Juristocracia, ¿camino abierto?

Primero fue la decisión del TCP que dejó en pausa las interpelaciones parlamentarias dando lugar a mantener a los ministros censurados (acto que no condice con la CPE, que otorga esa prerrogativa a la Asamblea Legislativa), esto en el primer semestre del 2023; fue un “favor a ocho ministros” que se libraron de ese procedimiento parlamentario; con eso invalidaron a la Asamblea, otrora primer poder del Estado. Los parlamentarios lo dejaron así, quejas hubo, evidentemente, pero nada pasó.

Después, en diciembre del mismo año, el propio TCP decidió autoprorrogarse hasta las nuevas elecciones judiciales, a las que se ocupó de ponerles un palo a la rueda. Ganó el poder político porque su brazo judicial garantizaba la consecución de sus planes.

Listo, al parecer esto es una especie de “cada uno a su casa, que no hay qué más hacer”; el TCP es quien pone límites al Parlamento y consolida el poder del Ejecutivo como contrapeso del Legislativo, en el que el Gobierno tiene minoría. Tal cual, el presidente Luis Arce logró limitar a la Asamblea en sus dos cámaras.

Fíjese quien lee estas líneas que, así como limitaron al Poder Legislativo, también intervinieron en el Tribunal Supremo Electoral; a este le instruyeron “supervisar el acto del MAS arcista”; el TSE se quejó y argumentó que lo haría “provisionalmente”, como si hubiera provisionalidad en un acto único, pero fue, parece, el único argumento que encontraron.

Claro… ahora entendemos, porque se va cumpliendo, lo que el poder político buscaba en la redacción de la nueva CPE el 25 de enero de 2009. El objetivo de la elección de magistrados en la nueva CPE siempre estuvo en darle a los tribunos el mismo rango que tienen los parlamentarios: estos, siendo electos, se deberían ubicar en el mismo nivel de “legitimidad” que los poderes Legislativo y Ejecutivo; así sus elecciones hayan sido de minorías, la estrategia del socialismo del SXXI les debía servir si acaso el oficialismo perdía poder.

Van por todo, es un hecho que esa decisión en reposo durante varios años ha sido puesta en marcha en el gobierno de Arce; ahora ya no se quedan en chicas; con la autoprórroga, los tribunos constitucionales son una especie de poder en sí mismo, ya no son un poder delegado y elegido por el Parlamento; no, el “democratismo”, entiéndase el neologismo, lo defino como un “exceso de democracia” que se plasmó en la Asamblea Constituyente.

En realidad, esto no es nuevo: en la gestión de Evo Morales se violó la CPE varias veces. Veamos las más importantes referidas al tema del ejercicio mismo del poder: primero aceptaron que Evo Morales candidateara a un tercer mandato, pese a que la CPE lo prohibía; luego, en diciembre de 2017, lo habilitaron a ser candidato pese a que había perdido el referéndum del 21F. Hasta ahí se obedecían órdenes políticas; ahora han saltado a la siguiente fase: cogobernar con Luis Arce. Es la juristocracia,

Como sea, en las democracias liberales por lo general no se admite que las funciones de otros poderes sean “reunidas en un mismo órgano” (ver constituciones anteriores de Bolivia) y peor aún que limiten a sus “primus inter pares” (el primero entre iguales) más allá de la CPE, impidiéndoles ejercer sus prerrogativas; en este caso nos referimos en concreto al Poder Legislativo boliviano.

Conclusión: el Poder Judicial reúne a los poderes Legislativo y Electoral en él mismo; esto es, en un solo órgano, acción reñida con el ejercicio de la democracia.

Esto debía mantenerse en secreto para cuando se lo necesite y así se lo hizo; era un arma que se debía usar si acaso se tenía que gobernar en minoría, como pasa ahora, porque debe quedar claro que la Asamblea es hoy opositora aunque no atina a hacer nada.

Luis Arce se entusiasmó en “su” congreso a medida, ahí se refirió a que es “refundacional” (del MAS), que no niega “el pasado y los logros”, plantea caminar “hacia adelante en la construcción del poder popular, del pueblo en el poder”; esa es una clara referencia y equivale a la profundización de la idea nada democrática de la instauración del Socialismo del Siglo XXI.

Tengámoslo claro: la juristocracia es una amenaza a la democracia; en un Gobierno de “poder popular” (¿se viene la Asamblea Popular de Torres o Allende?) ni la democracia ni sus principios constituyentes están seguros. ¿Para allá vamos?