de dólares). ¡Todo un record!

Recientemente se han hecho públicos otros mecanismos de gran corrupción por los que se traspasan recursos naturales a manos privadas en el marco de procesos electorales. Es el caso de 207 contratos mineros aprobados por la Asamblea Legislativa en octubre del año pasado (a horas de las elecciones) y de 176 contratos mineros en septiembre de este año. Estas acciones que violan la constitución (art. 339) son una abierta forma de compra de apoyo electoral con recursos naturales sellados con proclamas de candidatos.  ¿Cómo se calculan estas pérdidas a largo plazo?

Un patrón común a toda esta gran corrupción es que es dirigida y socapada políticamente. Es muy preocupante que los mecanismos en los que hemos abundado tiendan a institucionalizarse como reglas de las que se valen gobiernos de diferente perfíl político para saquear el país. En la persistencia de estos mecanismos está la clave de la formación de las nuevas burguesías (azules y verdes) o de una recuperación democrática.