La crisis en la que se encuentra el sistema judicial boliviano desde la caída de los magistrados autoprorrogados no es un simple vacío institucional: es un espejo de la incapacidad política para cumplir un mandato constitucional básico.
La Constitución Política del Estado no deja margen de duda: los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deben ser elegidos por voto ciudadano. Ese mecanismo está vigente, es obligatorio y no admite atajos. Y, sin embargo, continúa paralizado por falta de voluntad política.
Hoy, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la responsabilidad de viabilizar la elección complementaria de siete magistrados: cinco para el TCP en Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando; y dos para el TSJ, uno en Pando y otro en el Beni. Nada impide que este proceso se realice el mismo día que las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo de 2026.
De hecho, hacerlo sería eficiente, económico y plenamente compatible con la normativa electoral, puesto que ambas elecciones operan en circunscripciones departamentales y municipales.
Al elegir gobernadores y asambleístas, ¿por qué no elegir también magistrados?
La pregunta evidente es: ¿por qué no se está haciendo?
La respuesta, lamentablemente, es política, no jurídica.
Ni el TSE ha presentado el proyecto de ley necesario para convocar a las elecciones, ni las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa han asumido la responsabilidad de impulsar la norma. La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral no registra ninguna iniciativa. El silencio legislativo frente a un mandato constitucional solo puede interpretarse como desinterés, bloqueo o cálculo político.
Mientras tanto, algunos actores intentan instalar soluciones improvisadas e ilegales: designaciones por decreto supremo, ascensos automáticos de suplentes o, incluso, la eliminación del voto ciudadano en la elección judicial.
Estas propuestas revelan desconocimiento -o desprecio- del orden constitucional. Ninguna de esas alternativas tiene sustento: los magistrados deben ser elegidos en elecciones populares y departamentales. Suprimir este derecho solo sería posible mediante una Asamblea Constituyente, no por capricho político ni por conveniencia coyuntural.
En este contexto, el vicepresidente Lara ha anunciado su intención de convocar a una sesión de Asamblea para tratar el tema. Aunque su forma de proceder no se ajusta del todo al procedimiento correcto, al menos reconoce que el problema es urgente y exige acción legislativa. Lo que corresponde ahora es que diputados y senadores, más allá de sus pugnas internas, cumplan con su deber constitucional y habiliten el proceso de preselección y la posterior elección.
Lo contrario sería prolongar una crisis que erosionará aún más la confianza ciudadana en las instituciones. Un país sin magistrados elegidos en las urnas es un país con un Poder Judicial debilitado, vulnerable y expuesto a disputas políticas que nada tienen que ver con la justicia.
Bolivia no puede seguir detenida por cálculos partidarios. Las elecciones judiciales complementarias deben activarse de inmediato, idealmente junto con las subnacionales de 2026. El marco jurídico existe, la necesidad institucional es evidente y la obligación constitucional es ineludible.
Lo único que falta -y lo que más escasea- es voluntad política.
Manuel Morales Alvarez es investigador.
