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30/10/2023
Posición Adelantada

El raro fenómeno de la “asfixia económica”

Antonio Saravia
Antonio Saravia

El periódico Los Tiempos anunció este martes pasado que suspende “temporalmente” su edición impresa de lunes a viernes por razones económicas. Aunque el periódico seguirá apareciendo de forma digital (y de forma impresa los domingos), esta es, por supuesto, una mala noticia. La suspensión de la edición impresa no solo afecta a sus lectores y al espíritu crítico en el país, sino también a sus trabajadores, proveedores de insumos y materiales, repartidores del diario, etc. Este infortunio se suma a otros similares como los casos de Página Siete o La Prensa que debieron cerrar, también por razones económicas.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, responsabilizó al Estado por la falta de políticas que “garanticen la permanencia de los medios de comunicación” y por la “asfixia económica” a la que estos están sometidos si son críticos al gobierno. Políticos como la diputada Luisa Nayar se sumaron a las quejas alegando que el Estado no contrata publicidad en medios críticos e independientes y en cambio destina la mayor parte de ese presupuesto a los medios oficiales. Un estudio de Brújula Digital de marzo del año pasado confirma estas declaraciones. De acuerdo con ese estudio, Bolivia TV, ATB y AbyaYala se llevan más del 55% del valor de la publicidad gubernamental. Queda por lo tanto menos de la mitad del presupuesto para decenas de otros medios de comunicación.

Y aunque el trabajo de los medios independientes es valiosísimo para los que apreciamos el debate de ideas y la libre expresión, hay algo un tanto extraño acerca de la denuncia de “asfixia económica” y el pedido de “garantizar” la sobrevivencia de medios de comunicación.

¿Por qué deberían quejarse los medios de comunicación de que el gobierno no les contrata publicidad? Si asumimos que el gobierno mentiroso y dictatorial del MAS solo contrata publicidad con medios que siguen su línea y no cuestionan sus ideas o mentiras, ¿por qué deberían los medios independientes quejarse de no tener esos contratos? ¿No deberían, en cambio, tratar de mantener su independencia del Estado a toda costa? ¿Por qué reclamar contratos para publicitar patrañas y comprometer su desafío crítico al poder?

En general, y al margen de este gobierno, ¿por qué es que los medios de comunicación sienten que tienen el “derecho” de tener contratos de publicidad con el Estado? En un mundo ideal los contratos que procuren los gobiernos no deberían hacerse de forma equitativa o igualitaria, sino de acuerdo con razones competitivas: los contratos deberían llevárselos los que ofrezcan la mejor relación calidad/precio. Eso es lo que el ciudadano que paga impuestos espera: que su plata sea usada de la manera más eficiente posible. ¿Deberían los gobiernos comprar muebles de todas las tiendas de forma equitativa para amoblar las oficinas públicas? Por supuesto que no. Para eso son las licitaciones en las que las empresas compiten con su mejor oferta. Las que no pueden hacerlo simplemente no obtienen los contratos y, en el margen, podrían incluso desaparecer. Se equivoca Alanes, entonces, al reclamar que el Estado deba garantizar la sobrevivencia de las empresas de comunicación. Ninguna empresa debería tener garantizada su sobrevivencia por parte del Estado. El éxito o fracaso de las empresas tendría que estar determinada exclusivamente por la preferencia de sus clientes que sopesan las opciones que les ofrece la competencia.

¿Se podría argumentar que la comunicación es un producto especial que merece que a las empresas que se dedican a él se les otorgue la garantía de sobrevivencia? No, en absoluto. Si lo que queremos es afianzar y enriquecer la democracia con libertad de prensa y un robusto espíritu crítico, lo que menos queremos es que las empresas de comunicación sobrevivan porque el Estado les da contratos de publicidad. Esto compromete su independencia. Idealmente, las mismas empresas de comunicación deberían auto regularse e imponerse a sí mismas un techo máximo de publicidad estatal para mostrarle al público que su labor no está afectada por un patrón de peso.

En lugar de quejarse por “asfixia económica,” entonces, las empresas de comunicación deberían mostrar con orgullo que no tienen contratos con el Estado o que tienen muy pocos. Los ciudadanos, además, deberíamos pedir que nuestros legisladores aprueben leyes que le pongan un techo muy bajito al presupuesto publicitario del gobierno en todos los niveles. Si los políticos nos van a obligar a pagar impuestos para hacer cosas que a ellos les parecen buenas, pero que muy probablemente a nosotros nos parezcan todo lo contrario, lo que menos queremos es que después nos publiciten esos gastos haciendo campaña política.

Antonio Saravia es PhD en economía (X: @tufisaravia)

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