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04/02/2023
Sobrevigencias

Geología minera en Bolivia, más arena que plata

Alfredo Zaconeta
Alfredo Zaconeta

Queremos iniciar este análisis dejando claro que la empresa china-canadiense New Pacific Metals Corp, al momento de anunciar el hallazgo de lo que podría ser una de las reservas de plata más grandes en el departamento de Potosí, solo presentó los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de su proyecto Silver Sand (Arena de plata) y no así un estudio concluido o Estudio de Factibilidad que haga viable el desarrollo de un nuevo proyecto minero.

La negociación para el ingreso a Bolivia de esta minera junior tuvo varios antecedentes, entre estos, la primera intención de firma del contrato para la concesión Arena de Plata, donde la New Pacific planteó el 4% como pago por el alquiler del área a ser explorada. Esta propuesta fue rechazada, por lo que el contrato tuvo que ser modificado y recién fue firmado en 2019, durante la gestión de Evo Morales, quien en su administración mostró su inclinación por el capital chino.

Este contrato abarca toda la cadena productiva minera, desde la exploración, explotación, fundición, refinación industrial hasta la comercialización de minerales. Tiene una duración de 15 años, sujeto a ampliación si así lo disponen las partes. Inicialmente, la fase de exploración consideraba una inversión de $us 5,9 millones en 5 años (2019-2024), sin embargo, no se conoce cuál fue el porcentaje final acordado –para beneficio del Estado–, en el contrato suscrito y si esta fase puede considerarse de beneficio para el país.

Otro tema que debe aclararse es la propiedad del área que está siendo explorada. Si bien la New Pacific asevera que el área le pertenece al 100%, no se conoce un documento oficial que señale que el Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), no tiene participación. Este aspecto es urgente de analizar, más aún si se consideran las experiencias ingratas del pasado. Por ejemplo, los casos de Inti Raymi (Kori Chaka y Kori Kollo) o de San Cristóbal –hoy de salida del país–, donde el Estado quedó al margen de lograr una participación efectiva en estos proyectos mineros explotados en los últimos 30 años y su rol se redujo a un mero cobro de regalías e impuestos.

Pero volvamos al tema de fondo. Hay que tomar en cuenta que todo trabajo de geología debe pasar por una serie de fases —como la geoquímica, la geofísica, el muestreo, la prospección, la exploración, la cuantificación de reservas— y según los resultados, si estos son favorables, recién ingresar a la fase de desarrollo del proyecto y la preparación de la mina.

El anuncio de la New Pacific solo se trata de uno de carácter empresarial, característico de las empresas que buscan incidir favorablemente en el precio de sus acciones en los mercados bursátiles.

A lo largo de nuestra historia minera, hubo varios proyectos que no pasaron de solo anuncios espectables, que no lograron captar la inversión de capitales necesaria para iniciar la fase de operaciones.

Para que un proyecto minero se concrete en el país depende de varios aspectos internos y externos, entre ellos:

-  Que los precios de los minerales estén en un nivel alto y mantengan un comportamiento positivo en el mediano y largo plazo.

-  Que las políticas públicas estén acordes a la realidad económica, social y ambiental del país, de manera que el operador minero pueda garantizar sus inversiones a la vez que permita una participación efectiva del Estado y la sociedad civil, de lo contrario, este último actor puede invalidarlos.

En el caso de las tareas de geología y sus resultados probados, no se cuenta con una política clara que permita conocer los alcances del rol del Estado; eventualmente, solo existen los contratos discretos, que no establecen con claridad los alcances de participación si el proyecto exploratorio resultaría exitoso.

Suele suceder que el anuncio de grandes expectativas sobre el potencial de los yacimientos mineros, realizado por empresas interesadas en ellos, oculta actitudes especulativas que favorecen a la valorización excepcional de sus acciones bursátiles. Empresas van y vienen. Recordemos lo que sucedió con el proyecto Paca-Pulacayo, donde la empresa Apogee Silver empezó trabajos el año 2006 hasta 2019 y, después de varios anuncios auspiciosos, terminó vendiendo su participación a la empresa Prophecy, que hasta la fecha no concretó el proyecto minero pese a los “fabulosos” resultados que aseguraron en su momento. Ergo, la especulación de nuestros recursos no beneficia al Estado boliviano; por el contrario, nos expone como un país donde la institucionalidad minera es débil por la falta de acción y políticas oportunas para cuidar nuestros recursos.

Lo que New Pacific presentó son solo avances, no un Estudio de Factibilidad. No hay que emocionarse prematuramente. Recordemos lo sucedido con Mallku Khota, que fue “más ruido que nueces” y que hasta la fecha no se concretó como proyecto minero. Esto nos lleva a apuntar que la presencia de mineral en una zona, de por sí, no garantiza que esta termine en una operación minera.

El estudio de evaluación económica preliminar efectuado por la New Pacific, con base en datos al 28 de noviembre de 2022, identificó que en 14 años la mina podría producir aproximadamente 171 millones de onzas de metal de plata, que la producción anual de metales pagaderos supera los 15 millones de onzas desde el primer hasta el cuarto año y que el promedio anual de producción excede los 12 millones de onzas. Con estos datos surge otra interrogante: ¿Será que con el actual sistema regalitario minero, estos volúmenes garantizarán un pago justo por la explotación de nuestros recursos no renovables? Esto considerando los techos ratificados en la Ley 535, que copiaron los porcentajes de la ley neoliberal 1777, pese a la escalada de precios que se extiende hasta hoy. O, por el contrario, ¿debería ser el Estado quien asuma su rol efectivo y logre una participación en este y otros proyectos que vienen siendo explorados en este momento?

Según la Junior Mining Net Work, son varias las mineras que supuestamente vienen desarrollando trabajos de prospección y exploración en el territorio nacional, entre ellas:  Pan American Silver, Coeur Mining, New Pacific Metals, Eloro Resources, Santacruz Silver, Andean Precious Metals, Sierra Metals, Whitehorse Gold, Auxico Resources, Orvana Minerals, Gold Springs Resource, Cartier Silver, Silver Elephant Mining, BacTech Environmental y Mantaro Precious Metals. De estas empresas, ¿cuánta información dispone el Estado para garantizar la propiedad de nuestra riqueza minera y evitar su especulación y así cumplir con lo dispuesto en el art. 5, inciso c) de la Ley 535, referido al principio de “intransferibilidad e intransmisibilidad del área minera”?

Se debe comprender que la minería junior se encauza en las actividades iniciales de la cadena productiva minera, que es la prospección y exploración de recursos minerales.

En estas actividades iniciales se identifican áreas que muestran algún potencial minero. Evidentemente, esta parte del ciclo de la minería viene asociado a un alto nivel de incertidumbre, debido a que muy pocos proyectos de exploración llegan a concretarse como una operación minera que permita recuperar todas las inversiones realizadas en la fase inicial.

Por estos factores de riesgo, las empresas mineras junior tienen un alto nivel de incertidumbre. En ese marco, su objetivo es identificar prospectos mineros que, después de ser desarrollados inicialmente, puedan llamar la atención de una minera más grande, como sucedió en San Cristóbal.

Ergo, bajo esta lógica, el actual sistema está hecho para que la minera junior nunca pierda el capital invertido y, por el contrario, siempre gane jugando con la incertidumbre y expectativa en la compra y venta de acciones. La estrategia más común para esto es lanzar noticias con información especulativa, como lo sucedido días atrás.

La falta de una política minera acorde a estos contextos, plasmados a través de un Plan Sectorial Minero Metalúrgico, hace que nuestra minería continúe incierta en medio de la especulación sin beneficio real para Estado.


Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA



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