Los “presentes griegos” de fin de ciclo

En las últimas semanas, diversas reparticiones del gobierno han desplegado una febril actividad de cierre que, más que consolidar una gestión, parece orientada a dejar “presentes griegos” a la futura administración. Muchas de estas acciones responden a decisiones apresuradas, acuerdos inoportunos y discusiones de última hora cuyo impacto real solo podrá medirse con el cambio de mando.

Aunque la erosión institucional comenzó con el prolongado mandato de Evo Morales, ha sido bajo la administración de Luis Arce que esta deriva se ha profundizado. Uno de los sectores más golpeados es el servicio diplomático, donde se ha desplazado a profesionales de carrera para colocar a militantes, familiares y allegados, lo que ha contribuido a la creciente invisibilidad de Bolivia en el escenario internacional.

Entre los acuerdos internacionales más cuestionables figura el relacionado con los hidrocarburos. Sin procedimiento formal ni presencia de la Cancillería –que por norma debe acompañar toda negociación exterior– el ministro Alejandro Gallardo sostuvo recientemente un encuentro en Teherán con su homólogo iraní, Mohsen Paknejad.

Como es una constante en esta administración, no se conocen los términos del diálogo. Preocupa, sin embargo, el avance de un acercamiento con un régimen claramente enfrentado al bloque occidental. Ya en julio de 2023 se firmó, también en Irán, un acuerdo militar que pasó casi inadvertido para la opinión pública.

Otro “regalo” comprometedor es la serie de contratos sobre litio, de los que apenas se conocen detalles. Desde el derecho internacional, ello plantea serias dudas, pues el principio de pacta sunt servanda –obliga a los Estados a cumplir de buena fe los acuerdos válidamente celebrados– exige transparencia y responsabilidad.

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) ha firmado con Hong Kong CBC Investment Limited un contrato para construir dos plantas de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, con una inversión estimada en 1.030 millones de dólares. Aunque faltan pasos legales y legislativos, inquieta que un gobierno saliente asuma compromisos de largo plazo sin un debate nacional.

A ello se suma un contrato de asociación accidental con la rusa Uranium One Group para instalar una planta de extracción directa y carbonatación en el mismo salar. Nuevamente, la información es escasa y el monto bordea los mil millones de dólares.

No todo se limita a recursos naturales. La Cancillería ha reactivado conversaciones con Chile –un pendiente histórico–, son vientos nuevos y está bien, pero preocupa que estas se desarrollen en reserva, especialmente respecto a los recursos hídricos compartidos. Se ha excluido a expertos y al personal técnico de Diremar, lo que genera dudas sobre el rumbo de dichas gestiones.

Si se trata de diálogos exploratorios, es un avance. Pero firmar compromisos sin preparación técnica, y con funcionarios improvisados, sería temerario. El conflicto por las aguas del Lauca desviado unilateralmente por Chile en 1962, provocando la ruptura de relaciones diplomáticas y por el Caquena o Cosapilla cuyo trazado arcifinio plantea desafíos técnicos, son de las disputas más antiguas y sensibles con Chile, con profundas implicancias diplomáticas y ambientales que requieren atención especializada.

La experiencia del Silala, resuelta bajo los principios regulados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, puede servir de precedente si se actúa con rigor jurídico. En esa línea, la agente chilena ante la Corte Internacional de Justicia, Ximena Fuentes, reconoció que el Lauca es un curso compartido y que debe ser tratado por los principios señalados.

Otro legado incómodo será la situación de Bolivia en el ámbito multilateral. No solo se ha perdido el derecho a voto en la Asamblea General de la ONU, también se ha comprometido la participación en decenas de organismos por falta de pago de cuotas y contribuciones obligatorias. Esta precariedad no solo desacredita al país, sino que reduce sus posibilidades de negociación, cooperación y acceso a financiamiento internacional. Es una señal clara del deterioro de nuestra presencia exterior.

Estos son apenas algunos de los “presentes griegos” que la administración Arce estaría dejando en el campo de las relaciones internacionales. Por ello, en un último gesto de responsabilidad institucional, sería deseable que toda negociación en curso se encamine con la seriedad, la transparencia y la altura que exige la buena fe del Estado boliviano ante la comunidad internacional.

Javier Viscarra es periodista y diplomático.