28/08/2020
Otra vuelta

El poder politico de las lumpenburguesías

Marco Gandarillas
Marco Gandarillas

Con la emergencia de las políticas de libre mercado de mediados de los años 80 del siglo pasado se potenciaron sectores en los márgenes de la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad. En algunos casos moviéndose entre las delgadas líneas que separan a estas.

Después de más de tres décadas, pasaron de ser actividades de sobrevivencia, resultado de las crisis y consecuente expulsión laboral de los sectores económicos formales, a constituirse en, por si mismos, eslabones fuertes de complejas cadenas transnacionales de extracción de recursos naturales o comercio final (al por mayor) de productos asiáticos. Las áreas de negocio se vinculan también con el mercado inmobiliario y de tierras urbanas y rurales.

Los más emblemáticos son, sin duda, los grupos cooperativistas auríferos, convertidos en el principal sector económico extractivo del país. Desde 2017, la exportación de oro metálico superó la barrera de los 1.000 millones de dólares anuales y así se ha mantenido.

Si comparamos el valor de las exportaciones de zinc, proveniente de grandes mineras, con las auríferas encontraremos que, en el último quinqueno, las pequeñas les han estado pisando los talones a las grandes, hasta que en 2019 finalmente las sobrepasaron. Ciertamente, el valor de las exportaciones de oro en 2019 alcanzó 1.739 millones de dólares, en tanto que las de zinc, 1.336 millones de dólares. Con la pandemia del 2020, la diferencia se  mantiene en favor del oro cooperativizado.

Los estudios sobre las cooperativas mineras auríferas muestran que son unidades económicas heterogéneas (las hay pequeñas, medianas y grandes, poco o medianamente tecnificadas) que, sin embargo, comparten ciertos  rasgos: abarcan una amplia gama de terciarización y precarización laboral; de informalidad (impositiva, organizativa y ambiental), criminalidad respecto de los efectos que producen a nivel de contaminación, violencia hacia las comunidades (indígenas en su mayoría) y explotación (laboral y sexual). Por lo general, son muy prósperas debido a los precios internacionales relativamente altos del oro y a que externatizan de sus costos todo asunto laboral, social, ambiental y tributario. 

A nivel político están fuertemente unificadas en gremios elitistas, donde solo tienen derechos plenos los asociados/propietarios. La igualdad de estas coperativas se limita a las cúpulas. Los/as empleados/as son una masa que solo cuenta para las movilizaciones o para exponer la fuerza sectorial.

El pilar de su poder económico tiene que ver con los fuertes vínculos políticos que han desplegado para ser parte de todas las estructuras del poder. Existen cooperativistas en todas las alcaldías de las zonas mineras auríferas; igual que asambleístas departamentales, asambleístas nacionales. Hasta se supo que participaron, con candidatos propios, del cuoteo del poder judicial.

Alcanzar este nivel de penetración en el Estado les llevó años, la clave fue copar sistemáticamente el ministerio de Minería (creado para promover al sector mediante la Ley No 2840 de 27 de septiembre de 2004). Desde el poder político labraron más y más planes en su favor. Francescone y Díaz (2013) enlistaron 29 medidas extraordinarias en beneficio de este sector (entre leyes y decretos supremos) promulgadas en el periodo de 1993 a 2012.

En los siguientes años siguieron sumando. Por ejemplo, en 2013, obtuvieron una ley de cooperativas y en 2014 una nueva ley minera procooperativización, con la que conquistaron derechos extraordinarios para el acceso a minas en todo el país, en especial en la zona aurífera del norte de La Paz sin tener siquiera que estar debidamente constituidas como cooperativas (para lo que basta el simple inicio de trámite).

Todos los gobiernos han sabido compensar su respaldo. Por ejemplo, en agosto de 2019, en medio de la campaña electoral, Evo Morales les regaló 200 volquetas donadas por China. En el acto, el principal ejecutivo cooperativista minero agradeció a Morales. En la crisis octubre-noviembre, efectivamente, fueron ferreos “combatientes” del proceso.

El actual gobierno, en el marco de la pandemia, les prometió un fondo de apoyo a la reactivación de las cooperativas de 6,3 milllones de dólares. También les ha mantenido los altísimos cargos en el poder ejecutivo. Recientemente, un alto mando de FECOMAN-La Paz fue nombrado viceministro nada menos que de “política minera, regulación y fiscalización”. Basicamente el ratón a cargo de cuidar el queso. 

La clave de su poder político consiste en lograr estar exentas de obligaciones. Las normas ambientales sencillamente no se les aplica: el 85% de las cooperativas mineras explotan minerales con altos niveles de toxicidad ambiental sin que se les exija la licencia ambiental. Mediante normas, se les ha reducido la regalía a tan solo 2% del valor y aún así no reportan lo extraído y no pagan los impuestos establecidos. Tampoco vale ninguna norma laboral. En síntesis: tienen privilegios, pero no obligaciones, son una excepción que pone en entredicho el regimen democrático.

El concepto de lumpemburguesia de Gunder Frank (1973) podría ser revisitado para dar cuenta, en el siglo XXI, de la conformación de élites que reproducen relaciones asimétricas extremas hacia dentro (del país y sector económico) y a la vez hacia afuera (del país con otros actores transnacionales). En el caso de las cooperativas auríferas es importante comprender que son un eslabón de una cadena extractiva que tiene por contrapartes los bancos y compañias más poderosas del planeta. En ese sentido, también, su poder de controlar el Estado emula al de los viejos barones del estaño.

Marco Gandarillas es sociólogo.